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“Se pudo determinar que este médico comercializaba la medicina para el tratamiento de COVID-19, las cuales son suministradas por el Estado venezolano de forma gratuita”, señaló el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en una declaración televisada.
Según el fiscal, Amell captaba compradores asegurándoles que el hospital “no tenía recursos” y les ofrecía por 800 dólares cada ampolla del antiviral remdesivir, que ha demostrado tener cierta eficacia contra el virus.
El médico, detenido el domingo por agentes anticorrupción y el servicio de inteligencia (SEBIN), será imputado por los delitos de “concusión, contrabando de extracción y asociación para delinquir”, continuó Tarek William Saab.
Colombia rechazó la “detención arbitraria” de Amell y exigió “pleno respeto” a su integridad física. “Pedimos a los organismos internacionales de protección de los DDHH que exijan su libertad inmediata y protección de su vida”, tuiteó la cancillería colombiana.
.@CancilleriaCol, en nombre del Gobierno Nacional, rechaza la detención arbitraria de Antonio Amell y exige el pleno respeto de su vida e integridad física. Pedimos a los organismos internacionales de protección de los DDHH que exijan su libertad inmediata y protección de su vida
— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 8, 2020
Saab, en respuesta, aseguró que “en Colombia se ha pretendido armar todo un escándalo” en torno al caso por el cual el director del hospital “está siendo investigado”.
El líder socialista Nicolás Maduro adelantó el martes que una investigación sobre la venta de tratamientos gratuitos para el COVID-19 estaba “muy avanzada”.
“Capturamos a los primeros involucrados, ¡ladrones! (…) Ya está el gobierno de Colombia pidiendo a uno de estos estafadores”, expresó en una alocución televisada.
Venezuela, con 30 millones de habitantes, acumula 57.823 contagiados y 460 muertes por el nuevo coronavirus, según cifras del régimen, cuestionadas por la oposición y organizaciones como Human Rights Watch, que las consideran poco creíbles.
La pandemia encontró a Venezuela con un precario sistema público de salud, además de escasez de fármacos, debido al colapso económico que ha causado un éxodo de unos 5 millones de venezolanos desde finales de 2015, según la ONU.
