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El oro de Venezuela es rompecabezas para un juez británico

AFP/ Un tribunal comercial de la Alta Corte de Londres examinó esta cuestión durante cuatro días en el marco de una querella del Banco Central de Venezuela (BCV) contra el Banco de Inglaterra (BoE) para recuperar más de 30 toneladas de oro, valoradas en mil millones de dólares.

Al término de las audiencias el jueves, el juez Nigel Teare prometió anunciar su decisión «lo antes posible» sin más precisiones.

En el último día de vistas, el abogado Andrew Fulton, que representa los intereses del líder opositor, argumentó que «no es el papel (…) de la justicia inglesa interferir en los asuntos internos de un Estado extranjero soberano».

Y que poner en duda las decisiones tomadas por Guaidó, tras reconocerlo como «presidente constitucional interino» en febrero de 2019, sería entrar ilegítimamente en política.

«No son argumentos políticos, y aunque algunos de ellos (…) plantean cuestiones de interpretación de la Constitución de Venezuela bajo la ley venezolana eso no es una cuestión política sino jurídica», aseguró Nick Vineall, abogado del gobierno de Nicolás Maduro.

– ¿Qué poder se reconoce a Guaidó? –
Consultado por el tribunal, el gobierno de Boris Johnson repitió en una carta lo dicho por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, en 2019: que reconoce a Guaidó como «presidente constitucional interino de Venezuela hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales creíbles».

Según Vineall, fue un acto «meramente político» que no le otorga ningún poder.

Se hizo «de manera un poco ambigua», reconoce a la AFP Diego Moya-Ocampos, experto sobre las Américas para el grupo londinense de análisis de riesgos IHS Markit.

«La corte debe decidir si tiene implicaciones suficientes como para que él válidamente nombrase una junta directiva del banco central», agrega.

Tras «invalidar» al presidente del BCV Calixto Ortega, en julio de 2019 Guaidó nombró su propia dirección de la institución, una decisión que poco después fue anulada por la Corte Suprema de Venezuela.

Pero Fulton argumentó que la Corte Suprema venezolana es «una marioneta del régimen corrupto» de Maduro.

Y el juez Teare se preguntó si «¿un acto de Estado ilegal sigue sin embargo siendo un acto de Estado?».

– «Poco probable» que el oro vaya a Maduro –
En opinión de Moya-Ocampos, «es muy poco probable que la corte vaya a autorizar la transferencia de los activos hacia la administración de Maduro».

Los lingotes podrían simplemente permanecer en las cámaras acorazadas de Londres hasta que se celebren elecciones transparentes.

La junta del BCV nombrada por Guaidó pidió al BoE que no entregue el dinero para evitar que sirva al enriquecimiento personal de figuras del régimen y la represión de la población civil.

Según datos del World Gold Council, Venezuela posee un total de 161,2 toneladas de oro.

En los últimos años, «ha venido vendiendo parte de esas reservas de forma poco transparente y ese dinero no se ha utilizado para financiar ayuda humanitaria, ni tampoco ha entrado a las arcas del tesoro venezolano», afirma el analista.

Y asegura que existe en Londres «un gran temor por el daño reputacional para el Banco de Inglaterra, para las cortes británicas y para el Reino Unido como tal porque, evidentemente, estamos hablando de mucho dinero que sencillamente no va a ser destinado a ayuda humanitaria».

– ¿Coronavirus, un pretexto? –
Caracas asegura necesitar los fondos para luchar contra la pandemia de covid-19, pero lo cierto es que lleva más de año y medio intentando  repatriar estos lingotes.

En opinión Moya-Ocampos, «el tema del coronavirus es simplemente un pretexto».

El gobierno venezolano aseguró haber negociado que el dinero se trasfiera directamente al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la compra de medicamentos y suministros médicos.

Pero, preguntado por la AFP, el PNUD solo confirmó que Caracas le hizo la propuesta y que el organismo está dispuesto a «explorarla» en el marco de un eventual acuerdo entre el BCV y el BoE.

El resultado de este juicio puede sentar un precedente para otros fondos venezolanos bloqueados en el extranjero, señala Moya-Ocampos.