Promover una reforma legal “profunda” en la actual coyuntura, solo responde a una estrategia de dilación destinada a perpetuar el gobierno interino
Celiz Ramón Mendoza
Una reunión más sin respuestas concretas para alcanzar el objetivo principal que reclama mayoritariamente el pueblo venezolano a la Mesa de Transición. Metafóricamente, nos encontramos en una situación similar a la de un vehículo con una falla mecánica que no logra arrancar y cuya única alternativa es ser remolcado en grúa hacia un taller para su debida reparación. Esta analogía resulta propicia porque, desde la instalación de dicha Mesa hasta la fecha, no se ha ofrecido una solución tangible que justifique su existencia.
Por el contrario, solo se han escuchado declaraciones dispersas y ajenas al fin perseguido, obtenidas gracias a la iniciativa de la prensa y las redes independientes al entrevistar a sus voceros, lejos de ofrecer un aliciente a la comunidad nacional e internacional sobre una pronta resolución a la coyuntura social, política y económica del país, estas intervenciones desvanecen las esperanzas de superar la crisis. La incertidumbre resultante genera un descontento generalizado evidenciado en diversas encuestas de opinión producto del deterioro del Estado de derecho y del tejido social y económico.
De las declaraciones emitidas por los voceros no se infiere que avancemos por el camino correcto; son apenas movimientos en la sombra sin que se vislumbre una luz al final del túnel. Para muestra de ello, presento un breve resumen de los hechos:
I. Recuento de las rondas de negociación
Primer encuentro: Se anunció como acuerdo prioritario reunirse con los afectados del terremoto y con diversos gremios sindicales (como el sector enfermería, entre otros) para conocer sus problemáticas reivindicativas.
Segundo encuentro: Al ser consultados sobre su disposición a convocar elecciones, respondieron de manera evasiva que lo harían conforme a lo ordenado por la Constitución para los cargos de elección popular, es decir, al vencimiento del período constitucional. Asimismo, afirmaron que resulta más importante la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que la nombramiento primario de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), ignorando que el ente comicial es la pieza fundamental para dar cumplimiento forzoso a los artículos 233 y 234 de la Constitución, mandato que debió ser el eje central de la Mesa de Transición.
Tercera ronda: Lo más destacado fue la declaración de su vocera principal, quien asomó la posibilidad de celebrar el proceso electoral en el año 2028, corroborando lo dicho por su homólogo y añadió que sería necesaria una revisión exhaustiva de las leyes electorales.
Cuarto encuentro: Este último punto fue retomado recientemente por un nuevo vocero de la Mesa, quien pretendió dictar una cátedra electoral para justificar la supuesta necesidad de una reforma legal como paso previo o antesala a la convocatoria electoral, asegurando además que todo se regirá por un «Cronograma Constitucional».
Esta última propuesta deja en evidencia el propósito dilatorio de la instancia. Ante semejantes declaraciones, considero que el verdadero objetivo es prolongar indefinidamente tanto el supuesto interinato como la permanencia de quienes detentan el poder.
II. La supremacía constitucional frente a las fases impuestas
En ocasiones anteriores me he pronunciado sobre la improcedencia de estas posturas. El tema central de la mesa debe ser la creación de garantías para convocar elecciones seguras, sin traumas políticos ni sociales, que permitan retomar el hilo democrático.
Quien ejerce la intervención parte de la premisa errada de que unas elecciones presidenciales inmediatas, en ejecución directa de los artículos 233 y 234 constitucional, generarían conflictividad social. Bajo esa excusa, el cual impuso tres fases previas a ejecutar que carecen de motivación jurídica y de lapsos definidos de ejecución, relegando las normas constitucionales a la condición de letra muerta y colocando dichas etapas por encima de la Carta Magna.
Si esas fases fuesen viables, deberían formar parte del programa de gestión de un gobierno legítimamente electo y constituido, y no imponerse como condiciones previas por encima de la soberanía popular. El único propósito aparente de este esquema es revestir de supuesta legalidad los acuerdos de la Mesa y las contrataciones petroleras impuestas por el interventor en beneficio de su propio país.
