Humberto González Briceño
La política estadounidense parece orientada a consolidar primero la estabilización petrolera y financiera. No sería la primera vez que los negocios avanzan más rápido que las libertades.
Humberto González Briceño
En Venezuela la oposición ha convertido el calendario en un instrumento de lucha política. Cada nueva fecha electoral aparece revestida de promesas de liberación, como si bastara marcar un día en el almanaque para alterar las relaciones de poder. Ahora le corresponde el turno al 24 de julio de 2027, fecha propuesta por el senador estadounidense Bernie Moreno y respaldada por María Corina Machado. La coincidencia con el natalicio de Bolívar aporta el simbolismo. Lo que falta, como siempre, son las condiciones materiales para convertirlo en realidad.
La propuesta parte de una premisa discutible: que Washington estaría dispuesto a subordinar sus intereses económicos y estratégicos en Venezuela a un cronograma electoral. Nada indica que sea así. La política estadounidense parece orientada a consolidar primero la estabilización petrolera y financiera, mientras la transición democrática permanece sometida a una conveniente indefinición. No sería la primera vez que los negocios avanzan más rápido que las libertades.
La devastación del sistema eléctrico, el deterioro de la industria petrolera y las consecuencias de los terremotos de junio de 2026 complican todavía más cualquier expectativa de recuperación acelerada. En estas circunstancias, resulta ingenuo suponer que las transnacionales y sus patrocinadores en Washington sacrificarán inversiones multimillonarias para satisfacer una fecha cargada de romanticismo bolivariano.
Del otro lado tampoco existen incentivos para precipitar elecciones. El interinato chavista de Delcy Rodríguez ha descubierto las ventajas de administrar una transición sin fecha de vencimiento. La reciente exclusión de Jorge Rodríguez de la lista de sancionados de la OFAC confirma que Washington reconoce a los hermanos Rodríguez como interlocutores útiles. Para ellos, prolongar una estabilidad comercial tutelada resulta bastante más atractivo que exponerse a una competencia electoral que podría desalojarlos del poder.
El problema fundamental no es entonces cuándo votar, sino cómo modificar los incentivos de quienes controlan efectivamente la transición.
Si María Corina Machado pretende transformar su liderazgo en una fuerza capaz de alterar esa ecuación, debería desplazar la presión política hacia el terreno donde realmente se deciden los intereses: los contratos, las inversiones y la seguridad jurídica.
Una estrategia democrática eficaz tendría que advertir formalmente que las concesiones petroleras negociadas al margen de garantías constitucionales serán sometidas a revisión por un futuro gobierno legítimo. No mediante amenazas retóricas, sino mediante compromisos jurídicos verificables que introduzcan riesgos reales para quienes pretendan convertir la transición en un negocio permanente.
Porque las corporaciones pueden convivir perfectamente con gobiernos autoritarios. Lo que difícilmente toleran es la incertidumbre sobre la propiedad y rentabilidad de sus inversiones.
Mientras la oposición continúe reclamando fechas sin disputar los incentivos económicos que sostienen al chavismo, seguirá confundiendo deseos con estrategias. Y el 24 de julio de 2027 podría terminar convertido en otra celebración de Bolívar, esta vez con los venezolanos todavía esperando su propia independencia.
EL AUTOR es abogado y analista político con maestría en Negociación y Conflicto en California State University
