Venezuela tiene la tasa de secuestros más alta de Latinoamérica

Aunque México reporta un promedio de 2.340 secuestros por año y Venezuela 1.000, la cantidad de casos por habitantes hace que el país suramericano tenga la tasa más alta de la región

Patricia Marcano

“En Venezuela hay más riesgo de ser secuestrado que en México”. A esa conclusión llega el especialista Marcos Tarre Briceño tras analizar las cifras de secuestros en Latinoamérica y con las cuales el país se ubica en el segundo puesto con respecto al número de casos reportados pero en el primero cuando se refiere al promedio por habitantes.

Tomando como referencia los datos divulgados por la organización Control Risk en los últimos años, así como distintas fuentes de información que dan luces de la incidencia, Tarre recuerda que Latinoamérica es la región con más cantidad de secuestros por los reportes que se originan en México, Colombia, Venezuela y Brasil. Pero en los últimos años el caso venezolano ha cambiado y para peor.

El país ocupó el 5º lugar entre los países del mundo con mayor incidencia de secuestros, en el ranking de Control Risk, de diciembre del año pasado. México, India, Nigeria y Pakistán le anteceden. Después de Venezuela, en el sexto lugar estaba Líbano, seguido de Filipinas, Afganistán, Colombia e Irak.

Tarre aclara que el secuestro puede calificarse como de dos tipos: el convencional o extorsivo y el exprés. Ambas “son modalidades delictivas típicamente latinoamericanas”, aseguró.

En la región, México reporta un promedio de 2.340 secuestros convencionales por año, Venezuela 1.000, Brasil 300 y Colombia 2000 según datos de 2013 y 2014, explicó Tarre en la presentación del manual Secuestro extorsivo convencional y secuestro exprés: Delitos latinoamericanos, este martes.

Pero cuando se establece la cantidad de casos por 100.000 habitantes, Venezuela pasa al primer lugar con una tasa de 3,26 secuestros frente a 1,93 de México, 0,49 de Colombia y 0,15 de Brasil. La población mexicana alcanza los 130 millones y la venezolana apenas supera los 30 millones de habitantes.

Asesorados por “especialistas”

Si se le pregunta a Marcos Tarre Briceño cuándo comenzó Venezuela a incrementar sus cifras de secuestros, responde de inmediato “1999”. Pero también de inmediato aclara que no se debió solamente al cambio político registrado desde entonces, sino a las “posiciones asumidas frente a este delito, como el hecho de facilitar el pago de rescate a los secuestradores. Eso es insólito”, sentencia el especialista en seguridad ciudadana e integrante del Observatorio del Delito Organizado de Venezuela.

Para esa época, entre 1999 y 2000, el país registraba un promedio de 60 casos anuales, todos en estados fronterizos y vinculados a grupos irregulares colombianos.

Luego pasaron varias cosas. “Recién llegado el presidente Chávez ocurre el secuestro de Antonio Nagen y se designa a Ramón Rodríguez Chacín para mediar. Después ocurrió el secuestro de Richard Boulton y se aplicó lo mismo”.

En 2006 se registra el secuestro de los hermanos Faddoul y Miguel Rivas, chofer de la familia, donde los delincuentes terminan asesinándolos 40 días después.

“Si se quiere, este caso fue un proceso de aprendizaje de los secuestradores, porque vieron que el secuestro de larga duración es complejo, requiere logística e infraestructura. Lo que hicieron los delincuentes fue buscar a especialistas en Colombia y a funcionarios policiales nuestros. Aprendieron de la guerrilla y vieron que había una oportunidad de conseguir dinero. Que el Estado pasara a ser mediador en el cobro de rescate fue una medida equivocada”, indicó Tarre, quien además agrega que la impunidad y la corrupción también han facilitado estos hechos.

Lo que siguió fue una especie de “perfección”, con el surgimiento del secuestro exprés y su auge. A diferencia del extorsivo, este e caracteriza por ser improvisado, no amerita la investigación previa de la víctima ni planificación, el cobro de rescate es sencillo y el vehículo sirve para el traslado y reclusión.

¿Por qué no bajan?

Una de las observaciones del especialista está en el caso Colombiano. El país vecino pasó de ser la nación con más cantidad de secuestros, con 3.500 casos en el año 2000, a menos de 300 el año pasado.

