Luis Felipe Colina
Crece el malestar contra el “paquetazo” de la dictadura de Maduro contra los trabajadores.
Luis Felipe Colina I CARRUSEL
El secretario político nacional del partido “Lápiz” y ex dirigente de los partidos AD y de UNT, Pedro Pablo Alcántara, exige la destitución del director de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre, Marco Polo Consenza, por atentar contra la Constitución y vulnerar derechos de los trabajadores.
“La Constitución vigente establece que se respetará la dignidad de la persona. Cuando observamos a los educadores, a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de otros sectores de la administración pública, que están siendo objeto de malos tratos e, incluso, con la actuación de organizaciones policiales, para impedir su libre tránsito, estamos viendo, claramente, un irrespeto a la condición de la dignidad de la persona”, expresó Alcántara.
A su juicio, “al incurrirse en estos excesos; producto de la actuación de un funcionario anónimo, director de la Onapre, este funcionario debe ser destituido por violar no sólo el artículo 89 de la Constitución, sino también a los principios de dignidad y de respeto”.
UN AUDIO FILTRADO con la voz de un dirigente medio del chavismo, se considera que la Onapre no es sino un organismo técnico, cuyo director baila al son de la música, que le pongan desde Miraflores; de modo que el responsable del problema de la amenaza que constituye el Instructivo que de allí emanó no es Marco Polo Consenza, a quien por lo demás se le ubica como un neoliberal confeso, sino el propio Nicolás Maduro.
UNA DELEGACIÓN de dirigentes sindicales del estado Bolívar, compuesta por Pedro Rondón, miembro de la directiva de Sidor; Fidel Brito, presidente de Fetrabolívar; Hugo Medina, presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar; Héctor Milano, adjunto al presidente de Fetrabolívar y los diputados regionales Ramón Castillo, Camilo Torres y Camelia Guerrero introdujeron el pasado 2 de agosto ante el Tribunal Supremo de Justicia un amparo constitucional mediante el cual solicitan la derogatoria del Memorándum 2792, recurso que fue admitido, designándose como ponente a la ex rectora del CNE, Tania D´Amelio, ahora magistrada de la Sala Constitucional
Según los dirigentes guayaneses dicho memorándum establece los lineamientos del crecimiento y prosperidad económica de los trabajadores, y a través del cual, no obstante, lo que se ha hecho es conculcar los beneficios laborales que, a través de los años de lucha ha logrado el movimiento sindical, sobre todo, el artículo 91 de la Constitución Nacional, el cual establece que el salario mínimo nacional debe estar anclado al costo de la canasta básica.
Como se sabe, el Memorándum 2792 y el Instructivo de Onapre, son los dos instrumentos legales del “madurismo” que el movimiento sindical venezolano exige su inmediata derogatoria.
EN EL MEDIO SINDICAL se maneja que de acuerdo a la contratación colectiva de los trabajadores de la salud y de educación, el primero de agosto debieron recibir lo que se denomina el bono vacacional, que consta de 105 días de trabajo. El gobierno apenas canceló del mismo 10 días, y se estima que se cancelen 20 días más en septiembre, octubre y el resto en enero de 2023. Lo que se considera un arrebato, para un personal que ha sufrido los embates de la crisis; tanto más que estos bonos vienen calculados con base a unas tablas salariales que, recientemente, se modificaron, a través del Instructivo Onapre, y el cual generó una especie de uniformidad de los salarios.
LA PROFESORA Gloria Cuenca alerta al periodismo venezolano ante los nuevos inventos del chavismo, para agudizar la censura al derecho a la información y a la libre expresión.
“Desde su tímida insinuación en el foro chavista, que usurpó la Asamblea Nacional, el periodismo libre en Venezuela ha visto el peligro de ejercer su labor más de cerca; con más terror, incluso, que cualquier represión. Reformar la Ley del Ejercicio del Periodismo significa un ataque directo y mortífero contra la voz y el pulso de quienes se encargan de llevar la verdad a los hogares del país”, manifestó la profesora Cuenca al referirse al reciente intento de la dictadura de reformar la referid ley para abrir el ejercicio profesional a los activistas “comunitarios” pagados por régimen que se autodenominan “guerrilla comunicacional”.
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SEGÚN DENUNCIA de la señora Aleydis Aguirre, esposa del pastor Elis Becerra, uno de los detenidos; involucrado en el asesinato de Carlos Lanz; al susodicho se le está culpando de un delito que no cometió. Nadie se explica por qué lo inmiscuyeron en eso, pues se trata de un pastor, que pertenece a la iglesia evangélica del “Buen Pastor” de Tinaquillo, estado Cojedes; oriundo del pueblo de Colón en el estado Táchira, donde también es muy conocido, y atestiguan que jamás ha tenido problemas de ese tipo.
El hecho se suscita, porque el pastor estaba a cargo de la finca, junto con su esposa, de Tito Viloria, un dirigente del PSUV, supuestamente testaferro de Maye Cumare; donde, supuestamente, mataron a Carlos Lanz, y de esa forma resulta involucrado en este caso. Asegura su esposa que nunca vieron a este señor en esa finca, y que no vienen a saber su nombre, sino cuando le participan el motivo de su detención.
Asimismo, alega la señora Aguirre que no conocen a Glenn Castellanos, el testigo “estrella”, que presentó el Fiscal Tarek William Saab; quien señaló a Becerra como uno de los que desmembraron el cadáver de Lanz, y, en ese sentido, lo reta a que presente la osamenta; partiendo del hecho de que en esa finca criaron cochinos hasta hace dos años; lo que demuestra que es falso que el cadáver de Lanz, se lo hayan comido estos animales.
Desmiente, asimismo, al Fiscal, quien dijo de Becerra que se trata de un colombiano, y que daría un mal ejemplo a la comunidad cristiana de Tinaquillo si fuera ese sujeto, dado a las drogas, según lo pintó el Fiscal; por lo que considera que le faltó el respeto, en ese sentido.
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MÓNIQUE LOFFREDO, presidenta de Fedecámaras, capítulo Anzoátegui, solicitó a las autoridades de la alcaldía El Tigre, municipio Simón Rodríguez, que sinceren las tarifas del servicio de Aseo Urbano, así como levantar el bloqueo, que existe en las taquillas únicas de Hacienda Municipal, para que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones tributarias; pues existe una prohibición en la localidad de pagar las empresas y comercios los impuestos municipales, si no cancelan primero las costosas tarifas, que impone la empresa Fospuca.
Fospuca se encarga de la recolección de desechos sólidos en El Tigre, así como en otras localidades y regiones; contratada como un servicio particular; por lo que considera Loffredo que condicionar el trámite de pago de uno y otro tributo municipal, es obstaculizar y violentar la libertad del contribuyente a su plena defensa a sus derechos y obligaciones tributarias.
