El presidente de la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional afirma que la repatriación de capitales robados será posible solo tras un «cambio de Gobierno»
Gabriela González
Freddy Guevara es comunicador social, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. A sus 30 años, lleva a cuestas dirigir a Voluntad Popular desde el encarcelamiento de Leopoldo López, partido político que ha estado en la mira gubernamental al ser acusado de los actos violentos ocurridos en el país desde 2014.
Guevara inició su camino político como dirigente estudiantil, luego fue concejal y ahora es diputado en la Asamblea Nacional, donde preside la comisión permanente de Contraloría. El chavismo no lo considera una persona “proba” para desempeñar el cargo, pero él le resta importancia a esas y otras acusaciones:
¿Cuál es el estatus de las investigaciones que se siguen en casos como Andorra? ¿Ya entregaron las solicitudes a las distintas fiscalías involucradas en el caso?
Hemos hecho todas las solicitudes. En algunos sitios nos han planteado que esperan que la Cancillería les remita la información. Obviamente la Cancillería no lo plantea porque no quieren investigar, no quieren que se avance pero estamos en eso.
¿Entonces no tienen ningún tipo de documentación emanada de estas instancias?
Hasta ahora no. Ellos [las fiscalías] están buscando mecanismos legales para poder dárnoslos porque la comunicación entre países se hace a través de las cancillerías.
¿Y en el caso de Derwick?
Derwick está en la comisión mixta que investiga la crisis eléctrica. Allí tienen todo un informe sobre ese caso. Yo voy a ir a esa comisión a presentar cosas adicionales pero el tutelaje de esa investigación la está llevando esa comisión.
Se dice que Derwick financia a Voluntad Popular
(Risas) No sé de dónde sacan eso. Eso es un rumor. Es como decir que el narcotráfico financia a nuestro partido. No, no es cierto.
«No hay caso de corrupción sin empresarios particulares involucrados»
El oficialismo ha puesto en duda muchas veces su papel como presidente de la Comisión de Contraloría. Consideran que “no tiene moral” para ese cargo y una de las cosas que le critican es que usted se traslada en un carro marca Audi, que sería propiedad de una empresa de nombre Card Tech. ¿Es esto cierto?
Ese carro es de un amigo mío. Lo he explicado aquí y hasta en Telesur y tengo la transparencia para decirlo porque no es ningún delito, ni es contratista del Estado ni nada por el estilo. No implica conflicto de intereses. Si tuviera algún temor no lo diría y menos estaría aprobando una Ley de Contraloría que le da facultades al Gobierno para inhabilitarme si utilizo conflicto de intereses. El carro es de un amigo que vive afuera, lo persiguieron acá y quiso ayudar y me dejó un carro blindado. No es regalado, es prestado.
Sus viajes también han sido muy criticados por el sector oficial. Alegan que se ha gastado miles de dólares en ellos. Teniendo en cuenta que desde la oposición se habla de una crisis humanitaria y económica, ¿cómo se pagan esos viajes al exterior?
Con apoyo de gente que ayuda para la política. En mi caso, familia. En Venezuela, hay que decirlo muy claro, no existe financiamiento público. Los viajes que se han hecho oficiales algunos los ha pagado la Asamblea, pero otros han tenido que subsanarse con apoyo externo.
¿Y ese apoyo externo es..?
Cada diputado tiene que ir buscando, de acuerdo a las investigaciones que se realizan en las diferentes comisiones. En mi caso, te repito, ha sido mi familia en uno, y en los otros me han invitado. Yo puedo demostrar todo lo que he hecho. La compra de un pasaje es absolutamente fácil de saber quién lo compró. Lo demás es puro invento de ellos [Gobierno]. Si fuera verdad, sacarían facturas de donde uno se queda. Allí hay movimientos que, si existieran, serían fáciles de demostrar. Entonces, esos son puros inventos del Gobierno que esta más preocupado por el carro en el que uno anda y por los viajes que uno hace que por los cuatro mil millones de dólares que faltan en el último caso de Pdvsa, o por la falta de medicinas y alimentos.
¿No cree que deberían ser más transparentes estos viajes para no suscitar interpretaciones?
Nosotros no estamos haciendo nada malo. Además, no estamos en Suiza. No podemos estar dando señas de todo para que el Gobierno lo torpedee. Te digo más, aquí ningún diputado se ha ido de viaje con dinero de la gente. Cuando se ha salido ha sido para trabajar y se han tenido resultados concretos. Allí tienes todo el tema OEA o las visitas de comisiones interparlamentarias.
