Humberto González Briceño
El verdadero control estaría en las salas Constitucional y Electoral, donde una mayoría permitiría preservar el dominio sobre los asuntos políticamente decisivos
Humberto González Briceño
La anunciada renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha despertado nuevas expectativas entre quienes todavía creen que el chavismo está dispuesto a desmontar voluntariamente las estructuras que le han permitido conservar el poder. La ampliación de veinte a treinta y dos magistrados, la incorporación de académicos al Comité de Postulaciones y la extensión del plazo de inscripciones hasta el 18 de noviembre alimentan la ilusión de una apertura institucional. Pero hay una pregunta que conviene hacerse antes de celebrar: ¿por qué habría el chavismo de entregar el control del tribunal que garantiza su propia supervivencia?
El TSJ no es una institución cualquiera dentro del Estado chavista. Junto con las Fuerzas Armadas constituye uno de los pilares fundamentales del aparato jurídico, político y militar que sostiene al régimen. Allí se convalidan decisiones del Ejecutivo, se resuelven controversias electorales y se proporciona apariencia de legalidad a los actos del poder. Pretender que el chavismo renuncie espontáneamente a ese instrumento equivale a esperar que entregue las llaves de su propia caja fuerte.
Lo que parece estar ocurriendo es algo bastante distinto. La ampliación del número de magistrados permitiría incorporar figuras independientes y representantes de la oposición institucional sin alterar necesariamente el control político de las decisiones fundamentales. Una operación aritmética relativamente sencilla: repartir más puestos sin perder la mayoría.
Con treinta y dos magistrados bastaría conservar diecisiete votos disciplinados en la Sala Plena. Pero el verdadero control estaría en la Sala Constitucional y la Sala Electoral, donde una mayoría de cuatro sobre siete y tres sobre cinco, respectivamente, permitiría preservar el dominio sobre los asuntos políticamente decisivos. El resto puede convertirse en materia negociable.
Tampoco debería impresionar demasiado la incorporación de representantes de la sociedad civil al Comité de Postulaciones. Aunque ocupen doce de sus veintitrés puestos, su competencia se limita a evaluar y presentar candidatos. La decisión definitiva corresponde a la Asamblea Nacional, donde el chavismo conserva los mecanismos políticos para imponer sus preferencias. Una cosa es participar en la elaboración del menú y otra muy distinta decidir quién se sienta a la mesa.
La operación tendría además una utilidad internacional. En medio de las negociaciones auspiciadas por Washington y de los intereses asociados a la industria petrolera, exhibir magistrados académicamente respetables puede contribuir a proyectar una imagen de normalización institucional. No necesariamente porque la justicia haya recuperado su independencia, sino porque la apariencia de seguridad jurídica también tiene valor en las negociaciones.
Incluso podrían producirse decisiones favorables en determinadas causas penales, laborales o mercantiles. Esas concesiones servirían para mostrar resultados concretos, disminuir presiones y justificar la continuidad del diálogo. Todo ello sin modificar la estructura fundamental del poder.
La cuestión, entonces, no consiste en saber cuántos magistrados nuevos tendrá el TSJ, sino quién conservará la capacidad de decidir cuando estén en juego los intereses vitales del chavismo.
En El gatopardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa convirtió en literatura una vieja fórmula de supervivencia política: cambiar algunas cosas para conservar las esenciales. El chavismo parece haber aprendido bien la lección. Solo que esta vez, además de cambiar las apariencias, pretende que los venezolanos celebren el cambio como si fuera una victoria.
EL AUTOR es abogado y analista político con maestría en Negociación y Conflicto en California State University
