El bebé de Giniveth Soto y Migdely Miranda no ha recibido la nacionalidad venezolana ni el reconocimiento de sus dos mamás. La negación de derechos humanos a la población Lgbti también afecta a los hijos de parejas homoparentales
Patricia Marcano
Cuando Giniveth Soto y Migdely Miranda decidieron casarse y formar una familia consideraron que ambos hechos contribuirían en el reconocimiento y respeto de sus derechos. “Gini pensó que estaríamos totalmente resguardadas, que sería aceptado, pero no. Igual muy cuesta arriba”, comenta Migdely.
Luego de varios años de relación, viajaron a Argentina y se casaron en junio de 2013 en Rosario (el país sureño aprobó el matrimonio igualitario hace cinco años). Regresaron a Venezuela, planificaron tener un bebé, acudieron a la técnica de reproducción asistida, y en septiembre del año pasado nació Salvador Gabriel Soto Miranda, gestado en el vientre de Migdely con un óvulo de Soto fecundado gracias a un banco de semen. Viajaron de nuevo a Argentina para gozar de otro derecho: la familia.
Sin embargo, a esos momentos de felicidad les sobrevinieron otros nada gratos. Les negaron el registro de su matrimonio en el Registro Civil “porque las leyes venezolanas solo reconocen el matrimonio entre un hombre y una mujer”; Salvador no ha recibido la nacionalidad venezolana a pesar de que la Constitución Nacional establece que toda persona nacida en territorio extranjero, hijo de padre y madre venezolanos por nacimiento, es venezolano; y Giniveth fue asesinada en un intento de robo de su vehículo mientras lo usaba como taxi, la madrugada del 14 de diciembre en Bellas Artes, Caracas.
Migdely recuerda que en el caso del matrimonio, el registro tardó meses en responder por escrito y cuando lo hicieron ellas estaban en Argentina, esperando para dar a luz. Por eso no pudieron introducir una medida de amparo, como tenían planeado. Y tras el segundo retorno, con Gabriel en brazos, comenzó otro silencio administrativo.
“Presentamos su partida de nacimiento para que le dieran la nacionalidad venezolana y solicitamos por escrito al CNE que revisara su caso porque, si es hijo de venezolanas, le corresponde la nacionalidad. Pero aún no han dado respuesta. Después de lo que pasó con Giniveth, se reunieron conmigo y con sus padres, y nos dijeron que no era sencillo, que debíamos esperar”.
Unas reuniones fueron con Sandra Oblitas, rectora del CNE y presidenta de la comisión de Registro Civil y Electoral, y otras con Alejandro Herrera, registrador nacional.
“No hay nada certero pero creemos que lo que quieren hacer es que el niño tenga mi apellido porque yo fui la madre gestante, la que lo dio a luz, y que se demuestre a través de un examen de ADN y un posterior juicio que Salvador es hijo de Giniveth y le den su apellido después”, explica Migdely, y al instante aclara que de ser así, no lo va a aceptar. El 3 de febrero llevó una carta exigiendo a ambas autoridades que le den respuesta por escrito a su petición: que le otorguen la nacionalidad a su bebé y la partida de nacimiento con sus dos apellidos. “No voy a aceptar una partida de nacimiento con una sola mamá”, dice con firmeza.
Salvador tiene siete meses y está en el país como extranjero. Antes de irse de Argentina, las madres precavidas tramitaron su DNI y pasaporte, por ser ciudadano Argentino, y donde claramente dice su nombre: Salvador Gabriel Soto Miranda.
“Mi hijo ya es una persona con identidad. Si le quitan un apellido tendría implicaciones legales, porque en Argentina sería una persona y en Venezuela otra. Nosotros vivimos aquí, imagínate si al crecer quiere estudiar en la Universidad de Buenos Aires, llegaría a Argentina como otra persona. Yo no puedo contar con que existirá un juez, a futuro, que a través de la prueba de ADN le va a dar el otro apellido. ¿Y si eso no ocurre? Ser venezolano es su derecho”.
Dos veces ha ido Migdely al Saime para renovar la visa de turista de Gabriel, nombre por el cual lo llama con más frecuencia. Dura 90 días y puede extenderse tres veces. Luego entraría en otro estatus e ir avanzando hasta ser residente. Si el CNE no responde favorablemente, le quedaría optar por la nacionalidad de esta forma. “Él pudiera estar legal aquí como extranjero, pero no es lo correcto, ser venezolano es un derecho que tiene Gabriel y se le está vulnerando”.
En medio de todo, esta joven psicóloga asegura que nunca se había sentido discriminada por su condición sexual hasta este momento. «Te dicen que tu matrimonio no vale nada, que no puedo hacer nada, que no puedes reclamar el cuerpo porque no eres su esposa, incluso me cuestionan el dolor que siento por la muerte de Giniveth porque creen que no tengo derecho a sentir algo. Es duro pero hay que seguir, por Gabriel y otras familias que pasan por lo mismo”.
Sabe que la situación no ha sido peor (podían sacarla del apartamento donde viven porque está a nombre de Giniveth), porque existe Gabriel. En el acta de defunción no aparece su esposa pero sí está él, como hijo. Por eso ha hecho varios trámites legales para que el pequeño sea reconocido como heredero único y Migdely su representante legal hasta que sea mayor de edad. De esa manera ha logrado cierto resguardo, pues de Giniveth quedaron la casa y el carro por el que la mataron.
“Reconocer nuestros derechos debe ser una prioridad. El Gobierno no lo ve así porque cree que somos una población minoritaria, porque mucha gente no habla de su condición, pero somos más. Es imperioso que aprueben el matrimonio igualitario, eso de cierta manera legitimaría que nosotros no somos seres anormales, incluso ante nuestras familias que también nos discriminan. No estamos pidiendo un matrimonio eclesiástico, es el matrimonio civil para proteger a las familias que ya existen”.
Como lo hiciera Giniveth en su rol de activista por los derechos Lgbti, Migdely exige respeto y no imponer creencias, religiones ni prejuicios por encima de derechos.
“Hay homofobia en todos los espacios, no solo en el Gobierno. Creo que no hemos avanzado porque no hay disposición. El Plan de la Patria contempla políticas de protección para la diversidad. Los servidores públicos deben generar políticas que beneficien a esta población porque nosotros no vamos a dejar de existir”.
Si quieres contactar al autor de esta historia escribe a patricia@larazon.net
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