«Si nosotros tuviéramos acceso a todos los contratos de Pdvsa, en tres meses tenemos lista la investigación, pero el Estado no quiere dar nada de eso»
Pero el tema es cómo se pagan esos viajes
La Asamblea Nacional debería ser quien paga eso pero la verdad es que hay limitaciones financieras por la misma crisis. Además, como son dólares, el Gobierno no los da porque es la Asamblea. Todo el tema de la activación de la Carta Democrática o las denuncias internacionales e investigaciones, nada de eso funciona si no hay viaje ¿Por qué? Porque es una prioridad. Una estrategia parlamentaria es conseguir apoyo internacional.
¿Usted a dónde ha viajado y cómo ha financiado esos viajes?
Para Argentina, invitado por la Universidad de Standford y Transparencia Internacional, para un foro que realizaron junto a la Oficina Anticorrupción argentina. Para Alemania, lo financió el gobierno alemán a través de la Fundación Konrad Adenauer para un intercambio parlamentario. Y a Canadá, en el que me ayudó mi hermana. El de Nueva York, tan comentado por funcionarios gubernamentales, estaba de vacaciones y aproveché para entregar la citación a Rafael Ramírez, ya que la Cancillería no lo iba a hacer. Ese viaje en particular era personal. Estaba con mi dinero, no con el de la Asamblea y aproveché que estaba allá para hacer un trabajo de la Asamblea y entregarle la solicitud de comparecencia.
¿Y ese caso ha tenido algún resultado concreto?
[Rafael] Ramírez está citado, algo que la Cancillería no iba a hacer.
La Comisión de Contraloría ha estado enfocada en investigar a funcionarios y empresas públicas de tendencia oficialista. ¿Piensan investigar o han recibido informaciones contra opositores o empresas privadas?
Claro. De hecho ya cursan algunas. Incluso, en el caso de Pdvsa hay muchos empresarios privados. La corrupción es como el tango: requiere de dos. El funcionario que da la plata y el empresario que la recibe o al revés. No hay caso de corrupción sin empresarios particulares involucrados. Y te digo, no es que en Venezuela haya una lista de empresarios opositores y empresarios oficialistas.
¿Piensan investigar a funcionarios opositores?
Hay varias alcaldías. Nosotros no hacemos una lista tampoco de quiénes son chavistas y quiénes opositores. A nosotros nos llegan denuncias y tenemos que tramitarlas.
«Ese carro es de un amigo mío. No es regalado, es prestado»
¿Pero harían estas averiguaciones?
Ya las hemos hecho. En presente, no en futuro. Por ejemplo, ya cerramos una de Baruta, de Chacao, de Leopoldo [López], de [Henrique] Capriles e incluso contra Jorge Rodríguez y las cerramos por falta de pruebas, y eso lo cerramos con el voto de la misma gente del Psuv. Esas denuncias no tenían ningún tipo de sustento. Y gente del Psuv ha introducido denuncias contra alcaldías en Barinas, Mérida, contra Williams Dávila y se investigarán. Cuando tú denuncias, no denuncias por corrupción a un caso en general. Eso tú no lo evalúas, tú tienes un caso. Ejemplo, hay una denuncia de corrupción sobre la contratación de una empresa para la construcción de aceras. ¿Hay pruebas? ¿No hay pruebas? Se investiga y se cierra el expediente si no las hay, pero eso no quiere decir que si surgen nuevas pruebas no se pueda abrir.
¿Para cuándo se tiene previsto presentar el informe final de casos emblemáticos como el de Andorra y Pdvsa?
Es un solo informe porque nosotros no estamos viendo a Andorra como un caso separado. Recuerda que en Andorra se descubrió que existen muchas cuentas de venezolanos relacionados con Pdvsa, con la crisis eléctrica y hasta con el narcotráfico. Y bonos cambiarios. Andorra no es un caso en sí mismo, Andorra es una fuente de información. Todo lo relacionado a Diego Salazar, que es lo que tenemos hasta ahora, está en el expediente de Pdvsa. Yo espero tener todo listo este año.
Es decir, ¿podría no ser ese año?
Todo depende de las pruebas. ¿Cuál es el gran obstáculo que tenemos nosotros? La no colaboración del Gobierno. Si nosotros tuviéramos acceso a todos los contratos de Pdvsa, en tres meses tenemos lista la investigación pero el Estado no quiere dar nada de eso. Te quedas sin acceder y te quedan solamente dos fuentes: la internacional y la extraoficial. Con la extraoficial tú puedes tener indicios pero las pruebas debes tenerlas de una manera oficial. Y la internacional, las autoridades nos dicen: “queremos colaborar pero la ley dice que nos lo debe mandar la Cancillería venezolana”.
¿Entonces cómo quedan estas averiguaciones?
Hay una alternativa que es en la que estamos trabajando. Estamos conectando a parlamentarios afuera. Ya no es directo parlamento venezolano-Fiscalía de Andorra, por ejemplo, sino que ahora es parlamentarios venezolanos-parlamentarios de Andorra-Fiscalía de Andorra. La Fiscalía de Andorra le da la información a los parlamentarios de allá y ellos nos la remiten a nosotros. Esa es la colaboración que estamos buscando, dado que hemos encontrado esa limitación. No en todos los países, ojo.
