Edgard Simon Rodriguez
Diálogo, continuidad institucional y legitimidad constitucional, son los lineamientos del Tribunal Supremo de Justicia designado y juramentado por la Asamblea Nacional en el año 2017.
Edgard Simón Rodríguez
La restitución del Estado de Derecho en Venezuela exige mucho más que la sustitución de quienes han ejercido ilegítimamente el poder. Requiere reconstruir las instituciones, recuperar la independencia de los poderes públicos y, fundamentalmente, evitar que los procesos de reorganización institucional reproduzcan las mismas prácticas que durante años contribuyeron a la destrucción de la República y el Estado de Derecho.
En ese contexto, la situación del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo en el exilio, cuyos Magistrados fueron designados y juramentados en el año 2017 por la Asamblea Nacional del 2015, merece una reflexión responsable y, sobre todo, constitucional. No estamos ante un asunto exclusivamente relacionado con la continuidad de un grupo de Magistrados, sino frente a un problema de legitimidad institucional, seguridad jurídica y responsabilidad histórica y moral ante una eventual transición democrática, más aún considerando que la la designación de estos Magistrados fue realizada por esa misma Asamblea Nacional del 2015, la cual debería reconocer su propia legitimidad respetando sus propias decisiones.
Después de aproximadamente nueve años desde sus designaciones, los Magistrados que integran este Máximo Trinunal han atravesado circunstancias personales, profesionales y políticas extraordinariamente complejas. Algunos han permanecido fuera de Venezuela, luego de una feroz persecución. Por ello, cualquier iniciativa dirigida a reorganizar el Poder Judicial debe comenzar por una premisa elemental: escuchar a quienes han formado parte de ese proceso institucional y de lucha por años, aclarando su situación jurídica.
*El diálogo como punto de partida*
Resulta indispensable promover un encuentro entre la representación de la Asamblea Nacional electa en 2015 y los Magistrados del TSJ en el exilio, a través de sus respectivas instancias de representación.
La finalidad de esa reunión debería ser entre otras, conocer formalmente cuántos Magistrados estarían dispuestos a regresar a Venezuela y tendrían disposición de participar en una etapa de transición democrática.
Precisamente por ello, la interlocución entre las partes resulta indispensable. La dirigencia política que tiene responsabilidades en este proceso debe comprender que la construcción de una nueva institucionalidad no puede descansar sobre decisiones unilaterales ni sobre la exclusión de quienes también han formado parte de la resistencia institucional frente a la ruptura del orden constitucional.
Una conversación oportuna podría evitar que las decisiones posteriores no respondan a criterios jurídicos sino a consideraciones estrictamente coyunturales aún marcadas por los intereses del Régimen.
En consecuencia, corresponde a quienes tienen responsabilidades de conducción política en la Mesa de Negociación y el Comité de Postulaciones propiciar este acercamiento.
*La continuidad institucional y la posibilidad de Magistrados de transición*
Uno de los aspectos que merece atención jurídica es la duración constitucional del período de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
El artículo 264 de la Constitución establece un período único de doce años para el ejercicio de la magistratura. Si consideramos que los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia fueron designados y juramentados el 21 de julio de 2017 por la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, existe un argumento jurídico que merece ser examinado: la posibilidad de reconocer la continuidad del período constitucional pendiente, sin desconocer las particularidades de las circunstancias institucionales que atraviesa el país.
En ese sentido, una nueva Asamblea Nacional, una vez restablecida su legitimidad democrática, tendría que examinar cuidadosamente las consecuencias jurídicas de las designaciones anteriores, el período transcurrido y las condiciones constitucionales para la integración del Máximo Tribunal.
Dentro de ese debate podría estudiarse una fórmula excepcional de continuidad institucional mediante la figura de Magistrados de transición. Esta alternativa permitiría a los Magistrados Legítimos en el exilio participar en la reconstrucción institucional y contribuir durante una etapa transitoria, hasta que se produzca la reorganización definitiva de los poderes públicos conforme a la Constitución.
La incorporación de los Magistrados ya designados y juramentados por la AN del 2015, no desdice la incorporación en las restantes vacantes, de los Magistrados que hoy día seleccione el Comité de Postulaciones.
*Evitar una nueva controversia que comprometa a la República*
Existe otro elemento que no puede subestimarse: las consecuencias de una eventual sustitución de Magistrados sin un proceso previo de diálogo y sin una fundamentación jurídica suficientemente sólida. Cualquier decisión que pueda interpretarse como un desconocimiento arbitrario de derechos podría generar controversias que trascienden el ámbito nacional.
No sería razonable que una transición democrática, llamada a restablecer la justicia y la institucionalidad, termine abriendo nuevos frentes de litigio contra la República. La posibilidad de reclamaciones por daños materiales y morales, así como de actuaciones ante instancias internacionales, obliga a considerar cuidadosamente las consecuencias de cada decisión.
*Una transición que no reproduzca los errores del pasado*
Venezuela necesita una transición democrática que no se limite a cambiar los titulares de los cargos públicos, sino que transforme las condiciones que permitieron la destrucción de la institucionalidad republicana.
La reorganización del Tribunal Supremo de Justicia debe responder a una visión de Estado y no a una distribución de cuotas políticas. Por ello, considero que existen dos actuaciones que deberían impulsarse con carácter prioritario:
*Primero:* Propiciar una reunión entre la representación de la Asamblea Nacional de 2015, el Comité de Postulaciones y los Magistrados del TSJ en el exilio, a fin de conocer sus posiciones y establecer las condiciones para una solución consensuada.
Y *Segundo:* Determinar cuántos Magistrados están dispuestos a regresar y participar en la transición, y estudiar jurídicamente la posibilidad de una fórmula de continuidad institucional que contemple, cuando corresponda, la figura de Magistrados de transición.
La Venezuela que aspiramos necesita dirigentes políticos capaces de comprender que la legitimidad democrática no se construye mediante imposiciones, sino mediante el respeto a la Constitución, la memoria histórica de lucha y la búsqueda de acuerdos nacionales.
Porque si algo debe quedar claro en esta nueva etapa de nuestra historia es que no basta con recuperar el poder: tenemos que recuperar la República.
2 de noviembre de 2026.
EL AUTOR es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), especialista en Moneda e Instituciones Financieras, con experiencia de litigio en Derecho Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo.
