Noel Gómez Herrera
Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen madurista, estudia la legalidad de seis reglamentos aprobados por la Comisión Nacional de Primaria, para seleccionar al candidato presidencial unitario de la oposición.
Noel Gómez Herrera
El régimen de Nicolás Maduro se prepara para derribar toda la estructura jurídica elaborada por la “Comisión Nacional de Primaria” (CNP) para la organización de las elecciones primarias convocadas por la oposición venezolana para el día domingo 22 de octubre, procediéndose de esa forma a judicializarse los referidos comicios, a través de las salas Electoral y Constitucional del Tribunal Supremo de Elecciones, controlado en su totalidad por la dictadura de Nicolás Maduro.
Es criterio del alto tribunal del régimen que los reglamentos dictados por la CNP se encuentran “en abierta contradicción con la Constitución Nacional, la Ley Orgánica del Poder Electoral y Ley Orgánica de Procesos Electorales” y demás reglamentos y normas dictadas por el Consejo Supremo Electoral» y solo se espera la presentación de los respectivos recursos ciudadanos para emitir el esperado pronunciamiento.
En relación con la participación del CNE en el evento electoral de la oposición, el criterio dominante en el alto gobierno es que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Electoral, en su artículo 33, parágrafo segundo, el Consejo Supremo Electoral es el organismo competente para organizar las elecciones en sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos, “respectando siempre la autonomía de dichas organizaciones”. Como se sabe, un pronunciamiento en ese sentido, de obligatorio cumplimiento, podría tener efectos demoledores en el seno de la oposición tomando en cuenta que al menos dos de los actuales precandidatos, María Corina Machado y Andrés Velásquez, se oponen rotundamente a la injerencia del CNE en el evento interno de la disidencia venezolana.
Se espera que el TSJ igualmente se pronuncie en contra del voto en el exterior, tal como ha sido concebido por el “Reglamento para la participación de electores venezolanos en el exterior”, aprobado por la Comisión Nacional de Primaria, por encontrarse en contradicción con el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el cual dispone que “sólo podrán sufragar en el exterior los electores y las electoras que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral determinará mediante reglamento el procedimiento para poder votar en el exterior”.
Finalmente, el TSJ podría pronunciarse también autorizando la postulación de varios precandidatos presidenciales, cuya inscripción sería rechazada por la CNP de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del “Reglamento sobre postulaciones, sustituciones y manifestaciones de apoyo a candidaturas”, el cual señala en su parágrafo 3 que el aspirante deberá «haber demostrado un compromiso inequívoco con la lucha por la libertad, el rescate de la democracia, el respeto de los derechos humanos, la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados», lo cual podría ser considerado discriminatorio al igual que el parágrafo siete, referido a la contribución de los gastos del evento.
Según lo establecido por la CNP, la inscripción de candidaturas comenzará este miércoles 24 de mayo de 2023 y finalizará el 23 de junio, tras lo cual, se publicarán «las postulaciones admitidas» y se notificarán las que no, ante lo que se podrá «solicitar reconsideración».
Se estima que el exdiputado de Primero Justicia y actual coordinador nacional del partido “Primero Venezuela”, José Brito, presente su postulación y de ser rechazado acudirá al TSJ, tal como ha anunciado el referido dirigente perteneciente al llamado “sector alacrán” de la oposición.
Estos son los instrumentos aprobados por la CNP cuya ilegalidad podría echar por tierra el TSJ del régimen: Reglamento para la participación de electores venezolanos en el exterior, Reglamento sobre postulaciones, sustituciones y manifestaciones de apoyo a candidaturas, Reglamento de totalización, impugnaciones y nulidad de actas y resultados electorales, Reglamento sobre actos electorales, Reglamentos de propaganda publicidad y mensajes electorales y Reglamento de testigos electorales.
