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La tesis de no hacerse parte del proceso que se quiere ventilar ante la CIJ solo tendría sentido si al mismo tiempo fuese parte de una estrategia más amplia y comprensiva para la recuperación del Esequibo. De no ser así la única diferencia entre acudir o no a las audiencias de la CIJ será ejercitar nuestro derecho a la protesta
Humberto González Briceño
Este viernes 26 de febrero se debería celebrar una primera audiencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para comenzar a conocer la disputa limítrofe entre Venezuela y Guyana.
Este evento es el resultado de la decisión inconsulta y unilateral del Secretario General de la ONU quien extralimitándose en sus atribuciones a motu propio envío el caso a la CIJ. Y esta Corte en otro ejercicio de extralimitación en sus funciones decidió en diciembre pasado que si era competente para conocer esa materia.
Aún no está claro si Venezuela participará o no en esta audiencia reconociendo la jurisdicción internacional de la CIJ y revirtiendo lo que ha sido una posición histórica sostenida hasta ahora. Pero es que tampoco está claro quien tomaría la decisión de participar o no en esa audiencia con sus respectivas consecuencias jurídicas, históricas y políticas.
La CIJ no tiene ni jurisdicción ni competencia sobre esta materia y hacerse parte de esos procedimientos no mejorará en lo absoluto la posición de Venezuela»
¿El gobierno de Nicolás Maduro que no es reconocido por un grupo importante de países? ¿O acaso el llamado gobierno interino de Juan Guaidó a quien varios países reconocen como legítimo y hasta le han permitido asumir la vocería sobre el tema del Esequibo en la Organización de Estados Americanos?
Frente a quienes hoy dicen representar los intereses de la nación venezolana (Chavistas y falsos opositores) hemos defendido la tesis que bajo ninguna circunstancia Venezuela debe participar en el absurdo proceso judicial de la Corte Internacional de Justicia. Ese proceso donde la CIJ pretende tomar una decisión sobre la disputa limítrofe entre Venezuela y Guyana es tan amañado como el propio Laudo Arbitral de París. La CIJ no tiene ni jurisdicción ni competencia sobre esta materia y hacerse parte de esos procedimientos no mejorará en lo absoluto la posición de Venezuela.
Hemos leído opiniones de respetables venezolanos que aconsejan participar ante la CIJ para hacer valer los títulos históricos y jurídicos que posee Venezuela sobre el Esequibo. Quienes así piensan creen que estamos frente a un asunto estrictamente jurídico y suponen que basta con presentar alegatos y pruebas ante este tribunal internacional para lograr una sentencia favorable.
El Esequibo es el mejor ejemplo de esta dialéctica de estados. Si este fuese un asunto estrictamente jurídico bastaría presentar nuestro justo título sobre ese territorio»
El derecho solo puede darse dentro de una sociedad política o un estado con instituciones como la coacción para hacer valer lo que es reconocido como jurídico. Y como no hay un estado universal o mundial por encima de los otros estados resulta engañoso y obscuro hablar de un derecho internacional público como un conjunto de normas que gobiernan las relaciones entre los estados incluso sus disputas territoriales.
Lo que sí existe es la geopolítica y la dialéctica de estados donde unos estados se enfrentan con otros y las instituciones que regulan esas relaciones no son otras que la diplomacia y la guerra, aunque los resultados de estas se presenten en forma de sentencias jurídicas.
El Esequibo es el mejor ejemplo de esta dialéctica de estados. Si este fuese un asunto estrictamente jurídico bastaría presentar nuestro justo título sobre ese territorio desde que éramos parte del imperio español y aun después de separarnos de este. Pero en realidad es la geopolítica la ha decidido y decidirá lo que ha de ocurrir con el Esequibo.
Durante el Acuerdo de Ginebra de 1966, Venezuela no solo tenía documentos y pruebas sobre el fraude que había significado el Laudo Arbitral de París sino que esto también coincide con el momento de mayor fuerza geopolítica de Venezuela»
En 1899 el momento político para Venezuela era de gran debilidad. Los Estados Unidos que para entonces era nuestro aliado aún no era la potencia que hoy conocemos y su apoyo no fue suficiente. La sentencia del Laudo Arbitral de París es una decisión que refleja la realidad geopolítica del momento.
