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El Consejo Superior de la Democracia Cristiana en Venezuela denuncia la entrega de áreas de producción petrolera “a reconocidos personajes que han hecho inmensas fortunas incurriendo en actos de corrupción”
Mediante un comunicado a la opinión pública nacional e internacional, el Consejo Superior de la Democracia Cristiana en Venezuela ha señalado que la política oficial norteamericana “pareciera limitarse a operar con la estructura mafiosa y criminal de la dictadura, en una dinámica caracterizada por poca transparencia y tolerancia con conocidos responsables del mayor saqueo de las finanzas públicas en la historia de la nación”.
Igualmente advierten que “el aumento del malestar con el régimen transitorio puede abarcar también a los Estados Unidos de Norteamérica”.
“Se viene ejecutando un proceso de otorgamiento de áreas sin ninguna transparencia. Incluso se han otorgado áreas de producción a reconocidos personajes que han hecho inmensas fortunas incurriendo en actos de corrupción. Los venezolanos no tenemos la debida información sobre los volúmenes de producción y desconocemos la magnitud de los recursos financieros producto de las exportaciones petroleras. Tampoco conocemos el destino que se está dando a esos recursos. Tenemos el derecho de estar informados”, señala el texto.
“Durante el siglo XX, Venezuela fue una fuente segura y confiable de suministro energético para los Estados Unidos y mantuvo siempre relaciones ordenadas y justas con su principal cliente, incluso después de la nacionalización de la industria, en 1976”, afirma la Democracia Cristiana de Venezuela.
Sobre la deuda pública advierten que es un tema que no puede ser ignorado en el contexto actual: “Su dudosa legalidad, el monto desconocido y la oscura forma de contratar asesorías externas, a espaldas de instituciones financieras internacionales, obligan a desconocer cualquier negociación iniciada por el régimen provisorio. Solo un gobierno emanado del ejercicio soberano de la voluntad popular puede negociar la deuda pública. Estamos a tiempo de rectificar. Se requiere, con la mayor urgencia, un cambio en la conducción del país y la instauración de una administración transitoria basada en la transparencia y la honestidad, capaz de conducir a Venezuela hacia un proceso electoral democrático, que le devuelva el poder al pueblo soberano”. Igualmente señalan que el descontento crece por el empobrecimiento de la población: “Se pretende desconocer la capacidad ciudadana para decidir sobre su propio destino, capacidad por cierto ya demostrada en el heroico proceso electoral de 2024. Ante la falta absoluta del Presidente, solo queda la convocatoria inmediata a elecciones presidenciales. Con ellas, el pueblo ejercerá la soberanía según lo establecido en el artículo 5 de la Constitución. En esas elecciones deben darse garantías para la plena participación de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia”.
Por considerarlo de interés para nuestros lectores, publicamos a continuación el texto completo del referido comunicado:
Se esperaba que, las acciones realizada el pasado 3 de enero, permitieran, de forma inmediata, la reconstrucción institucional de la República y la plena vigencia de las libertades ciudadanas. Lamentablemente, no ha sido así. Vemos con preocupación que la política oficial norteamericana pareciera limitarse a operar con la estructura mafiosa y criminal de la dictadura, en una dinámica caracterizada por poca transparencia y tolerancia con conocidos responsables del mayor saqueo de las finanzas públicas en la historia de la nación. Sigue intacto el aparato represivo; no se ha dado la libertad a todos los presos políticos, civiles y militares, ni libertad plena a la mayoría de los excarcelados y no se han clausurado los centros de tortura. El descontento crece por el empobrecimiento de la población. Aunado a lo anterior, se pretende desconocer la capacidad ciudadana para decidir sobre su propio destino, capacidad por cierto ya demostrada en el heroico proceso electoral de 2024. El aumento del malestar con el régimen transitorio puede abarcar también a los Estados Unidos de Norteamérica.
Hemos pedido que se aplique la Constitución. Insistimos en ello. Ante la falta absoluta del Presidente, solo queda la convocatoria inmediata a elecciones presidenciales. Con ellas el pueblo ejercerá la soberanía según lo establecido en el art. 5 de la Constitución. En esas elecciones deben darse garantías para la plena participación de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Impedir de manera directa o a través de interpuestas personas la realización inmediata de elecciones presidenciales convertiría a los Estados Unidos en algo muy distinto a lo esperado de ser factores y garantes de la libertad: los transformaría en corresponsables de la continuidad de la peor tragedia de nuestra historia. Llamamos a nuestros amigos americanos a corregir el rumbo mantenido hasta ahora.
En esta declaración queremos hacer especial referencia al petróleo. Los inmensos recursos de Venezuela son de vital importancia para el Hemisferio Occidental y particularmente para los Estados Unidos. Durante el siglo XX, Venezuela fue una fuente segura y confiable de suministro energético para los Estados Unidos y mantuvo siempre relaciones ordenadas y justas con su principal cliente, incluso después de la nacionalización de la industria, en 1976.
Con la llegada de Hugo Chávez al poder, en 1999, las compañías petroleras americanas fueron despojadas de sus áreas de explotación. Entonces se inició un proceso de acercamiento político a Rusia, China e Irán, todo ello con la influencia determinante del régimen comunista de Cuba. La economía del país, en todos los órdenes, pero particularmente la industria petrolera, comenzó a sufrir un proceso de deterioro y destrucción, que afectó su capacidad productiva. El país pasó de producir 3.3 millones de barriles de petróleo por día, en 1999, a llegar a producir sólo 400.000 barriles por día y una producción de productos refinados de 200.000 barriles por día.
Las grandes compañías petroleras americanas se rehúsan a participar en la recuperación de la industria invocando la carencia de seguridad jurídica. La reciente Ley Orgánica de Hidrocarburos estimula la discrecionalidad y no ofrece condiciones fiscales atractivas para la inversión. Se viene ejecutando un proceso de otorgamiento de áreas sin ninguna
transparencia. Incluso se han otorgado áreas de producción a reconocidos personajes que han hecho inmensas fortunas incurriendo en actos de corrupción. Los venezolanos no tenemos la debida información sobre los volúmenes de producción y desconocemos la magnitud de los recursos financieros producto de las exportaciones petroleras. Tampoco conocemos el destino que se está dando a esos recursos. Tenemos el derecho de estar informados.
Finalmente, el tema de la Deuda Pública no puede ser ignorado en el contexto actual. Su dudosa legalidad, el monto desconocido y la oscura forma de contratar asesorías externas, a espaldas de instituciones financieras internacionales, obligan a desconocer cualquier negociación iniciada por el régimen provisorio. Solo un gobierno emanado del ejercicio soberano de la voluntad popular puede negociar la deuda pública.
Estamos a tiempo de rectificar. Se requiere, con la mayor urgencia, un cambio en la conducción del país y la instauración de una administración transitoria basada en la transparencia y la honestidad, capaz de conducir a Venezuela hacia un proceso electoral democratico, que le devuelva el poder al pueblo soberano.
28 de agosto, 2026
Por el Consejo Superior de la Democracia Cristiana para Venezuela:
Oswaldo Álvarez Paz, Humberto Calderón Berti, Abdón Vivas Terán, José Rodríguez Iturbe, Andrés Caldera Pietri, Asdrúbal Aguiar, Gustavo Tarre, Haroldo Romero, Ivonne Attas, Nelson Maldonado, Enrique Naime, Emilio López, Macky Arenas. Milos Alcalay, Juan Fernández, Cesar Pérez Vivas, María Alejandra Aristeguieta, Lorenzo Tovar C. (Secretario Ejecutivo).
