razonnet
El sistema se afianza, apoyado en la crisis: las necesidades económicas de cada día, la pobreza en suma, aherroja a una población que sobrevive apenas en un plano carencial.
Gustavo Luis Carrera
En el plano pragmático de los hechos, el aparato de gobierno personalista actúa como si manejara un grupo de ejemplares de laboratorio, de los denominados conejillos de Indias, y no tuviera que responder ante ciudadanos dotados de plenos derechos civiles y humanos en general. Hasta ese extremo se siente el divorcio, la oposición, entre gobernantes y gobernados. Esto se patentiza en el modo en que es preterido el derecho básico del usuario, del consumidor, de quien soporta todo el peso de la injusticia en una sociedad mal conformada.
EL SISTEMA. La estructuración de una administración pública autocrática se funda en el poder de la fuerza bruta que impone reglas y obliga a seguir pautas establecidas en beneficio de un grupo gobernante. La práctica establece un mecanismo funcional: el alto gobierno manda y el bajo pueblo obedece. Como en el ejército. Como en los partidos caudillescos. Como hacen los comandantes indiscutidos y eternos. ¿Es la forma «natural» de establecer un proceso de estructuración organizativa del grupo social? No. Pero, en el terreno de los hechos, es lo que enseña la historia. La historia del pasado. Y la historia actual.
EL USUARIO (CONSUMIDOR). Abajo, en el estrato inferior de la arquitectura del poder, se encuentra el usuario, el consumidor. Sostiene todo el aparataje de políticos improvisados, sólo atentos a su beneficio económico personal y a su viciosa afición a mandar. Constituye el conjunto básico de una sociedad, y nadie parece advertir y respetar su presencia. Su papel es consumir: pagar lo recibido a cambio, y cubrir el impuesto obligatorio establecido por el Estado. Así, beneficia el nivel privado y cubre las apetencias públicas. ¿Y quién vela por los derechos del usuario-consumidor? No hay, en este país, organizaciones de defensa del consumidor, que protejan los intereses colectivos; incluso con el boicot a la compra de artículos y productos vendidos a precios especulativos, o que son de pésima calidad. No hay, en este país, conciencia gubernamental del respeto a los derechos del ciudadano, sometido a un miserable y vergonzante salario.
ANTAGONISMO INVETERADO. Ahora bien, la consolidación del poder político personalista se basa en ignorar los derechos del usuario, en menospreciar las garantías elementales del consumidor. Es lo que vivimos. Es lo que se padece a diario, ante la especulación en los precios de los alimentos y de las medicinas; bajo la condena cruel a un mísero salario; en el sometimiento a pésimos servicios públicos y medios de transporte; a la amenaza creciente de una pandemia que campea entre las carencias de salud pública. La vocación dominante de todo sistema político personalista, de culto a la praxis del ejercicio del poder por el poder mismo, se consolida por la vía de los hechos; reduciendo al usuario-consumidor a eso: a quien «usa» un servicio deficiente, o totalmente ausente, como pasa con el agua y la electricidad; y a quien «consume» productos que a fin de cuentas consumen totalmente su miserable salario y minan su salud. Mientras, el sistema se afianza, apoyado en la crisis: las necesidades económicas de cada día, la pobreza en suma, aherroja a una población que sobrevive apenas en un plano carencial.
VÁLVULA: «El sistema político autocrático imperante impone sus reglas y sus propósitos en lo económico, lo social y lo cotidiano. La restricción de derechos y la subyugación de libertades se han convertido en habituales formas de dominio de un país, de un pueblo. El menosprecio del usuario, del consumidor, indefenso y expuesto al abuso político y económico, es una condición sine qua non de los regímenes de facto y autocracia. Inclusive el usuario, más que un ciudadano, es un súbdito».
EL AUTOR es doctor en Letras y profesor titular jubilado de la Universidad Central de Venezuela, donde fue director y uno de los fundadores del Instituto de Investigaciones Literarias. Fue rector de la Universidad Nacional Abierta y desde 1998 es Individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua. Entre sus distinciones como narrador, ensayista y crítico literario se destacan los premios del Concurso Anual de Cuentos de El Nacional (1963, 1968 y 1973); Premio Municipal de Prosa (1971) por La novela del petróleo en Venezuela; Premio Municipal de Narrativa (1978 y 1994) por Viaje inverso y Salomón, respectivamente; y Premio de Ensayo de la XI Bienal Literaria José Antonio Ramos Sucre (1995) por El signo secreto: para una poética de José Antonio Ramos Sucre. Nació en Cumaná, en 1933.
