Dilación para perpetuar al gobierno interino

Se intenta superar la mitad del período gubernamental y postergar la salida de la actual coyuntura política

Celiz Ramón Mendoza

Cada día transcurre sin que tengamos certeza sobre el verdadero objetivo que persiguen el interventor y los miembros de la mesa de diálogo —a la que denominamos «incompleta» y que se autodenominan «de Transición»—.

El país se mantiene a la expectativa y atento a las nuevas circunstancias manifestadas públicamente por sus voceros, lo cual nos obliga a dudar de sus propósitos, tanto por las declaraciones veladas del interventor como por los supuestos acuerdos alcanzados hasta la fecha. Dichos acuerdos no permiten resolver la crisis institucional y democrática del país, por cuanto no han definido sus objetivos en beneficio del clamor popular.

​Al analizar las declaraciones de sus voceros en los medios de comunicación, se observa una total indiferencia hacia el propósito fundacional que dio origen a dicha instancia: alcanzar un acuerdo que permita ejecutar con prontitud la obligación constitucional de convocar elecciones para cubrir la vacante absoluta de la Presidencia de la República. Por el contrario, sus actuaciones y sus reuniones no cotidianas (celebradas con periodicidad mensual) así lo ratifican.

​A modo de ejemplo, el representante de la supuesta Asamblea Nacional manifestó en una entrevista que sí habrá elecciones, pero «según lo establecido en la Constitución», dando a entender que estas se realizarán en el tiempo que corresponde al vencimiento de cada período de elección popular y no como consecuencia inmediata de la aplicación de los artículos 233 y 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Por su parte, la vocera que hipotéticamente representa al soberano afirmó que se deben reformar las leyes electorales y que existe la posibilidad de convocar a elecciones para el año 2028. Con esta declaración no hace sino ratificar la postura de su homólogo en la mesa de negociación, enfatizando tras la última reunión que se debe realizar una profunda revisión al sistema electoral para evitar fraudes. Esto evidencia la creación de dilaciones temporales en beneficio de la contraparte, con el fin de superar la mitad del período gubernamental y postergar la salida de esta coyuntura política, la cual debió pronunciarse ipso facto mediante la convocatoria electoral correspondiente.

​Asimismo, resulta jurídicamente inaceptable que en dicha mesa de diálogo se pretenda pactar o acordar reformas a la legislación electoral. De conformidad con el principio de Reserva Legal (artículo 156, numeral 32 de la CRBV), la creación, modificación o derogación de las leyes electorales es una facultad sustancial y exclusiva del Poder Legislativo legítimamente constituido, mediante el procedimiento ordinario de formación de las leyes. Por ende, cualquier pretendida «reforma» acordada al margen del debate parlamentario legal y formal —y más aún, en el seno de instancias caracterizadas por la ilegitimidad de origen o de desempeño de ambas representaciones— adolece de nulidad absoluta, carece de toda eficacia jurídica y no representa más que una vía de hecho antidemocrática.

​Por su parte, el interventor —actuando veladamente con el mismo propósito— se muestra ajeno a la urgencia de esta convocatoria constitucional. Argumenta que se debe cumplir previamente un plan indeterminado, estructurado en tres fases, sin término definido. Es motivo para inferir que en dichas fases se contemplan contratos petroleros y el traslado de crudo hacia dicho país. Todo esto con el agravante de las declaraciones públicas y notorias de Donald Trump, quien aseveró que el petróleo venezolano le corresponde a su país por haber «ganado una guerra a Venezuela», aduciendo que el vencedor debe quedarse con el botín. Frente a esto cabe preguntarse: ¿cuál guerra? Un despojo de tal magnitud resulta intolerable; como también lo es su afirmación respecto a que estamos «felices y bailando» por el dinero que ahora recibimos. Semejante aseveración no puede ser tolerada por los venezolanos, aun cuando así es consentida por quienes gobiernan interinamente y por las demás instituciones del Estado.

​En este mismo orden de ideas, los recientes comentarios del señor Marco Rubio sugieren la posibilidad de acordar elecciones para el año 2027; planteamiento del cual se infiere una mera eventualidad sin certeza alguna. Asimismo, señaló que se mantienen conversaciones con el canciller del régimen para la apertura de diversos consulados en dicho país, a fin de permitir el voto de la población migrante.

