Consideran importante replantear los objetivos en torno a un panorama electoral, pues los acuerdos conseguidos en el último encuentro entre la oposición y el Gobierno dependen en exceso de la disposición oficial de respetar las discusiones
Mónica Duarte
El tercer encuentro de la mesa de diálogo nacional terminó el sábado 12 de noviembre con nuevos anuncios en torno a la economía, institucionalidad, soberanía nacional y la convivencia. Las conclusiones fueron expuestas en un comunicado conjunto firmado por los representantes del Gobierno y la oposición en el cual se llegaron a cinco acuerdos fundamentales.
Los analistas políticos difieren sobre la importancia de estas conclusiones, pero coinciden en que la posibilidad de incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno nacional es muy alta.
El politólogo, abogado y exrector suplente del Consejo Nacional Electoral, Luis Salamanca, se encuentra entre los que valoran positivamente los acuerdos alcanzados en las conversaciones, aunque considera que se podía aspirar a más.
«Lo que se consiguió, sin ser perfecto, es una vía para recuperar la normalidad institucional. Todo depende de que el Gobierno cumpla. Si no se mantienen los acuerdos todo se viene abajo y este parece ser el camino, pues el Gobierno parece estar usando el diálogo para lavarse la cara, ganar tiempo y dividir a la oposición».
Para Salamanca son claras la señales de que una de las partes no entró con sinceridad al diálogo, pero mantiene su confianza en el proceso y las nuevas reglas de interacción e institucionalidad que ha supuesto la incorporación del Vaticano a las conversaciones.
«una vez dentro del diálogo las posibilidades de manipularlo se han reducido»
«El objetivo de fondo no es impedir las elecciones, porque ya se impidió le revocatorio y se pospuso las elecciones regionales. Ahora lo que el Gobierno quiere es tratar de eliminar la confianza que la gente tiene en la Mesa de la Unidad. Sin embargo, una vez dentro del diálogo las posibilidades de manipularlo se han reducido y se ha incrementado el costo político».
En contraposición, Juan Manuel Trak, sociólogo, doctor en Ciencia Política e investigador del Centro de Estudios Políticos de la Ucab, asegura que los acuerdos parecen apuntar hacia la estabilidad del Gobierno nacional.
«El diálogo y estos acuerdos no garantizan un cambio político, que era lo que la gente estaba esperando. Se ha garantizado prácticamente que no se adelantarán las elecciones. Además, la oposición parece haber perdido su gran herramienta de presión con la movilización de la gente en el marco de la unidad, porque ahora se ha desmovilizado a la población y la unidad parece estar en riesgo por sus opiniones dividas. Pareciera que el Gobierno ha ganado esta partida y que de alguna manera se impusieron sus condiciones».
«Los acuerdos no garantizan un cambio político»
La vía electoral
Entre los temas que han quedado fuera de los primeros acuerdos está la posibilidad de reactivar el proceso de referendo revocatorio o adelantar elecciones generales, como los dirigentes de la Mesa de la Unidad habían prometido anteriormente.
Salamanca y Trak coinciden en la necesidad de recuperar la vía electoral como uno de los temas en los que la oposición debe poner en discusión. Al respecto, Juan Manuel Trak asegura que se ha perdido de vista este asunto y que no parece estar dentro de la agenda de negociación.
Sin embargo, Salamanca rescata la posibilidad de una medición electoral que se plantea con el segundo punto del acuerdo en torno a los diputados de Amazonas y su nueva elección.
«al gobierno no le interesa realmente esta elección»
«Lo que se busca aquí es hacer una medición electoral con el Gobierno en un momento en el que este no se quiere medir. Con miras a recuperar plenamente los diputados que, si bien es cierto que estaban bien elegidos, los poderes públicos se han empeñado en negarlos. Es importante valor este logro, porque al Gobierno no le interesa realmente esta elección, porque sabe que puede perder todos los escaños, sacar menos votos y se le arrebataría el discurso del desacato de la Asamblea Nacional».
El politólogo añade que el problema con el acuerdo «es que no se ha puesto fecha». Pero este no es el único punto que parece carecer de detalles en el comunicado. Para los expertos, la mayoría de los pronunciamientos han obviado el «cómo» y «cuándo» se concretarían, siendo este un punto fundamental para la confianza popular.
