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Paralización del transporte está afectando la calidad de vida

Enrique Meléndez

Antes de la pandemia del Covid-19 la situación ya era angustiante y grave para la población con el transporte público y el tránsito en general, resalta en entrevista con La Razón la profesora Yelmira Jiménez, presidenta de la línea “La Voluntad de Gandhi”, organización que hace vida en la parroquia Caricuao, municipio libertador, Caracas.

“A partir de la realidad de la pandemia, las dificultades y las carencias en este sector alcanzaron progresión exponencial. Cada vez son mayores los suplicios y los problemas se multiplican sin encontrar vías de solución inteligente y racional”, agrega.

La profesora Yelmira Jiménez, presidenta de una línea de transporte público en la parroquia Caricuao, indica que la crisis en este sector requiere consenso y construir soluciones

Indica que la crisis de movilidad, tránsito y transporte está generando un inmenso cuello de botella, con el cual ganan muy pocos y pierde la gran mayoría. “Con la paralización de las actividades productivas, educativas, la inmovilización de la población, la economía, la sociedad y la calidad de vida resultan seria y negativamente afectadas”, indica.

Señala que las personas, empresarios, personal profesional, técnico y obrero, al no poder circular libre por las numerosas restricciones, imposibilita que, tanto los transportistas de carga como el transporte público, puedan laborar con eficacia y prestar un servicio de calidad y competitivo.

“La persistente inflación, la dolarización de los precios de repuestos e insumos; la escasez de combustibles y lubricantes; la imposibilidad de garantizar la sustentabilidad del servicio con las irrisorias tarifas vigentes, coloca a los transportistas en situación de colapso; lo que explica el paro técnico de 85% en el sector”.

Adicionalmente, señala la imposibilidad de los usuarios para pagar las tarifas reales del servicio; así como las restricciones con los protocolos sanitarios y de bioseguridad ante los peligros de la pandemia en un país ya en emergencia humanitaria. Indica que todo esto conlleva a que también haya muy poca demanda en el uso del servicio.

“Paralizar, detener, inmovilizar el país no le conviene a nadie. Ya 22 años de malas políticas públicas son suficientes. Las erradas decisiones han llevado al transporte público y de carga a una situación de minusvalía que amenaza de impedir cualquier acción positiva que procure revertir, corregir los graves problemas”, agrega.

Acerca de la situación social de los usuarios, refiere que los venezolanos están más allá de los niveles de pobreza crítica con ingresos igual o menor a dos dólares diarios. Añade que entre 55% y 65% de los venezolanos devengan salarios y pensiones entre los más bajos del mundo. Explica que ello no les permite pagar la tarifa que corresponde de acuerdo a los niveles de inflación y devaluación que permitan a los transportistas garantizar la sustentabilidad del servicio.

A su juicio, otro elemento de gran preocupación es el tema formativo e informativo tanto de los transportistas, como de los usuarios; que las alternativas reales para resolver los problemas del país pasan por tener una economía productiva y sana, y que por eso hay que lograr una mayor y mejor democracia; de manera que los venezolanos tengan la opción de recibir una educación de calidad; donde el trabajo creador y competitivo sea la norma y no la excepción.

La profesora Jiménez, además de transportista público, es educadora. Se desempeñó como sub-directora de la Unidad Educativa Pedro Emilio Coll. Actualmente es candidata a diputada para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre por el circuito 5 de Caracas (El Paraíso, La Vega, Antímano y Macarao). Es postulada por el partido Unión Progreso, presidido por Mercedes Malavé. El mentor ideológico de este proyecto político es Eduardo Fernández y Miguel Parra es el secretario general nacional.

Afirma que el parque automotor es el más anticuado de América Latina y de los más contaminantes e inseguros. Agrega que la industria automotriz está operando al 10%, sin reservas, ni divisas, la nación en default, por la imposibilidad de honrar su amplia deuda externa. También añade que el sistema no está adaptado para brindar un adecuado servicio a las personas de la tercera edad ni a los discapacitados. “Nos encontramos en una situación que exige el concurso y el consenso de los mejores para construir las soluciones que el país requiere”, resalta.