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Es público y notorio que en Venezuela no hay administración de justicia
Humberto González Briceño
El estado chavista apoyado en su constitución de 1999 usa todo su aparato militar y legal para linchar física y moralmente a la población civil, especialmente a quienes sin tener armas se atreven a asumir una posición beligerante frente al régimen. Los asesinatos y las torturas perpetradas por operadores del régimen se planifican y ejecutan a escala masiva y en forma sistemática.
Desde el punto de vista del derecho positivo penal venezolano los asesinatos y las torturas contra cualquier ciudadano por motivos políticos son crímenes contra las personas que deberían ser juzgados y los culpables condenados a la máxima pena posible de 30 años de presidio. Sin embargo, esto no es así porque los perpetradores de estos crímenes siguen órdenes precisamente del mismo estado chavista cuyas instituciones deberían juzgarlos y condenarlos.
Aun conscientes de esta realidad, que se impone en forma arrogante e inevitable, las víctimas de torturas y los familiares de los asesinados por enfrentar políticamente al régimen siempre intentan dar la batalla legal dentro del corrupto sistema judicial chavista que les niega toda oportunidad y derecho a recibir justicia. A los procesados por motivos políticos se les condena sin juicio y sin la presencia de sus abogados. A los torturados se les incrementan los castigos por atreverse a denunciar. La mayoría de los implicados en asesinatos políticos son reubicados y ascendidos en sus cuerpos policiales y militares, salvo unos pocos que son sometidos a simulacros de juicios y a los pocos meses recobran su libertad.
Es admirable la tenacidad -¿o ingenuidad?- de centenares de venezolanos que diariamente acuden al despacho del Fiscal del régimen Tarek William Saab a denunciar los delitos de torturas y asesinatos por motivos políticos con la esperanza de ser escuchados para recibir una burla como respuesta. A estos se suman un grupo de organizaciones civiles que con paciencia y perseverancia se han dado a la tarea de acompañar a las víctimas en su reclamo de justicia ante las oficinas de los propios verdugos del régimen. Parece un contrasentido, y en efecto lo es, pedirle al propio verdugo que castigue a sus esbirros. Pero, ¿qué otra cosa podrían hacer?
Ya son dos décadas de encubrimiento de la tortura y el asesinato por razones políticas bajo el régimen chavista. La mayoría de esos crímenes están sepultados bajo el olvido y la impunidad. Solo una fracción de ellos logra permear las redes sociales sin que ello haga mayor diferencia. Y es que la resignación a que jamás habrá justicia mientras el chavismo esté en el poder ha dado paso a una nueva esperanza: La justicia internacional. Esto es, tratar de lograr en instancias internacionales la justicia que les es negada a los venezolanos en forma sistemática dentro de Venezuela bajo el régimen chavista.
Ahora los delitos contra las personas tipificados en la ley penal venezolana adquieren otra denominación tan difusa como rimbombante, “violaciones a los derechos humanos”. Pareciera entonces que al reconocerse unos derechos humanos universales también se reconocería la existencia de unas instancias supranacionales y extraterritoriales a los Estados que en teoría podrían juzgar y condenar a otros estados y personas por la comisión de esos delitos.
Si bien es cierto que estas instancias para administrar “justicia internacional” existen no es menos cierto que sus decisiones en realidad dependen no de un inexistente derecho internacional sino de la voluntad y los intereses geopolíticos de los estados. En otras palabras, no existe un estado por encima de los estados soberanos que pueda ejecutar una sentencia condenatoria por “violación de los derechos humanos”, a menos que exista la decisión política por parte de un Estado o una coalición de Estados de intervenir militarmente y ejecutar esas decisiones como ha ocurrido en Irak y Libia, por citar solo dos de reciente data.
¿Por qué el régimen chavista se burla en la cara de la llamada “justicia internacional”? Sencillamente porque puede hacerlo. El Estado chavista se maneja muy bien en los pasillos de esas cortes internacionales porque sabe muy bien que mientras no haya un consenso entre potencias tales como los Estados Unidos, China y Rusia o la decisión unilateral de los EEUU de intervenir en Venezuela militarmente en defensa de sus propios intereses jamás enfrentará el peligro de pagar por crímenes contra los derechos humanos.
Cualquier caso que haya logrado exitosamente atravesar los intrincados laberintos de esos procesos judiciales de la “justicia internacional” y termine en una condena contra el estado chavista y sus esbirros no podrá escapar del ámbito de la política real. Y la realidad es que sin la cooperación del propio estado chavista y sus instituciones esas sentencias serán virtualmente inaplicables.
Por eso el chavismo se ríe y se seguirá riendo en la cara de las víctimas y sus familiares. Por eso el chavismo se da el lujo de invitar oficialmente al Fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan para constatar y validar los cambios cosméticos a su régimen carcelario y de torturas. La reubicación de presos políticos en cárceles de presos comunes ha ocurrido en las narices de estos órganos de la llamada “justicia internacional” sin que se hayan pronunciado. Lo que es peor, uno de los más connotados presos políticos del régimen, el General Raúl Isaías Baduel, es asesinado por el estado chavista en la antesala de la visita del señor Khan y eso no logra ni siquiera una petición de investigación.
Sin el ánimo de desalentar a quienes han abrazado la causa de los derechos humanos y sin desconocer la importancia de la denuncia perseverante y sistemática de los crímenes políticos del chavismo, no se puede fomentar la ilusión de una supuesta “justicia internacional” que se activará para juzgar y condenar a operadores del chavismo por crímenes contra las personas. Eso podría sonar como una causa genuina y altruista pero es tan ingenuo como esperar justicia de los tribunales chavistas controlados por los propios verdugos y coordinados por el esbirro mayor Tarek William Saab.
Para que haya una justicia efectiva y verdadera en Venezuela primero habrá que expulsar del poder al chavismo y la nueva república deberá aprobar las leyes más severas y draconianas que permitan juzgar y condenar a los chavistas que perpetraron delitos contra las personas, corrigiendo años de burla e impunidad escondidos tras las faldas de una supuesta “justicia internacional.”