«El tema con la recuperación del rol de la Asamblea es que no se deja claro tampoco cómo se va a hacer. Se presume que es primero con la desincorporación de los diputados y la elección, pero no se determina. El acuerdo lo que incluye es el respeto a la función constitucional de la Asamblea, pero eso significa que el Presidente no debió haber prolongado el Estado de Excepción, porque la prorroga es una competencia exclusiva del parlamento», comenta Salamanca y asegura que esta es la primera señal de incumplimiento.
En cuanto al nombramiento de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, ambos analistas consideran que la falta de detalles en este punto también pone en peligro el compromiso real con el diálogo y la posibilidad futura de garantizar el derecho al sufragio.
«Se abre la puerta de una ayuda humanitaria»
Aunque no se escriben las palabras del canal humanitario, esta posibilidad parece asomarse en el primer punto del acuerdo cuando se menciona la necesidad de «priorizar en el corto plazo la adopción de medidas orientadas al abastecimiento de medicamentos y alimentos».
«En el acuerdo económico se pone de manifiesto la diferencia de modelo entre el Gobierno y la oposición. El primero está pendiente de importar y distribuir, mientras que la oposición plantea la producción como una salida. Pero además se abre la puerta, aunque no lo llamen así, una posible ayuda lo más rápidamente posible con productos de consumos y medicina que se han puesto a nivel internacional para ser enviados a Venezuela. Eso debe anotársele como un punto a favor de la oposición que es la que ha planteado esta necesidad», establece Salamanca.
Para Trak esta ayuda humanitaria debe gestionarse mediante una organización imparcial para que pueda ser efectiva, sin embargo, afirma que esta acción no resuelve el problema de fondo: el cambio del modelo económico, aspecto que no está contemplado en el comunicado.
«Para lograr esto deben incorporarse al diálogo organizaciones de la sociedad civil organizada y el empresariado, pero incluir estas iniciativas supondría añadir temas como el restablecimiento de las libertades plenas en el país, y eso no está planteado. La incorporación de gobernadores poco añade a esta discusiones». Por su parte, Salamanca tampoco prevé la inclusión de más partes en las discusiones pues considera que mientras más actores se incluyan «más lentas serán las conversaciones».
«mientras más actores se incluyan más lento serán las conversaciones»
El lenguaje del comunicado
Otro de los puntos de los puntos de discrepancia entre los analistas es el lenguaje usado en el documento que leyó el enviado del Vaticano monseñor Claudio María Celli luego del último encuentro.
Salamanca asegura que en el comunicado no privó el lenguaje de ninguna de las partes y que las polémicas existentes giran en torno al exceso de «lenguaje neutral». El politólogo explica que por ello se desecharon términos como «guerra económica», mencionado por el Gobierno, por otro como «boicot», y no se escribió sobre el «canal humanitario» sino de «medidas para el abastecimiento».
«Si tú vas a un acuerdo para sacar un comunicado conjunto no puede darse prioridad el lenguaje de ninguno. Por eso, no se habló de presos políticos ni de políticos presos, así que se apelo a la figura de personas detenidas, que pudiese ser más neutral. Ambos sectores tienen que ceder en el lenguaje«, afirma.
«Este documento quedó cojo y se asumió la narrativa del gobierno»
Pero el investigador Juan Manuel Trak refiere sobre esto una visión distinta: «Lo que Carlos Ocariz dijo como representante de la Mesa no es igual a lo que se leyó en el acuerdo. Este documento quedó cojo y se asumió la narrativa del Gobierno».
Con respecto a la liberación de presos políticos, Trak señala que si no se les llama por su nombre «no se puede acordar su liberación». El investigador y sociólogo explica que al ser solo «personas detenidas» el Gobierno podría argumentar que le procedimiento judicial le corresponde a la Fiscalía.
«Lo que debió plantearse en este punto era una modificación a la Ley de Amnistía que ya había aprobado la Asamblea Nacional a principio de año, y trabajar a partir de allí para liberarlos a todos. Pero, aunque creo que sí van a haber liberaciones, hay personas que no están dispuestas a dejar en libertad».
A pesar de las diferencias, ambos analistas concluyen que no fue un error acudir a una mesa de diálogo, pero que deben replantearse los objetivos de cara los posibles resultados y la confianza de la población.
