La permisividad otorgada por Chávez a su fuerza armada, es lo que explica la recurrente injerencia que los ministros de la Defensa y otros militares vienen practicando sistemáticamente en los asuntos políticos del país
Oscar Battaglini
Este instrumento de poder es creado por Chávez con la misma motivación que dio pie a la formación del Psuv: su mentalidad militarista y totalitaria. Así como llegó a pensar que de su lado sólo debía existir un único partido político bajo su mando omnímodo, del mismo modo imaginó que debía ser con la fuerza armada. Pero una vez que se percata de las serias dificultades que esto representa para el logro de ese objetivo, toma la decisión de formar su propia fuerza armada. Él sabía que la FAN no iba a permitir que se le manejara de acuerdo a su voluntad, como si se tratara de una montonera decimonónica al servicio de un caudillo supremo o de una parcialidad política sin apego la normativa que la rige. De ahí su determinación de destruir a la FAN y fundar –en un súbito arrebato de inspiración pretoriana-, su propia fuerza armada. La cual fue convertida desde un principio en el principal instrumento en todo lo relacionado con la dirección del poder y del Estado. Este hecho es lo que tanto Maduro como Padrino López identifican con la tan cacareada unión cívico-militar que según ellos se habría constituido en el principal soporte del régimen chavista.
Es evidente que esa es la situación que los venezolanos hemos estado viviendo en lo que va de ese régimen en el poder y sobre todo desde el golpe de Estado de abril de 2002, fecha a partir de la cual se intensifican los esfuerzos orientados a la formación de una fuerza armada exclusivamente chavista. Recordemos la purga que como consecuencia de la insubordinación militar acaecida en torno a los hechos que durante los primeros meses de ese año tuvieron lugar, más de 80 generales, almirantes, contralmirantes, mandos medios, coroneles, teniente coroneles, mayores, etcétera, contrarios a su ideología, facilitaron su expulsión de la institución armada, facillitando con ello la conformación de esta nueva fuerza militar chavista.
Se trata de una organización paralela a la fuerza armada oficial y que en los hechos aparece superpuesta a esa otra tradicional e histórica. De igual modo se trata de un aparato armado constituido fundamentalmente con los restos del agrupamiento militar que permaneció agazapado en el interior de la FAN, como es el caso de Padrino López, para lo cual, Chávez se valió de cuanto mecanismo legítimo e ilegítimo, tuvo a su disposición para la realización de ese objetivo básico para sus fines políticos: el uso ventajista de su condición de Presidente de la República y Comandante en Jefe de las FAN; el ascenso en tiempo record y mediante todo tipo de irregularidades, de los oficiales que de alguna manera habían estado relacionados con el intento de golpe de Estado del 4F; la ubicación de esos oficiales en la estructura de la FAN como jefes de sus componentes. El pase a retiro de un gran número de oficiales que por distintas razones habían marcado distancia frente al chavismo; el retraso sistemático en los ascensos de muchos de esos oficiales, etc.
Una vez constituida Chávez hizo de esta fuerza armada la plataforma principal de su operatividad política, al tiempo que incitó de manera deliberada a su oficialidad a tomar parte activa en la vida política del país, con lo cual se viola permanentemente y de manera flagrante el principio legal y constitucional que prohíbe explícitamente a los militares activos, participar directamente en la actividad política nacional (artículos 328 y 330). Esa permisividad otorgada por Chávez a su fuerza armada, es lo que explica la recurrente injerencia que los ministros de la Defensa y otros militares vienen practicando sistemáticamente en los asuntos políticos del país. Con esa práctica Chávez buscaba convertir, de hecho, a la fuerza armada en un actor político deliberante que, eventualmente, pudiera imponer su particular visión de las cosas a la sociedad venezolana. Esta es una cuestión que cobra factibilidad si se tienen en cuenta: la inestabilidad política que sigue afectando la situación política nacional; la precariedad institucional existente y la terrible crisis económica y social por la que atraviesa nuestro país. Se trata además, de una posibilidad que tiende a ponerse a la orden del día como consecuencia del estado de debilidad en que quedó el oficialismo chavista luego de la descomunal derrota electoral sufrida el 6D. No es por casualidad que el señor Padrino López ha venido intensificando su presencia e intromisión en los asuntos políticos de la República. Sus declaraciones sobre la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, no sólo constituye un desafío que se le hace a un poder que acaba de ser electo por el voto mayoritario del pueblo venezolano, sino que también se le hace a la única institución que en Venezuela tiene la facultad para dictar una ley como esa sin interferencias de ninguna naturaleza. Concretamente ha dicho que tanto él como la fuerza armada chavista se mantienen en constante vigilancia para impedir la aplicación de una ley que según él, atenta contra la ética, la moral, la disciplina y favorece la impunidad (¡!).
Según la “lógica” de este señor (lo mismo puede decirse de lo expresado por Maduro y el TSJ) en Venezuela no habría cabida para la amnistía ni para el indulto, el sobreseimiento o cualquier otra figura que en este sentido se proponga para intentar bajarle la intensidad o el nivel al conflicto social y político de que se trate. Salvo las excepciones universales que existen al respecto, lo que debe prevalecer en toda ley de amnistía es básicamente el fin político que se procura alcanzar con ella. De no ser así, no habría lugar -por ejemplo-, para que el Estado, el gobierno y la guerrilla colombiana procurasen la firma de un acuerdo de paz, luego de más de 50 años de una sangrienta guerra civil que ha provocado alrededor de 300 mil muertos.
La forma impositiva como Maduro, el TSJ y Padrino López, han manejado el tema, demuestra que sus “argumentos” contra la aplicación efectiva de dicha ley, no son sino pretextos para ocultar su verdadera intención política, que no es otra que la conservación del estado de crispación y polarización binaria en la que han mantenido inmersa a la sociedad venezolana en los 17 años que tienen en el poder. De eso se han alimentado de manera perversa durante todo ese tiempo. Si su interés fuera el de contribuir a bajar el grado de conflictividad existente, Maduro no hubiese remitido dicha ley al TSJ, que no tiene ninguna competencia en este caso, sino que debió devolvérsela a la Asamblea Nacional con sus observaciones para su aprobación final, pero eso, como se ha dicho, no está el cálculo político de esta gente. Lo cual demuestra a las claras la impostura de la posición que el madurismo ha venido enarbolando sobre la paz de la República, el diálogo, y una supuesta “Comisión de la verdad”, en relación a las muertes que por razones políticas se han producido últimamente en el país.
La Asamblea Nacional no sólo debe insistir en hacer efectiva la Ley de Amnistía aprobada por ella, sino que debe exigirle a las autoridades correspondientes, su cabal cumplimiento o ejecución.