¿En cuáles?
Con Brasil ha sido complicado con ese tema, Andorra y Panamá.
MÁS TRANSPARENCIA
Sobre la recuperación de capitales, tema en el que vienen trabajando, ¿en qué estatus está y cuánto aspiran recuperar?
La recuperación de capitales es un proceso permanente, más cuando se habla que en Venezuela se han robado 300 mil millones de dólares. En eso estaremos por los próximos cinco, 10 años, recuperando dinero. Eso es un proceso en el que, por ejemplo, en marzo entran 200 millones, luego en abril entran cinco. Son procesos de seguimiento de casos y cuentas, y viendo cuenta por cuenta y bien por bien. Entonces, cuando es tanto dinero, es poco a poco y depende también de las leyes de los otros países. Pero en un futuro, como estamos planificándolo, eso va a ser pan nuestro de cada día. Es decir, va a haber una noticia permanente en la prensa venezolana y será “llegó nuevo dinero”.
¿Y en cuánto tiempo puede ocurrir eso?
Con el cambio de Gobierno, porque no vamos a recuperar dinero para que esta gente se lo vuelva a robar.
¿Este dinero quién lo manejaría, a dónde iría?
Todavía estamos en el anteproyecto de esta ley y la idea es que haya una institución que tenga un fondo para ese dinero y que ese dinero tenga dos usos esencialmente: uno, la lucha contra la corrupción, es decir, el financiamiento de las instituciones que están dedicadas a ese tema, pero eso no sería más de un 15%; y el resto, dedicado a temas de emergencia social.
¿Y esa instancia dependería de quién?
Del Ejecutivo porque es quien al final termina ejecutando el presupuesto. Pero habría que verla como una especie de instituto autónomo. La directiva no estaría controlada por el Ejecutivo solamente. El diseño en el que se está trabajando es que sea una institución que, para aprobar los recursos, tenga el concurso de casi todos los representantes de los Poderes Públicos, más representantes de la sociedad civil. Es decir, es un tema de Estado.
Como presidente de la Comisión de Contraloría, ¿estaría de acuerdo con que las declaraciones juradas de patrimonio sean públicas?
Claro. Yo mismo puse ese reto cuando andaban con ese tema de culparlo a uno. Yo tengo la mía siempre en el bolso.
¿Pero desde Contraloría propondrían algo para que así sea?
Ese es un tema que implica la “Habeas data” que hay que revisar. No podemos hacerlo solos. Hay que hacerlo con una visión más amplia.
“Si la población no participa activamente en los movimientos de presión, es muy poco probable que logremos el revocatorio o un cambio general”
¿Pero sí habría disposición?
Sí, claro. Ya lo hicimos en la Ley de Contraloría [Reforma]. Allí están tipificadas una serie de nuevas sanciones que implican que nosotros [funcionarios] tenemos que dar información adicional. Por ejemplo, se especifica la causal de sanción por denegación de información y omisión de comprobantes. Dos cosas que antes no había y que ahora están.
Eso es en caso de que algún ente lo requiera. ¿Pero si la gente quiere consultar en una página web la declaración jurada de Freddy Guevara?
Yo, particularmente, estoy de acuerdo pero también recuerda que estamos en Venezuela. Aquí esa información puede ser utilizada con otros fines. Para secuestrar, etcétera. Pero en un país normal con Estado de derecho, la verdad es que todos los funcionarios públicos tenemos que estar dispuestos a informar qué tenemos, sobre todo en caso de conflicto de intereses. Eso es algo muy importante que no estaba en la legislación venezolana y que nosotros lo incluimos ahorita. Se trata de hacer más transparente todo. Insisto, yo creo que esto va a ser así cuando tengamos un cambio de Gobierno.
VIRAJE EN EL DIÁLOGO
Usted ha participado en estos procesos preparatorios para el diálogo en los que la oposición ha insistido en cuatro temas para poder sentarse: fecha del revocatorio, libertad de presos políticos, respeto a las instituciones y canal humanitario. Sin embargo, recientemente se ha notado un cambio de discurso en el que ya no sería fecha del revocatorio sino la fecha del 20%. ¿A qué se debe esto?
No. Siempre fue el calendario electoral.
Pero no es lo mismo la fecha del 20% a la fecha del revocatorio
Yo no estoy en el equipo del tema de los avances con el Gobierno. Me imagino que tendrá que ver con el tipo de concesiones que se hacen en todo proceso de negociación. Pero, en todo caso, al nosotros tener la fecha del 20% en la fecha en la que es, ojo, se le hace imposible al Gobierno que no haya revocatorio este año.
Pero ese es el punto, si la fecha del 20% se la dan en octubre, ¿se sentarían?
