La intervención no resolvió la crisis democrática e institucional

El derecho al sufragio, así como la falta de transparencia de los procesos electorales fue conculcado por el régimen y ahora por el opresor.

Celiz Ramón Mendoza

Es un hecho público y notorio que la detención de Nicolás Maduro no constituyó una sorpresa. Desde el momento en que se ofreció una elevada suma de dinero como recompensa por su captura, su aprehensión ya estaba anunciada. Este preámbulo se materializó con el traslado de buques de guerra, aviones, helicópteros de combate y un gran contingente militar extranjero, concentrándose en las proximidades del mar territorial de Venezuela. Esta presencia militar se prolongó por aproximadamente cuatro meses.

​Durante ese período, las fuerzas extranjeras hicieron gala de un despliegue bélico, procediendo a bombardear y destruir diversas lanchas que navegaban en las cercanías, bajo la premisa de que transportaban narcóticos. Las autoridades operativas anunciaban públicamente el número de personas fallecidas y la cantidad de drogas destruidas; sin embargo, estas acciones generaron una duda razonable. Al ser destruidas las embarcaciones en plena persecución sin dejar rastro, nunca se presentó una prueba fidedigna, física o procesal, que demostrara la existencia de los narcóticos o permitiera identificar a los tripulantes. Surge entonces la interrogante sobre cómo se determinó con exactitud el volumen de la carga y el número de ocupantes. Un detalle adicional que llama la atención es que, en los videos difundidos con el propósito de intimidar a los presuntos narcotraficantes, todas las embarcaciones atacadas lucían idénticas. Ante esta demostración de fuerza, y bajo la supuesta evidencia de su argumentación, se concretó finalmente el día de la captura; por cierto, ante ese hecho, llama la atención la ausencia de los militares venezolanos, puesto que ante el anuncio previo a la captura de Nicolás Maduro se pronunciaban con  mucho ímpetu, y que estaban preparados para defender al país  de cualquier invasión bélica extranjera”, así se demuestra  de sus presentaciones en los medios audiovisuales.

1. ​Análisis Político-Jurídico

​Públicamente, se anunció que esta detención obedecía a que el mandatario era considerado el jefe del denominado «Cártel de los Soles». Bajo esta narrativa, se argumentó que no era un presidente legítimo debido al presunto fraude electoral y que, en consecuencia, no ostentaba la condición de prisionero de guerra, sino la de un narcotraficante que había inundado a los Estados Unidos de estupefacientes, debiendo ser juzgado por la jurisdicción de dicho país.

​Sin embargo, ante este hecho, surge una profunda contradicción jurídica: si se invalida la legitimidad del titular del Ejecutivo, ¿no resulta incongruente considerar como legítimo al gabinete de gobierno que este designó? En el derecho administrativo y constitucional impera el principio de que los actos derivados de una autoridad ilegítima o nula adolecen del mismo vicio; es decir, la validez de los órganos subalternos depende estrictamente de la legitimidad de quien los nombra.

​Inicialmente, frente a los actos de principios de año, una parte importante de la población venezolana se mostró impávida o incluso complacida, percibiendo la captura como un evento esperado. No obstante, para otros sectores, esta acción representó una clara invasión a nuestro territorio y una flagrante violación al Derecho Internacional Público, contraviniendo normas fundamentales como el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados.

​Para sustentar la intervención, se utilizó la figura del «Cártel de los Soles». Sin embargo, etimológicamente y desde la perspectiva del derecho penal, un cártel o estructura de crimen organizado requiere indispensablemente de una pluralidad de individuos unidos mediante un acuerdo para llevar a cabo actividades ilícitas sistémicas. Un cártel no puede estar constituido por un solo individuo; si actúa de manera independiente, se trata de un delincuente solitario, no de una red criminal. Al cesar abruptamente el despliegue militar tras la captura de Maduro, abandonando la persecución de los supuestos cómplices o subordinados, se desvirtúa la existencia fáctica del cártel. Queda en evidencia que la justificación del narcotráfico organizado fue un instrumento argumentativo cuyo único fin era justificar la aprehensión de un solo individuo.

