razonnet
El sector académico señala que la orden de detención dictada por la publicación de un comentario sobre un asunto de legítimo interés público es evidencia del abuso de poder de quien la emitió. “Demuestra una falta de respeto por la vida y la salud pública de los ciudadanos”, acota
Las academias nacionales de Venezuela suscribieron en conjunto un comunicado para rechazar la detención contra la escritora Milagros Mata Gil y el poeta Juan Manuel Muñoz”, luego de publicado y difundido en un grupo de WhatsApp el artículo titulado “Fiesta mortal”. Este texto reseñó el evento social bautizado como “La Coronaboda”.
Ambos fueron detenidos el miércoles 31 de marzo y liberados, con medidas cautelares, el jueves 1 de abril, luego de haber sido presentados a los tribunales de El Tigre, estado Anzoátegui. El fiscal de facto Tarek William Saab, mencionado en la crónica como participante en la celebración, solicitó la medida de aprehensión.
El comunicado es suscrito por las directivas de la Academia Venezolana de la Lengua y las academias nacionales de Historia, Medicina, Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias Físicas, Ciencias Económicas e Ingeniería y el Hábitat.
“Condenamos enérgicamente este grave atentado contra la libertad personal y la libertad de expresión e información, esta vez encarnado en la escritora Milagros Mata Gil y el poeta Juan Manuel Muñoz”, indican las academias.
Añaden que la orden de detención dictada por la publicación de un comentario sobre un asunto de legítimo interés público es evidencia del abuso de poder de quien la emitió. “Demuestra una falta de respeto por la vida y la salud pública de los ciudadanos”, indica.
El comunicado destaca que Mata Gil es una destacada escritora, periodista y miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Por su parte, Juan Manuel Muñoz, periodista con el seudónimo de “Moriche”, es administrador del grupo de noticias El Tigre al Día y el cual se dedica al análisis de las problemáticas de esta ciudad del oriente.
Las academias precisan que ambos fueron detenidos e informados que se procedía con esta acción a raíz de “órdenes superiores” y bajo la acusación de incitación al odio por haber escrito y difundido el artículo.
El comunicado recuerda que el evento social tuvo lugar el día sábado 27 de febrero de 2021 en Lechería, Anzoátegui, en flagrante contravención de la normativa sobre emergencia sanitaria (uso de mascarillas, distanciamiento físico y demás protocolos de bioseguridad) y durante una semana de cuarentena radical.
“La ‘instigación al odio’ es una figura delictiva prevista en la ilegítima ‘Ley contra el Odio’, sancionada por la igualmente ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (…) es un instrumento de persecución contra opiniones, 2 pensamientos, críticas o ideas políticas, formuladas en ejercicio de la libertad de expresión”.
El comunicado señala que aunque se haya acordado la excarcelación, ello no convalida la detención arbitraria y la prosecución de un proceso penal que califican de espurio. Agrega que el procedimiento reafirma una práctica arbitraria consolidada y violatoria de la libertad de expresión.
“La libertad de expresión, en la forma garantizada por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales Venezuela es parte, no está sujeta a las condiciones que determine un juez y que, de estarlo, dejaría de ser tal libertad”, acotan.
Destacan que libertad de expresión un valor republicano y un pilar fundamental de todo Estado constitucional democrático. Aseguran que las prácticas arbitrarias y sistemáticas del Poder Público en su contra no hacen otra cosa que evidenciar el afán distópico de un Estado de vocación totalitaria de homogeneizar el pensamiento y silenciar la diversidad de opiniones.
“La detención arbitraria de ambos comunicadores sociales constituye un grave atentado contra la libertad personal, la libertad de expresión y la seguridad jurídica, garantizadas en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la República y que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico”.
Las academias nacionales exigen a las autoridades la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para respetar y garantizar la vida y salud de las personas sometidas a su jurisdicción. Indican que se debe exigir a todos el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes durante el Estado de Alarma Sanitaria y evitar la celebración de actos que comprometan la salud pública.
