Juan Bautista, Rolando y Otoniel Guevara permanecen presos desde noviembre de 2004. La orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado venezolano es inequívoca: dejarlos inmediatamente en libertad. Siguen presos.
Si el gobierno de Delcy Rodríguez quiere demostrar que su anunciada política de pacificación y reunificación nacional es algo más que retórica, tiene delante un caso que no admite demasiadas interpretaciones: la libertad de Juan Bautista, Rolando y Otoniel Guevara.
Los Guevara permanecen presos desde noviembre de 2004 por el asesinato del fiscal Danilo Anderson. Son más de 21 años de cárcel y, después de recientes excarcelaciones de otros detenidos de larga data, constituyen el caso más antiguo entre los presos políticos del chavismo.
Pero hay algo más. En octubre de 2025 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso Guevara Rodríguez y otros contra Venezuela. Determinó que fueron víctimas de desaparición forzada y torturas, estableció graves violaciones de sus garantías judiciales y concluyó que existió una cosa juzgada fraudulenta. La orden al Estado venezolano fue inequívoca: dejarlos inmediatamente en libertad.
La explicación probablemente está menos en el derecho que en la política. La muerte de Danilo Anderson fue convertida por el gobierno de Hugo Chávez en prueba de una gran conspiración opositora contra la revolución. El expediente dejó de ser solamente penal para convertirse en parte del relato fundacional del chavismo.
Revisarlo implica entonces preguntarse quién construyó el caso, quién toleró sus irregularidades y quién se benefició políticamente de aquella versión.
Quizás por eso los Guevara han sido también los grandes ausentes de las negociaciones entre chavismo y oposición. Otros presos han tenido partidos, gobiernos extranjeros u organizaciones internacionales reclamando por ellos. Los Guevara pertenecen a una categoría menos afortunada: presos sin padrinos políticos.
El chavismo tampoco los reconoce como presos políticos. Los presenta como condenados por un delito de sangre. Esa clasificación permitió mantenerlos fuera de las listas negociadas mientras otros detenidos entraban y salían según las circunstancias políticas.
Pero después de la sentencia de la Corte Interamericana ese argumento resulta difícil de sostener.
Delcy Rodríguez habla ahora de reconciliación, excarcelaciones y transformación de la justicia. Precisamente por eso la pregunta resulta inevitable: ¿Y los Guevara?
Una reconciliación que selecciona cuidadosamente a quién reconciliar corre el riesgo de convertirse simplemente en otra forma de administrar políticamente los presos.
Tampoco la oposición puede eludir su responsabilidad. Debería explicar por qué estos nombres nunca han ocupado un lugar prioritario en sus negociaciones. La defensa de los presos políticos pierde autoridad moral cuando unos tienen partidos, contactos y padrinos internacionales mientras otros envejecen esperando su turno.
Los Guevara no necesitan otra negociación. Después de más de 21 años presos existe una sentencia internacional que ordena su libertad.
Si Delcy Rodríguez quiere ofrecer una prueba concreta de pacificación nacional, puede comenzar por allí.
Después podremos discutir si estamos ante un cambio político verdadero o simplemente ante otro cambio de escenografía.- @humbertotweets

EL AUTOR es abogado y analista político con maestría en Negociación y Conflicto en California State University


