El histórico acuerdo de reparación de las víctimas contempla penas alternativas de reclusión y programas de sustitución de cultivos ilícitos
Redacción La Razón
Con la firma de un histórico acuerdo de justicia y reparación a las víctimas el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) dan un nuevo paso para la consolidación de la paz en Colombia.
Este martes ambas partes anunciaron en Cuba que alcanzaron un compromiso conjunto para establecer un sistema integral de justicia especial que deja en manos del Estado el grueso de las responsabilidades sobre la materia y que incluye penas alternativas de reclusión.
se podrá otorgar amnistía para guerrilleros no implicados en delitos atroces
También establece que la responsabilidad de la guerrilla para resarcir los daños cometidos debe ser, según el propio grupo guerrillero, con trabajo personal y colectivo, hechos, decisiones políticas y aportaciones personales.
Este acuerdo forma parte del punto cinco de la agenda de paz que se estableció entre el gobierno y los representantes de las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones de La Habana.
Luego de este anuncio la meta es acordar el cese bilateral en Enero y llegar al acuerdo final de paz como lo prometieron en septiembre el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el comandante en jefe de las FARC-EP Rodrigo Londoño Echeverri (alias Timochenko).
Sistema penal permitirá amnistía y penas restaurativas
En materia de justicia el acuerdo consigna que habrá penas de 15 a 20 años a través del régimen ordinario (cárcel) para quienes no reconozcan la verdad y hayan cometido graves crímenes contra los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, violencia sexual o prácticas como el reclutamiento de menores, entre otras.
Sin embargo, si el responsable las acepta de manera tardía, pero antes de la emisión de sentencia, puede ser condenado a una pena de 5 a 8 años de efectiva de la libertad en un lugar que no sea una cárcel tradicional.
También se otorga amnistía para los guerrilleros que no estén implicados en delitos atroces, como secuestro, violencia sexual, ejecuciones fuera de combate, y solo estén acusados de levantarse en armas contra el Estado.
Este tipo de pena restaurativa era el punto más controvertido del acuerdo y una de las exigencias claves de las FARC-EP para sumarse a la paz. Para la supervisión y monitoreo se establecieron mecanismos idóneos para certificar que se cumpla la pena.
¿Cómo reparará las FARC a las víctimas?
Se han establecido siete medidas de reparación integral para la construcción de la paz que deberán responder a los intereses y prioridades de las víctimas. El primer paso son los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva que requiere de pronunciamiento públicos de reconocimiento de responsabilidades y pedidos de perdón.
Luego, los actores implicados deberán llevar a cabo las acciones concretas de contribución a la reparación. Estas medidas corresponden en el caso de las FARC-EP a parte de su proceso de reincorporación a la vida civil.
Se trata de obras de reconstrucción de infraestructura en los territorios más afectados por el conflicto, la participación en los programas de limpieza y descontaminación de minas, programas de sustitución de cultivos ilícitos, la contribución a la búsqueda de restos de personas muertas o dadas por desaparecidas, y programas de reparación del daño ambiental.
Por su parte, el Gobierno Nacional de Colombia se comprometió a elaborar programas colectivos de retorno y reubicación de personas en situación de desplazamiento y de víctimas en el exterior, adicionales a los que se desarrollan actualmente, medidas sobre restitución de tierras, planes de rehabilitación psico-social para la convivencia y la no repetición y medidas para la recuperación emocional a nivel individual.