PRESOS POLÍTICOS Y SALARIOS
Han transcurrido casi once meses desde enero de este año sin que se conozca cuándo culminarán estas fases ni se observen beneficios para la población. Persisten los presos políticos, un salario mínimo de 130 bolívares mensuales, precios inaccesibles en los productos de primera necesidad, apagones eléctricos y servicios públicos y hospitalarios desatendidos. Lo único tangible han sido los contratos petroleros írritos por carecer de legitimidad y el despojo de los recursos bajo el argumento de una supuesta guerra ganada a nuestro país. Mientras tanto, la Mesa incompleta, la Asamblea y el TSJ guardan silencio. Al impedirse el ejercicio del sufragio ordenado por la Constitución, se entrega el país y la pérdida de nuestra soberanía, y por consecuencia nuestra Carta Magna queda reducida a un simple instrumento decorativo sin eficacia jurídica.
III. Análisis técnico sobre la vocería y el «Cronograma Constitucional»
Resulta llamativo que se haya delegado la vocería principal de este último encuentro en un nuevo representante. Sin embargo, más allá de esa circunstancia, considero necesario analizar sus afirmaciones desde mi trayectoria en materia electoral, pues sus planteamientos adolecen de rigor técnico.
El vocero señaló como temas prioritarios la transformación del sistema de justicia, la designación de los magistrados del TSJ, las garantías políticas, la ley de partidos políticos, la libertad de expresión, la revisión integral de las leyes electorales y la ejecución de un supuesto «Cronograma Constitucional».
Al respecto, es imperativo realizar las siguientes precisiones jurídicas:
Inexistencia del «Cronograma Constitucional» y naturaleza del Cronograma Electoral: La Constitución no contempla la figura de un «Cronograma Constitucional» como instrumento del órgano comicial. La elaboración del Cronograma Electoral es una competencia constitucional y legal exclusiva del CNE, en el cual se fijan las fases de cada proceso conforme a la ley. Dicho cronograma nace conjuntamente con la convocatoria y ambos deben publicarse en la Gaceta Electoral, tal como lo dispone el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), culminando el proceso con la proclamación de los candidatos electos.
El Cronograma Electoral como acto administrativo vinculante: Desde la perspectiva del Derecho Administrativo, el Cronograma Electoral constituye un acto administrativo de efectos generales, integrado por fases preclusivas y vinculantes. Su ejecución integral genera derechos subjetivos de índole política e intereses legítimos protegidos por el ordenamiento jurídico. Conforme al principio de confianza legítima y al artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), cualquier modificación o supresión intempestiva de sus lapsos debe estar debidamente motivada y ajustada a derecho. Cuando el CNE altera las reglas de juego en plena ejecución por conveniencia política, incurre en vicios de nulidad por desviación de poder (artículo 19 de la LOPA) e introduce un factor de desconfianza en el electorado. Todo proceso electoral debe ajustarse al bloque de constitucionalidad y legalidad para garantizar el ejercicio del derecho al sufragio, en sus vertientes activa y pasiva, columna vertebral del sistema democrático (artículos 62 y 63 de la CRBV).
Improcedencia de reformas electorales por vía de acuerdos políticos (Reserva Legal): Nuestro sistema normativo electoral es lo suficientemente amplio para organizar cualquier comicio; los vicios ocurridos en el pasado no obedecen a fallas de la ley, sino a la parcialidad de quienes la ejecutan. La solución radica en designar un CNE integrado por rectores probos, con experiencia e independencia política.
Por ello, resulta jurídicamente inaceptable que en una mesa de diálogo se pretenda pactar reformas a la legislación electoral. De conformidad con el principio de Reserva Legal (artículo 156, numeral 32 de la CRBV), la creación, modificación o derogación de las leyes electorales es una facultad exclusiva del Poder Legislativo legítimamente constituido, mediante el procedimiento ordinario de formación de las leyes. Cualquier «reforma» acordada al margen del debate parlamentario formal, y más aún, en el seno de instancias cuestionadas en su legitimidad, adolece de nulidad absoluta, carece de eficacia jurídica y constituye una vía de hecho antidemocrática.
En conclusión, promover una reforma legal profunda en la actual coyuntura, fuera de los canales parlamentarios legítimos, solo responde a una estrategia de dilación destinada a perpetuar el gobierno interino y consolidar una intervención indefinida.

EL AUTOR es abogado, experto en materia electoral, exconsultor jurídico del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y miembro del Voluntariado Técnico Electoral (Vote).