​Estas declaraciones nos obligan a evaluar críticamente los supuestos acuerdos en función de sus definiciones y consecuencias evidentes, dado que a la fecha no han producido resultados concretos ni materializan una solución inmediata a los problemas que aquejan a los venezolanos, alejándose del fin constitutivo de la mesa de diálogo.

​En principio, el interventor acordó cooperar para poner fin al régimen sin su máximo conductor ni su esposa, circunstancia que motivó la detención de estos últimos. No obstante, y sin que el soberano solicitara tal intervención, la figura interventora se apoderó de hecho de nuestras instituciones bajo el pretexto de una crisis institucional, alegando que los aprehendidos incurrieron en presuntos delitos de tráfico de estupefacientes en perjuicio de los Estados Unidos y que encabezaban un gobierno ilegítimo sustentado en un fraude electoral. Así, el interventor asumió de forma arrogante una figura hipotética —semejante a un «Robin Hood»— destinada a resolver la institucionalidad por encima de los principios constitucionales del Estado venezolano. Paradójicamente, mantuvo en la administración gubernamental a los mismos subalternos de los procesados a quienes tildó de usurpadores, permitiendo que continúen en el ejercicio del poder funcionarios designados por los propios detenidos. Fue así como la Vicepresidenta y el gabinete ministerial permanecieron en sus cargos bajo un interinato vencido que se prolongó indefinidamente, en abierta contravención a la obligación constitucional de convocar un proceso electoral expeditivo (artículos 233 y 234 de la CRBV), todo ello con la anuencia por omisión del Tribunal Supremo de Justicia y de la Asamblea Nacional.

​Por otra parte, hemos sostenido en anteriores escritos que el ejercicio del voto de la población migrante debe realizarse de forma automatizada, tal como lo prevé nuestra legislación electoral para las distintas fases del cronograma. No se trata de una propuesta novedosa que deba incluirse mediante una reforma legislativa, pues la ley contempla expresamente la automatización; la exigencia radica en su implementación efectiva para la diáspora en garantía del principio de igualdad constitucional (artículo 21 de la CRBV), en idénticas condiciones que los electores residenciados en el territorio nacional.

​Esta precisión resulta oportuna a propósito de la declaración del señor En relación con la reapertura de sedes consulares para facilitar el sufragio en el exterior, conviene aclarar que los consulados son órganos subordinados al Poder Ejecutivo, cuyo candidato natural suele ser el gobernante de turno en caso de reelección. En consecuencia, dichas sedes no deben actuar como entes rectores ni ejecutores directos en un proceso electoral, pues ello desnaturaliza la competencia por delegación y compromete la imparcialidad del proceso.

​En este sentido, la Constitución consagra la Competencia Exclusiva y Excluyente del Poder Electoral (artículos 292 y 293 de la CRBV) para reglamentar, organizar, dirigir y supervisar los procesos electorales. El Poder Electoral no puede abdicar de sus facultades normativas ni delegar la administración del sufragio en dependencias diplomáticas sujetas a la jerarquía del Poder Ejecutivo. Delegar tales atribuciones en la representación consular implica que el órgano comicial transfiere sus funciones exclusivas a un ente dependiente de una de las partes interesadas, afectando gravemente la transparencia y la autonomía del arbitraje comicial. Esto cobra especial gravedad al considerar una población migrante estimada en aproximadamente 7 millones de venezolanos que están dispersos en varios países de todos los continentes 

​Finalmente, es necesario precisar a la señora Dinorah Figuera que el sistema electoral venezolano está normativamente facultado para llevar a cabo cualquier proceso comicial. Las irregularidades y vicios observados en la práctica no derivan del texto legal, sino de la manipulación interesada de quienes tienen el deber de aplicarlo. La falla no reside en la ley, sino en la parcialidad de quienes integran la mayoría del ente comicial. La solución de fondo exige la designación de un Consejo Nacional Electoral conformado por rectores probos, con acreditada experiencia en la materia y total independencia política. Pretender emprender una reforma legal profunda en la actual coyuntura —máxime cuando es acordada al margen de los canales parlamentarios legítimos— sólo constituye una estrategia de dilación para perpetuar al gobierno interino y consolidar una intervención indefinida. Por tales motivos, se le exige a la vocera que «asuma la representación debida que le corresponde».

EL AUTOR es abogado, experto en materia electoral, exconsultor jurídico del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y miembro del Voluntariado Técnico Electoral (Vote).