​IMPACTO CONSTITUCIONAL

​El beneplácito inicial en ciertos sectores de la población se desvaneció rápidamente al observar el desarrollo de los acontecimientos. Las expectativas de cambio se frustraron al constatar que la estructura del gobierno quedó intacta. Todo continuó su ritmo habitual: la Vicepresidenta asumió el poder de facto, sin que las instituciones aclararan si se trataba de una falta temporal o de una ausencia absoluta del Presidente; los presos políticos continuaron encarcelados, y la grave crisis económica, los precarios salarios y el colapso de los servicios públicos se mantuvieron inalterables.

​Esta realidad nos obliga a cuestionar si los argumentos utilizados para la intervención estaban realmente justificados, o si formaron parte de un pretexto diseñado para vulnerar nuestra soberanía, imponer una hegemonía extranjera y actuar en beneficio de intereses económicos y personales foráneos.

​Desde la perspectiva constitucional, el único «beneficio» teórico de esta ausencia permanente del presidente debió ser la oportunidad ciudadana de invocar los artículos 233 y 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Estas normas obligan a declarar la falta absoluta y convocar a nuevas elecciones, permitiendo así la restitución del sistema democrático. Sin embargo, aún persiste la intransigencia de parte de uno de los emisarios del opresor que forma parte de la mesa de Transición al declarar  públicamente en una entrevista, que si van a realizarse elecciones y cínicamente declaró: “claro que si, elecciones de alcaldes, gobernadores , legisladores y presidencial, en el tiempo que establece la Constitución”. Con esta declaración no hace sino repetir lo mismo que dijo Donald Trump, y además ¿cómo queda en ese caso la Mesa de Transición?,   cuando de lo que se trata es la elección presidencial, por efecto de la ausencia absoluta, definitiva, de Nicolás Maduro.  Este derecho al sufragio, así como la falta de transparencia de los procesos electorales había sido previamente conculcado por el régimen y ahora por el opresor; creando un malestar en los venezolanos al igual que cuando gobernaba Nicolás Maduro que produjo todas las protestas originadas por la alteración de los resultados electorales. En dicho proceso, pese a que las actas de escrutinio demostraban el triunfo del candidato opositor (Edmundo González), el Consejo Nacional Electoral (CNE) omitió su deber legal de publicar los resultados desglosados, tal como lo exige perentoriamente el artículo 150 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE). Esta omisión institucional derivó en protestas masivas, represión estatal, y la privación ilegítima de la libertad de innumerables ciudadanos que aún sufren tratos crueles. Esperemos que por el bien del pais, esta situación no se repita.

​ Conclusiones

​Lejos de facilitar una transición democrática, la intervención extranjera paradójicamente le ha permitido al poder interventor truncar el rescate de nuestra soberanía. Al desconocer la legitimidad del presidente, pero mantener intacto a su gabinete, y al argumentar que el país «no está preparado para unas elecciones» hasta cumplir unas fases impuestas sin cronograma definido, se ha bloqueado el ejercicio de nuestros derechos constitucionales.

​Esta vía de coerción ha facilitado la celebración de contratos sobre nuestros recursos naturales mediante un gobierno de transición contradictoriamente sostenido por la fuerza interventora. En la práctica, la nación se encuentra secuestrada y despojada de la independencia por la que tanto se sacrificaron nuestros libertadores. Mientras esto ocurre, voceros internacionales, como Donald Trump, manifiestan públicamente que el país intervenido «celebra», bailando y validando la lógica imperial de que el vencedor de un conflicto se queda con el botín, o  el despojo, que no son otros que, nuestras riquezas minerales,  nuestro petróleo  y además el control del Estado.

​En conclusión, la intervención no resolvió la crisis institucional ni democrática de Venezuela, sino que la tiranía sigue latente e instaurada además por una sujeción neocolonial, agravando severamente la pérdida de nuestra soberanía nacional.

EL AUTOR es abogado, experto en materia electoral, exconsultor jurídico del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y miembro del Voluntariado Técnico Electoral (Vote).