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Decía Balzac que la sociedad -a la que él denomina “Segunda Naturaleza”- se provee a sí misma de todos los individuos dotados con las cualidades necesarias para los servicios que de ellos se espera.
Oscar Battaglini
Esta sentencia, con la que se puede estar de acuerdo o no, y con la cual su autor intenta explicar el rol que cada quien desempeña o cumple normalmente en la sociedad, llama sobre todo la atención cuando el desempeño del oficio político es percibido como anormal y, por lo tanto, comienza a ser repudiado ética, moral y políticamente por la sociedad o por la inmensa mayoría de sus integrantes. Pero, a pesar de que este resultado ha sido hasta ahora una constante en la historia política de las sociedades humanas, no por ello los regímenes autoritarios (fascistas, militaristas, etc) han carecido de gente que, por una u otra razón, se integran a ellos llegando incluso a destacarse en el servicio que le prestan sin importarles lo miserable o vil que pueda ser.
Tal es el caso –por ejemplo- en la historia universal, de los regímenes encabezados por Hitler, Stalin, Pinochet, etc; y en nuestra historia particularmente, por los regímenes de Gómez, Pérez Jiménez y el chávezmadurismo, constituido este último –como el hitlerista- por un populacho de desclasados y advenedizos que usurpa el poder desde hace más de 20 años, y que le ha infligido un daño patrimonial e institucional a la nación venezolana inconmensurable. Muestra de ello es, por un lado, la parálisis y el estado ruinoso que hoy presenta la economía nacional, y cuyas secuelas más visibles son la pobreza generalizada de nuestra población (lo cual empujó a millones de venezolanos a buscar fuera de nuestras fronteras mejores condiciones de vida) y el deterioro de todos los servicios públicos; y, por otro lado, la destrucción de la estructura institucional del Estado y el envilecimiento de la “justicia” que se imparte desde el TSJ, la Fiscalía y los tribunales de la República.
Ese resultado catastrófico que en su origen es producto de la improvisación, la incuria, ineptitud (la piratería) y el carácter extremadamente reaccionario (retrógrado) que determina a la caterva en el poder, se ha visto agravado, sobre todo en el ámbito económico y social debido a la adopción que definitivamente, ésta ha hecho de la “reprimarización” que nuestra economía; lo que no sólo implica renunciar a la aspiración de que nuestro país alcance niveles de desarrollo económico y societal en general en armonía con los parámetros civilizatorios de nuestro tiempo, sino que nos condena a continuar siendo un país de estructura económica extractivista y exportador de materias primas de origen natural, como ha sido hasta ahora nuestra historia económica en lo fundamental.
Pero eso no es todo, con esa decisión la dictadura madurista, en medio de su cháchara pseudo revolucionaria, abandona en toda la línea la tesis del pensamiento progresista latinoamericano de que la especialización y la sola exportación de bienes primarios, constituyen un serio obstáculo para nuestro desarrollo autónomo. Ahora, con el viraje dado por la dictadura, se comienza a priorizar y a considerar como positiva y beneficiosa para los intereses nacionales la práctica económica basada en el extractivismo petrolero y minero. Esta es la oferta de negocios que el descafeinado que hace las veces de canciller de nuestro país, lleva en su portafolio en sus andanzas por Pekín (Beijing), Moscú y Teherán. Esto es lo que se extrae de la rueda de prensa que días atrás dio a los medios de comunicación internacionales desde Moscú.
En esa comparecencia pública el canciller de la dictadura se esforzó en dejar sembrada la impresión de que las negociaciones con la mafia que controla política y económicamente a Rusia, se hacen en condiciones de igualdad y equidad y no de vasallaje, como podrían suponer los malpensados. Lo mismo puede decirse de las negociaciones que se adelantan con la burocracia china y con el Estado fundamentalista iraní. Lo que, por supuesto, no aparece en sus declaraciones es, en primer lugar, que esas negociaciones o convenios bilaterales no se efectúan para contribuir a la recuperación y crecimiento económico del país, sino para depredar aún más sus riquezas naturales, provocando con la destrucción de esos ecosistemas, mayores e irreversibles daños al ambiente y a las poblaciones indígenas asentadas en los territorios en explotación; y por último, para imponer una desregulación del trabajo mucho más lesiva a los derechos de los trabajadores. En segundo lugar, el carácter leonino de esos convenios, los cuales dejan en evidencia que son suscritos con el régimen madurista como forma de pago por el apoyo y el respaldo que recibe de esos tres países. Y en tercer lugar, que lo que se busca, en definitiva, con esas negociaciones es obtener los recursos financieros que le permitan al madurismo –en medio de la agudización de la crisis general en desarrollo- mantener el gasto corriente del Estado (incluido el gasto regular y el peculado) y de ese modo seguir reteniendo el poder mediante una cada vez mayor arremetida represiva (judicial y policial), y por supuesto, el fraude electoral.
A esa práctica antipatriótica, antinacional y obscena -ellos lo saben- le falta un aparato legislativo que le conceda visos de “legalidad” y “legitimidad” a sus arbitratriedades y tropelías (abusos, injusticias, desafueros), cosa que ni la constituyente fraudulenta, ni la asamblea tarifada del tránsfuga Luis Parra le pueden proporcionar, y, porque están conscientes además que todas las negociaciones realizadas por el Estado venezolano que ellos representan, carecen de sustento legal y Constitucional, puesto que en ningún momento fueron revisadas y autorizadas por el organismo natural para dar esa aprobación que, como todos sabemos, es la Asamblea Nacional que hoy preside Juan Guaidó.
Es en este punto cuando aparecen más de bulto los afanes de la dictadura madurista y la colaboración cómplice de la “oposición” de la “mesita”, dirigidos a forzar la realización atropellada de unas “elecciones” parlamentarias plagadas de múltiples irregularidades impuestas por la dictadura tramposa, violando toda la normativa legal y Constitucional existente sobre la materia; y que, en el hipotético caso de que se efectúen, eso ocurriría en medio de la crisis humanitaria que hoy padecemos y en condiciones aún más severas como consecuencia del curso exponencial que tiende a tomar la pandemia del coronavirus Covid 19 en nuestro medio. De todas maneras si la dictadura logra, contra viento y marea ejecutar esas “elecciones”, el único resultado que obtendría, sería el de una asamblea nacional que, por espuria, no gozaría del reconocimiento nacional, ni el de la comunidad internacional, tal y como ocurre en estos momentos con la constituyente fraudulenta, al delictivo TSJ, el fiscal de facto y la parodia de asamblea nacional forjada por la dictadura madurista según sus designios con diputados bajo cohecho (soborno, compra), por algo los llaman la banda de “los Clap”. Vistas así las cosas, se percibe que las andanzas económicas del canciller de la dictadura n irán más allá de los tres países mencionados, a los que no les ha importado que sus negociaciones con Venezuela se hayan estado haciendo con un Estado forajido (transgresor, fuera de la ley, criminal), situación que, al parecer, se mantendrá hasta el cada vez más cercano día del juicio final.