Con el tiempo esto cambió. Con la llegada de los andinos al poder se estableció la idea de un estado nacional con una fuerza armada e instituciones que permitieron organizar a la sociedad política. Ese proceso de recuperación que duró varias décadas fue el preámbulo del contexto histórico en el cual se firma el Acuerdo de Ginebra de 1966. Para entonces ya Venezuela no solo tenía documentos y pruebas sobre el fraude que había significado el Laudo Arbitral de París sino que esto también coincide con el momento de mayor fuerza geopolítica de Venezuela con un formidable aliado como los Estados Unidos y el reconocimiento y la simpatía de otros estados a nuestra causa..
Más allá de la indiscutible juridicidad de los títulos de Venezuela sobre el Esequibo no hay duda que el Acuerdo de Ginebra fue posible más que por las razones jurídicas por un reconocimiento a la fuerza geopolítica que tenía Venezuela en ese momento que incluso logró que Inglaterra admitiera reabrir lo que hasta ese momento consideraban cosa juzgada.
Hoy Venezuela vuelve a estar en una situación de debilidad geopolítica y con indiscutibles títulos jurídicos en la mano, pero sin el apoyo internacional suficiente»
Lamentablemente, los arquitectos del Acuerdo de Ginebra en Venezuela no interpretaron correctamente la grandeza de su victoria geopolítica y limitaron su ámbito y efectividad a lo estrictamente diplomático que para ellos en realidad era lo jurídico.
En otras palabras, el Acuerdo de Ginebra no fue parte de una estrategia geopolítica integral para la recuperación efectiva del Esequibo. Siempre se le vio como un instrumento aislado pero suficiente para ganar la batalla, sin reparar que su éxito jurídico dependería de la voluntad de la otra parte lo cual, con el tiempo, probaría ser totalmente inefectivo.
Hoy Venezuela vuelve a estar en una situación de debilidad geopolítica y con indiscutibles títulos jurídicos en la mano, pero sin el apoyo internacional suficiente para hacerlos valer. Esta vez ni siquiera contamos con los Estados Unidos. Otros jugadores claves en la geopolítica mundial tales como China y Rusia no ocultan su apoyo a Guyana, por el contrario sus empresas ya han firmado acuerdos con el gobierno de Guyana para explotar petróleo en la zona en reclamación.
El debate es cómo vamos a reorganizar a la nación venezolana bajo un nuevo régimen político, nacionalista y patriota, que reconstruya las relaciones internacionales»
Entonces la tesis de no hacerse parte del proceso que se quiere ventilar ante la CIJ solo tendría sentido si al mismo tiempo fuese parte de una estrategia más amplia y comprensiva para la recuperación del Esequibo. De no ser así la única diferencia entre acudir o no a las audiencias de la CIJ será ejercitar nuestro derecho a la protesta o al pataleo dentro o fuera de un proceso judicial cuyo resultado desde ya se puede advertir será desfavorable a Venezuela a pesar de la fuerza de nuestros títulos jurídicos.
Por eso el tema de fondo para los venezolanos es como vamos a salir del régimen chavista sin caer en manos de la falsa oposición, ambos igualmente responsables, por acción o por omisión, del despojo que se está perpetrando contra Venezuela. El debate es cómo vamos a reorganizar a la nación venezolana bajo un nuevo régimen político, nacionalista y patriota, que reconstruya las relaciones internacionales del nuevo estado con otros estados para lograr una posición geopolítica fuerte que, una vez agotada la diplomacia, no dude un instante en recurrir a la institución de la guerra para recuperar la soberanía sobre una parte de nuestro territorio que jamás ha debido estar sujeta a discusión.
@humbertotweets
EL AUTOR es abogado y analista político, con especialización en Negociación y Conflicto en California State University.
