Rafael Marrón González
Historiadores contemporáneos como Germán Carrera Damas, Clément Thibaud o Tomás Straka, abordan el célebre decreto del Libertador Simón Bolívar superando la dicotomía de «héroe vs. villano» para analizarlo como un instrumento socio-político.
Rafael Marrón González
El Decreto de Guerra a Muerte, promulgado por Simón Bolívar en Trujillo el 15 de junio de 1813 en medio de la Campaña Admirable, es uno de los documentos más controvertidos y radicales de la historia militar latinoamericana. Establecía que todo español o canario que no participara activamente en favor de la independencia de Venezuela sería ejecutado, mientras que los americanos serían perdonados aun si hubiesen tomado las armas en favor de la Corona.
El debate historiográfico en torno a esta medida se divide fundamentalmente entre tres grandes interpretaciones, la tradicional defensiva-justificativa, la neohispanista y revisionista crítica, y la lectura sociohistórica contemporánea.
Posturas a favor y de justificación histórica
Esta línea, defendida por historiadores tradicionales venezolanos, latinoamericanistas e historiadores continentales como Vicente Lecuna, Francisco Antonio Encina o Augusto Mijares, contextualiza el decreto no como una decisión arbitraria o cruel, sino como una necesidad estratégica y jurídica inevitable.
Sostienen que la crueldad no fue iniciada por Bolívar, sino por los jefes realistas como Moxó, Morillo, Monteverde, Zuazola, Boves, Morales, Aldana o Antoñanzas, quienes ejecutaron masacres sistemáticas contra civiles republicanos tras la caída de la Primera República (1812). Bolívar buscaba responder en igualdad de condiciones para disuadir al enemigo. “No podemos responder a esa crueldad, con un balido de oveja”, escribió.
Creación de la identidad nacional (La «Nacionalización» de la guerra).
En 1813, la contienda no era vista por la población como una guerra entre dos naciones (Venezuela vs. España), sino como una guerra civil entre americanos realistas y americanos patriotas. Al dividir el conflicto tajantemente en «españoles» (enemigos) y «americanos» (hermanos/perdonados), Bolívar forzó una consciencia nacional artificial pero indispensable para consolidar el proyecto independentista.
Doctrina del derecho de gentes y represalia.
En el plano del derecho de la época, se argumenta que el Decreto operó bajo el principio del ius in bello (derecho en la guerra) de la época como una medida de retaliación formal para obligar al Imperio español a regularizar la guerra y tratar a los insurrectos como combatientes legítimos (lo que finalmente se lograría siete años después con el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra de 1820, redactado por Antonio José de Sucre).
Posturas en contra e interpretación revisionista
La corriente crítica, representada por autores de la historiografía hispanista como Pablo Victoria, ensayistas como Salvador de Madariaga o el revisionismo regionalista como Rafael Sañudo, califica el decreto como una violación flagrante de la ética militar y un exceso criminal.
Crimen de lesa humanidad y genocidio
Sostienen que la orden de ejecutar a civiles y prisioneros de guerra por el solo hecho de su origen peninsular o canario constituye una forma temprana de «limpieza étnica» o genocidio sistemático. Destacan episodios como las matanzas de Caracas y La Guaira en febrero de 1814, donde se ejecutó a más de 800 prisioneros españoles enfermos o desarmados por orden explícita de Bolívar y Arismendi.
Escalada innecesaria del terror
Argumentan que el decreto no detuvo la violencia, sino que la desató a niveles atroces, brutalizando a la sociedad colonial y despojando al bando patriota de la superioridad moral que pretendía enarbolar.
Imposición de una guerra civil fratricida
Los críticos señalan que obligar a la población a elegir bando bajo amenaza de muerte quebrantó comunidades enteras que preferían mantenerse al margen, empujando a muchos mestizos, indígenas y esclavizados a unirse violentamente a las filas realistas (como ocurrió con las huestes de José Tomás Boves).
La lectura sociohistórica moderna
Historiadores contemporáneos (como Germán Carrera Damas, Clément Thibaud o Tomás Straka) abordan el Decreto de Guerra a Muerte superando la dicotomía de «héroe vs. villano» para analizarlo como un instrumento socio-político.
Un instrumento de control político militar
Se analiza como una maniobra maquiavélica de alta política militar diseñada para cohesionar a las élites criollas y aterrorizar al adversario en un momento de extrema debilidad organizativa del ejército patriota, más que como un arrebato pasional o de crueldad gratuita.
Derogación progresiva
Esta postura destaca que el mismo Bolívar reconoció la insostenibilidad a largo plazo del terror, de ahí que el decreto fuera matizado paulatinamente hasta su derogación formal en Santa Ana de Trujillo en 1820 con la firma del tratado de regularización junto al general realista Pablo Morillo.
Definitivamente el decreto de Guerra a muerte fue indispensable para consolidar la idea de una contienda internacional entre dos naciones, y para advertir a los españoles y canarios, claramente diferenciados en el decreto, que los combatientes por la patria venezolana, podían ser tan crueles y despreciativos por la vida del enemigo, como ellos lo había sido hasta el asco. El Decreto de Guerra a muerte cundió por los caminos de América y precedió la llegada de Bolívar al Perú, lo que aterrorizó a los monárquicos de las élites y facilitó la entronización del republicanismo en esa gran nación, considerada, en ese entonces, como “el Madrid de América”.
EL AUTOR es escritor, poeta, historiador, docente y comunicador social. Autor de varios libros. Es, además, el presentador oficial del noticiero estelar de Washington TV.
@RafaelMarronG
