Requerimos de un sistema donde el Estado garantice lo necesario para la producción de sus empresas y de la empresa privada
Luis Fuenmayor Toro
Éste es un tema difícil de abarcar en un artículo que, por su naturaleza, debe ser breve. Sin embargo, trataremos. Describo operacionalmente ambas situaciones: con el término estatización me refiero a la transferencia de la actividad productiva, comercial y financiera a empresas y corporaciones del Estado, en las que éste designa sus directivos y administradores según las leyes, reglamentos y normas sobre la materia, aunque las compañías o sociedades resultantes tengan personalidad jurídica propia y, dentro de ciertos límites, actúen con autonomía. Con el término “mercado controlado” me refiero al funcionamiento del mercado bajo la supervisión, normas y limitaciones generales, que cualquier Estado impone a todos los integrantes del sistema económico, para garantizar su mejor funcionamiento y su desempeño con base en el interés de la nación.
Para algunos, la función del Estado en materia económica sería solamente la de garantizar unas pocas reglas, bajo las cuales el mercado pueda actuar de forma casi totalmente libre. Se dejaría en manos de éste el control de la producción, la distribución, la venta y los precios de mercancías y servicios, así como todo lo relativo al empleo, la determinación de los salarios, el comportamiento del crédito y del ahorro y todo lo referente al cambio. La mano del mercado sería para sus fieles una suerte de poder intocable, que actúa beneficiosamente sobre la economía. Olvidan que bajo la acción del mercado se producen los fenómenos de recesión económica periódicos, a veces tan graves que crean quiebras empresariales masivas y fluctuaciones de la producción, que generan daño al bienestar de la sociedad; olvidan que situaciones indeseables como la “burbuja inmobiliaria”, que llevó a la miseria a grupos poblacionales importantes en EEUU y Europa, se han dado bajo la acción del “libre mercado”, que a veces no es tan libre como se lo quiere hacer ver.
Para otros fanáticos, la solución está en la estatización de absolutamente todo, hasta de los carritos de perros calientes, como ocurrió en la Cuba de Fidel y del Che, aunque a algunos les desagrade leer verdades que hieren sus más íntimas convicciones y sentimientos. Olvidan estos feligreses el fracaso del experimento soviético luego de 70 años de iniciado, así como el cambio de rumbo económico de China, de Vietnam, hoy mismo de Cuba, situaciones que algo deben significar y que no pueden ser despachadas con simplismos y consignas que nada explican.
En la sociedad venezolana de hoy, no sé si en la del año 2300, la solución posiblemente no esté en ninguno de estos extremos. Para el escaso desarrollo actual de nuestras fuerzas productivas, posiblemente necesitamos de un Estado capaz de administrar eficientemente aquellas empresas grandes, vitales para el crecimiento de toda la economía y de carácter estratégico, lo cual no es un imposible como los adoradores del mercado piensan. Hemos tenido compañías estatales muy bien administradas, que han sido ejemplos para el sector privado. Una de ellas, el Metro de Caracas hasta la llegada de Chávez. Otra, la CANTV hasta que se decidiera deteriorarla para privatizarla, lo cual se inició con el despido de todos los ingenieros venezolanos que allí trabajaban (los incrédulos que investiguen antes de saltar a desmentirme).
Empresas como PDVSA, la Petroquímica, las de telecomunicaciones, las eléctricas, las ferroviarias, las de agua, las mineras, de las que depende el funcionamiento del país y sus posibilidades de desarrollo real, y que prestan sus servicios a toda la economía deben estar en manos del Estado. Al logro de un consenso en esta materia se oponen, no sólo los prejuicios antes señalados de los adoradores del mercado, sino la experiencia muy negativa dejada por los gobiernos chavecistas, quienes con su ignorancia, sectarismo y codicia han destruido prácticamente todo lo que les han dado para administrar. Hoy, como ya lo señalan los estudios de opinión, la población es contraria a que el Estado administre nada. Éste es uno de los legados más nocivos del régimen chaveco, así como lo es la prostitución de conceptos como revolución, socialismo, pueblo, soberanía, independencia, bolivariano y justicia.
La inversión privada, preferiblemente venezolana, debe tener como campo el resto de la producción de mercancías y servicios, incluyendo el manejo de aquellas empresas expropiadas por motivaciones distintas del interés nacional, que además se encuentren paralizadas o con muy baja producción, que deben ser devueltas a sus propietarios. Toda esta actividad en un régimen que favorezca la inversión y por tanto el empleo formal, con la seguridad jurídica suficiente para poder trabajar con tranquilidad, sin el hostigamiento que hoy ejercen numerosas instituciones del Estado, con cargas impositivas que no la desestimulen, sin presiones laborales desmedidas, ilegales y protegidas por el hampa común y política, que actualmente actúan a su libre albedrío. Habría también un importante espacio para la inversión mixta en una serie de áreas no desarrolladas hasta ahora. La química orgánica industrial, las empresas de alta tecnología en electrónica, las biotecnológicas, son ejemplos a desarrollar en el futuro.
Requerimos de un sistema donde el Estado garantice lo necesario para la producción de sus empresas y de la empresa privada, con normativas claras que eviten los abusos y protejan a los consumidores, pero donde los empresarios se sientan a gusto produciendo en su país y contribuyendo al desarrollo del mismo. Hay que desprenderse de ideologizaciones y prejuicios y colocarse “De Frente con Venezuela”.