Entre 2005 y 2007 se produce un cruce entre la caída de los secuestros en Colombia y el aumento de estos en Venezuela y en México. “Sabemos que los delincuentes colombianos pasaron por la frontera hacia Venezuela. Esto demuestra que la delincuencia organizada puede perder el mercado en un país y tomar otro para seguir con la misma modalidad”, informó Tarre.

Pero más allá de esta importación, resalta el hecho de que “Colombia aplicó lo que dice el librito y lo logró”. Existe un Manual de lucha contra el Secuestro, elaborado por la ONU, que a su juicio debe aplicarse, y experiencias exitosas que bien pueden adoptarse.

Además, Tarre es tajante. “Ya está muy claro lo que hay que hacer para reducir los secuestros. Si no se hace es porque no hay disposición o motivación para afrontarlos”.

Crear un organismo nacional encargado, promover la cooperación internacional policial y judicial, definir funciones entre los organismos, reducir las “oportunidades” para el secuestrador y aplicar la ley para aumentar los riesgos de cometer este delito, así como establecer alianzas entre el sector privado, academias, comunidades y público en general y recolectar cifras, analizarlas y difundirlas – detalló Tarre -, son medidas que los países deberían aplicar para minimizar este tipo de delito organizado.

Hablan los venezolanos

En los últimos ocho días, la asociación civil Paz Activa ha realizado dos actividades referidas a la inseguridad que vive el país. Primero presentó los resultados de la 2º Encuesta sobre el Delito Organizado en Venezuela, y luego presentó cuatro manuales sobre la situación actual, causas, consecuencias y medidas a aplicar para afrontar varios de ellos.

Manual de la prevención del robo y hurto de vehículos: El caso Venezuela, escrito por Javier Ignacio Mayorca; Materiales de Sangre (la extracción de oro, diamantes, coltán y gasolina), de Fernando Fernández; Cómo afecta la delincuencia organizada al ciudadano y Secuestro extorsivo convencional y secuestro exprés: Delitos latinoamericanos, ambos títulos elaborados por Marcos Tarre Briceño, fueron editados por Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado con apoyo de la Unión Europea.

El organismo internacional también colaboró en la elaboración de la encuesta, donde además de las organizaciones anteriores participó el Observatorio Venezolano de Violencia (dirigido por el sociólogo Roberto Briceño León), realizada entre el 17 de julio y el 23 de agosto de este año.

En la investigación fueron encuestadas 3.500 personas en 22 estados del país, arrojando datos reveladores sobre la inseguridad.

Los tres delitos más comunes, identificados por los venezolanos, son: el contrabando de alimentos, medicinas y productos de higiene (51,7%); el robo y venta de vehículos y repuestos (46,9%) y el tráfico de drogas (43,6%). Los asesinatos por encargo o sicariato, así como el comercio ilegal de armas se posicionaron en el cuarto y quinto lugar, respectivamente

66,8% considera que el control de precios favorece el bachaqueo.

70,4% asegura que el gobierno favorece al mercado negro con el control cambiario.

72,1% estuvo de acuerdo en decir que el control de la economía, por parte del Gobierno, propicia la corrupción.

Por cada 5 entrevistados que consideran que el empobrecimiento ha llevado a más personas a vincularse con el delito organizado, 1 entrevistado opina lo contrario.

Por cada 4 personas que opinan que el control de precios favorece la venta ilegal de productos regulados, 1 entrevistado dice que no.

66% de los entrevistados considera que los policías y los militares son quienes le venden armas al delito organizado.

54,7% asegura que las Zonas de Paz han favorecido el delito organizado y a los grupos armados.

62% de los venezolanos cree que los militares han sido corrompidos por el narcotráfico. Este porcentaje subió 10% con respecto a 2013.

81,1% de los ciudadanos considera que es muy peligroso denunciar a las bandas del delito organizado, mientras que 76,7% expresó que es muy peligroso cooperar con la policía para enfrentar los delitos.

Tres de cada cuatro venezolanos (75%) considera que no se castiga al delito organizado porque los jueces están amenazados o comprados.

50,5% de los encuestados dijeron haber sido víctimas de robo o hurto en los últimos 12 meses, mientras que 43,5% dijo que alguna de las personas de su núcleo familiar sufrió por lo mismo en el último año.

64% aseguró que, en su comunidad, es fácil o muy fácil conseguir drogas.

58% informó que es fácil o muy fácil conseguir un arma de fuego en su comunidad (aumentó 16% con respecto a 2013).

50% de los venezolanos considera que es fácil o muy fácil mandar a matar a alguien en su comunidad, porcentaje que hace dos años alcanzó el 35%.