En ese escenario es un absurdo, claro. Ellos tienen claro que debe ser antes del 11 de septiembre porque no es un tema de negociación. Eso está en el reglamento.
«estoy seguro de que si no se da el revocatorio este año igualito va a haber un desenlace político»
¿Dónde queda la coherencia en el discurso opositor cuando habían dicho que esperarían hasta el 26 de julio por la respuesta del CNE y ahora el organismo electoral dice que será el 1 de agosto cuando entregará el informe que los legitima como promotores del revocatorio? No se habla ni siquiera de establecer la fecha del 20%.
Este es un proceso que es de dos grandes líneas de acción. Tú tienes una mano derecha y una mano izquierda. La mano derecha tiene que ejercer las presiones y con la mano izquierda tienes que hacer negociaciones. El tema es que, en Venezuela, cuando se habla de negociación en política, se piensa siempre que son cosas ocultas para fregar a la gente y la verdad es que no existe ninguna transición política en el mundo que no implique concesiones que se tienen que hacer entre ambas partes.
Entonces, este es un proceso en el cual depende esencialmente de la fuerza que tú tengas para imponer cosas y la voluntad política que tú tengas para ceder en otras. Lo que sí es cierto y que tiene que tener muy claro la población, es que nosotros solos no vamos a poder lograr un cambio. Y eso lo digo por la calle del medio. Si la población no participa activamente en los movimientos de presión, es muy poco probable que logremos el revocatorio o un cambio general. Sin presión de calle no hay revocatorio.
El Gobierno critica que la MUD imponga condiciones. Dicen que en una mesa se traen temas para dialogar. ¿Cuál es su posición?
Es un discurso falso que, bajo la excusa de que no haya condiciones, busca que nosotros nos montemos en las condiciones de ellos, que era hacerlo en Dominicana en los tiempos que ellos querían. Eso es un doble discurso para tratar de decir que nosotros no queríamos ir al diálogo, cuando es normal que en un proceso como este, a juro, tiene que haber condiciones por algo muy importante: la confianza de nuestra gente.
Cada vez que hemos ido a un diálogo, ha terminado muy mal la cosa y las personas tienen una mala experiencia con eso, y hasta cierto halo de desconfianza. Entonces, nosotros tenemos que garantizar la confianza de la población planteando condiciones lógicas. Que la gente vea y diga: “ah mira, se sentaron pero hay liberación de presos políticos, se incorporó el Vaticano y tenemos fecha del 20%”. Hay un costo político al sentarse pero también debe haber avances.
La única forma en que la gente vea con confianza el diálogo es que haya resultados. Si no los hay empiezan a cuestionárselo, como es lógico, así nadie de la oposición esté haciendo algo encubierto. Lo más importante para nosotros es cuidar la credibilidad de la gente en la dirigencia.
¿Qué pasa si se cumplen las predicciones del gobierno y no hay revocatorio este año?
Mira, yo estoy seguro de que si no se da el revocatorio este año igualito va a haber un desenlace político. No tengo duda. Nosotros queremos que sea un revocatorio.
«no vamos a recuperar dinero para que esta gente se lo vuelva a robar»
¿Qué otro tipo de desenlace político podría haber?
Depende de la voluntad política del Gobierno. Si son inteligentes, accederán al revocatorio o, en todo caso, a abrir otra compuerta electoral como una renuncia o adelanto de elecciones. Nosotros no podemos controlar el desespero de la gente. Estamos haciendo todo lo posible por canalizar la molestia y el desespero en una llave electoral. Ahora, eso no depende de nosotros solamente. Depende, sin duda, de quienes están en el Gobierno y también depende de la población.
Repito, si la gente no se saca el chip de preguntar “va a haber o no revocatorio” y lo cambia por “qué vamos a hacer para que haya”, no lo vamos a lograr por una razón sencilla: los partidos no le pueden ganar al Estado. Todo el que quiera revocatorio debe involucrarse en el movimiento cívico nacional y esperamos que la gente responda. Es el gran reto que tenemos.
Los sobrinos de Cilia Flores
Ha trascendido la información del expediente de la Fiscalía de Nueva York contra Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la Primera Dama, Cilia Flores, y a quienes se les acusa de conspirar para traficar drogas hacia Estados Unidos. ¿Ustedes tienen pensado investigar sobre estas denuncias?
Desde Contraloría vamos a anexar esa información al expediente de Pdvsa, porque, hasta ahora, lo que ha salido de corrupción concretamente es la relación entre los Flores con Carlos Erick Malpica Flores [exvicepresidente de Finanzas y Planificación, extesorero de Petróleos de Venezuela y extesorero de la Nación hasta hace unos meses] y eso es lo que estamos agregando al expediente. Pero el caso como tal lo está llevando la Comisión de Política Interior.
