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Completa abolición del estado de derecho

Expropiaciones arbitrarias y conformación fraudulenta del TSJ y el CNE son algunos ejemplos de las conductas arbitrarias


Oscar Battaglini

A medida que se profundiza la crisis política en desarrollo, en esa misma medida se pone más de manifiesto, dentro del chavezmadurismo, su propensión a actuar al margen de la ley y la Constitución Nacional.

Esta actitud política delictiva ha estado siempre imbricada a la conducta observada por ambos mandatarios. Ejemplo de ello son entre otros los siguientes:

1.- Las expropiaciones arbitrarias y caprichosas de empresas y predios rústicos sin que mediara el correspondiente juicio legal y sin la indemnización pertinente.

Lo que desde todo punto de vista representa un robo amparado en las ventajas que otorga el poder ejercido de manera autoritaria y despótica.

Lo peor de todo esto, es que esos bienes expropiados no han sido incorporados a un plan de desarrollo integral del país, sino que se les ha condenado a la improductividad y a la quiebra.

Esa es la trágica realidad en la que hoy se encuentran la mayoría de las empresas y fundos agrícolas que fueron objeto de expropiación por parte del gobierno chávezmadurista.

He aquí una de las principales razones de la catastrófica caída de la producción nacional que ya sobrepasa el 10% del PIB, y que ha sometido al grueso de la población al padecimiento de la escasez de bienes económicos de consumo masivo y lo que es peor, al hambre.

2.- La forma irregular y fraudulenta como han sido constituidas la Sala Constitucional del TSJ y el Poder Electoral, sobre todo después del ascenso igualmente fraudulento de Maduro al poder político del Estado.

En lo que se refiere a la Sala Constitucional, puede afirmarse que la misma fue designada sin que la mayoría de sus integrantes, habitantes de un limbo moral de dudosa ética, cumplieran con los requisitos exigidos a tal efecto.

Lo que está claro es que ese organismo judicial fue constituido apresuradamente con miembros (secuaces) del chavismo, con el deliberado propósito de actuar como operadores políticos subordinados al autócrata que gobierna desde Miraflores.

Esa y no otra ha sido la tarea encomendada que fielmente han sabido cumplir.

Particularmente se han dedicado a “marcar” a la Asamblea Nacional; desconocer y declarar nulas todas las leyes y resoluciones aprobadas por este poder fundamental del Estado, en abierta y descarada violación de la Constitución Nacional y de su condición de ser el TSJ un poder derivado; esto es, que deriva su existencia precisamente de la Asamblea Nacional, en tanto que poder originario, es decir, un poder fundado directamente en la soberanía popular.

Adicionalmente a esto, el régimen madurista no sólo les ha confiscado los sueldos a los diputados, sino que los amenaza con arrebatarles también la inmunidad parlamentaria, violentando de ese modo lo dispuesto en la Constitución Nacional en esa materia.

Un aspecto relacionado de manera muy importante con esta cuestión, es que Maduro y su entorno palaciego no enviaran el proyecto de presupuesto nacional del año 2017 a la AN, tal y como corresponde por mandato constitucional para su aprobación.

Se logra con ello que no sea el Poder Legislativo, electo por la inmensa mayoría del electorado nacional, el que ejerciendo constitucionalmente su función contralora, apruebe y autorice la política de gasto de la administración central, sino que en su lugar, el presupuesto de la nación sea aprobado en medio de un tinglado pseudo asambleario en medio de un show conformado por partidarios del gobierno y organizado por el Psuv.

Es indudable que con esta aberración, el país desembocará en una situación de completa abolición del estado de derecho en la que cesaría toda vigencia del orden constitucional, que a pesar de su carácter cada vez más precario, aún prevalece en la República.

Se percibe claramente que el régimen madurista está jugando al caos en medio de la desesperación que le produce saber que su permanencia en el poder está severamente limitada por la determinación de la inmensa mayoría de venezolanos de revocarle el mandato, bien sea por vía del referendo revocatorio o por la vía de las elecciones presidenciales del año 2018.

Por eso las argucias y trapacerías, por eso las estratagemas dilatorias y los subterfugios leguyeriles.

Por lo tanto, es de suponer que del tiempo que va de aquí, al posible cumplimiento de esos eventos, la burocracia chavezmadurista intentará nuevas acciones dirigidas a caotizar aún más la vida política del país.

Pero con ello no logrará otra cosa que empeorar su situación actual.

En particular se acentuaría su aislamiento tanto en lo nacional como en lo internacional.

En el plano interno quedaría más en evidencia que se está frente a un gobierno que antes que ocuparse de buscarle una solución efectiva a los graves problemas que padecen los venezolanos, lo que hace es ponerle trabas a la posible solución de los mismos, mediante la implementación de políticas y medidas obstruccionistas, antidemocráticas y represivas.

En el ámbito internacional quedaría más aún como un gobierno forajido, violador de los derechos humanos, de la Constitución de la República y de los valores de la democracia.

La percepción que se tiene del gobierno venezolano en la OEA, en Mercosur y hasta en la ONU, es un claro anticipo de lo que pudiera ocurrirle al régimen madurista, de consumarse las amenazas que ha venido profiriendo últimamente.

Mientras tanto la crisis general en desarrollo sigue su curso y con ella también crece el descontento popular. Lo que se anuncia para el próximo año, prefigura una situación aún más difícil para la nación.

Sobre todo se estima que la recesión, la inflación y la escasez de productos del consumo básico, se harán cada vez más severas, pero no por ello debe decaer la determinación de hacer todo lo que esté en nuestras manos para superar la pesadilla a la que nos ha aherrojado el gobierno forajido de ese nefasto engendro pseudopolítico que he dado en llamar el chávezmadurismo.