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Los acuerdos colombianos

De haber ocurrido la concreción de los “acuerdos de paz”, era lógico pensar que el territorio venezolano pudiera haber sido utilizado en dar cobijo permanente a guerrilleros pacificados


Luis Fuenmayor Toro

No estuvimos entre quienes asumieron en declaraciones el ritual estereotipado de la “trascendencia para la paz y para nuestros hermanos”, de los acuerdos firmados entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos.

Tampoco estuvimos entre quienes señalaron “el ejemplo que los acuerdos deberían significar para los venezolanos”, en la coyuntura actual.

Nos parecen observaciones retóricas, que tocan las situaciones en forma superficial, sin dar valor agregado importante a la comprensión de las mismas, ni mucho menos a los impactos internos y externos que tendrían en el futuro.

Son además expresiones muy tediosas, llenas de lugares comunes y repetidas hasta la saciedad por prácticamente todo el mundo.

Esta opinión, al igual que el “NO” a los acuerdos votado por los colombianos, en absoluto significa un llamado a la guerra y a la violencia, ni que se considere positivo el enfrentamiento militar de años entre el gobierno colombiano y la guerrilla.

A pesar de la derrota plebiscitaria de Santos, las FARC, el gobierno cubano, el venezolano y el estadounidense, todos férreamente unidos alrededor de los acuerdos firmados, quisiera referirme a los efectos perversos, que la situación de paz en el vecino país, pudiera haber producido en el nuestro, algo de lo cual nadie habla, ni comenta, pero que debería ser lo más importante para nosotros los venezolanos.

El conflicto colombiano nos trajo la indeseable presencia en Venezuela de guerrilleros y paramilitares uribistas, situación profundizada por el presidente Chávez, quien prácticamente autorizó y legalizó la presencia de los mismos en el país.

Por otra parte, quisiera también llamar la atención de la situación de estabilidad y fortaleza que el gobierno de Santos hubiera logrado, al quitarse de encima un conflicto de más de medio siglo, lo que le hubiera permitido ocuparse en forma eficaz de los problemas limítrofes que mantiene con sus vecinos, entre ellos nosotros.

Hubiera quedado libre la oligarquía vecina para ocuparse de Venezuela y para continuar con su deporte preferido: despojarnos de territorio.

Las guerrillas de las FARC y del ELN vienen utilizando nuestros espacios, inicialmente como zonas de refugio y protección momentáneas, ante la persecución del ejército colombiano, pero más adelante instalando sus campamentos dentro de Venezuela, a lo largo de la frontera con Colombia, gracias a la permisividad asumida por el gobierno chavecista.

En otros casos, unidades guerrilleras y grupos paramilitares se instalaron en pueblos y ciudades, como ocurrió en el estado Táchira, donde asumen labores de vigilancia, de control territorial y poblacional y actividades ilícitas para la obtención de recursos, ante la mirada indiferente o complaciente de nuestra FANB.

En todos los casos, su estancia en Venezuela se sustentó en actividades de contrabando, tráfico de drogas, cobro de “vacunas”, secuestro y otras similares a las del hampa común.

De haber ocurrido la concreción de los “acuerdos de paz”, era lógico pensar que el territorio venezolano pudiera haber sido utilizado en dar cobijo permanente a guerrilleros pacificados, que no se sintieran seguros en Colombia.

Adicionalmente, aquellas unidades de las FARC que no se incorporaron a las conversaciones ni a los acuerdos, junto con las unidades del ELN, que tampoco son parte de los mismos, tendrían mucha mayor necesidad de utilizar a nuestro país, ante las acciones de un ejército con las manos mucho más libres para actuar contra los irregulares restantes.

Todo esto lo que significa es que Venezuela se vería perjudicada en relación a la ocupación ilegal de su territorio con motivo de los acuerdos Santos-Timochenko.

Ocupación que además de estabilizar las actividades delictivas existentes, significaría un nuevo despojo de territorio para Venezuela, pues nuestros gobiernos están muy lejos de tener a la defensa de la integridad territorial del país como un objetivo fundamental.

Por otra parte, un gobierno colombiano libre de la presión que significa una guerra que no había podido ganar en más de medio siglo, hubiera podido profundizar sus acciones en relación a sus ilegales reclamos en el Golfo de Venezuela, lo que colocaría a nuestro país en una situación muy difícil, sobre todo si entendemos que atravesamos una crisis económica grave, que somos un país dividido, con instituciones destruidas, hambriento y miserable y con sectores antinacionales muy beligerantes, todo lo cual nos hace vulnerables y débiles, como lo hemos venido señalando; que tenemos además dentro de nuestras grandes ciudades a 6 millones de nacionales colombianos (el 20 por ciento de la población) y que nuestra “amada” Colombia tiene 5 bases militares estadounidenses y es miembro de la OTAN, a pesar que esto contradice el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.

Como se puede ver, nada de esto se mencionó en el “jolgorio continental” previo al rechazo de los acuerdos del 2 de septiembre pasado. Hay quienes lo saben pero lo esconden y hay quienes no se habían percatado de estos graves peligros.

Pero no sólo hay que mencionarlo y comentarlo públicamente como hoy hacemos, sino debemos realizar un seguimiento cercano y permanente de los acontecimientos por venir.

Entendemos que Colombia y las FARC quieran la paz y que ésta sea también interés de EEUU y de la Cuba actual.

Pero todo ello no significa necesariamente que lo que ocurra será siempre positivo para nuestro país. Ya en el pasado, Venezuela pagó con parte de su territorio el aplacamiento del vecino, para evitar que pudiera interferir la lucha contra el eje nazi fascista.

Ya es hora de no seguir asumiendo los costos de los acuerdos de terceros y mucho menos con parte de nuestra geografía.