El pueblo de Bolívar no tolerará esta monstruosidad. Comienza el tramo final de las grandes decisiones populares, en rebeldía frente al poder viciado y abusivo
Manuel Isidro Molina
No ha sorprendido el zarpazo final del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional (AN) y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). El Gobierno del PSUV ha profundizado su camino dictatorial de abolengo soviético-cubano y primitivismo “izquierdoso” trasnochado.
Se evidencia nuevamente el mayor desprestigio nacional e internacional del Gobierno de Nicolás Maduro; la menguada capacidad de convocatoria de la dirigencia de la Mesa de Unidad Democrática (MUD); la defensa de la paz interna por parte del pueblo venezolano que rechaza la violencia política y exige soluciones a sus problemas; y la necesidad urgente de construir un poderosos movimiento alternativo, serio, confiable, honesto, solidario y con plena responsabilidad social e histórica.
La Sala Constitucional del TSJ echó por tierra la inmunidad parlamentaria de los diputados a la Asamblea Nacional y sentó base jurisprudencial para hacer nugatoria, en todo tiempo, lo que la Constitución estatuye sin condicionamiento alguno:
Artículo 199. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no son responsables por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Sólo responderán ante los electores o electoras y el cuerpo legislativo de acuerdo con esta Constitución y con los reglamentos.
Artículo 200. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo… Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los o las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley.
Artículo 201. Los diputados o diputadas son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos o sujetas a mandatos ni instrucciones, sino sólo a su conciencia…
Si de algo sufre el liderazgo del Psuv en los Poderes Públicos Nacionales, es de déficit democrático -un grado de ignorancia asociada al abuso de poder-, del cual han hecho gala los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional, en combinación con el presidente Nicolás Maduro Moros, la diputada ausentista Cilia Flores, el consultor jurídico de Miraflores, Elvis Amoroso, y el nuevo presidente del TSJ, Maikel Moreno, cuyas luces constitucionales son bastante opacas.
La inmunidad parlamentaria es no solo irrenunciable, sino absolutamente inatacable, salvo en casos penales graves, como lo establece la Constitución en el precitado artículo 200. Nuestros representantes nacionales, al representar al pueblo y a las entidades federales por voto popular, gozan de inmunidad personal e irresponsabilidad política, desde que la Constitución de 1961 asumió la tradición inglesa (inmunidad) y francesa (irresponsabilidad), todo lo cual fue volado de un plumazo por los obedientes miembros de la SC. Esa barbaridad violenta la Constitución, por lo que es nula e ineficaz.
«Los integrantes de la Sala Constitucional, complacen al Gobierno y al presidente del TSJ»
No conformes con ello, los integrantes de la SC, complacen al Gobierno y al presidente del TSJ, mediante esa práctica ominosa de “Ponencia Conjunta” que oculta la responsabilidad (brillo u opacidad) de los magistrados y magistradas, quienes en condición de ponentes asumen la conducción de los expedientes y arman la arquitectura jurídica y conceptual de las sentencias, antes de pasar a consulta de los conjueces.
Adicionalmente, la SC del TSJ mandata al Presidente de la República a revisar la legislación penal vigente, sin que la Constitución contemple tales atribuciones para el Jefe de Estado, salvo condición inevadible de autorización legislativa para emitir decretos con fuerza y rango de ley (leyes habilitantes). Esa barbaridad constitucional cometida por los miembros de la SC, está evidentemente salpicada del ánimo represivo que priva en el Gobierno y asume con vigor de mejores causas, el presidente del TSJ.
Cierra este ciclo de aberrantes decisiones de la SC, el secuestro permanente de la facultades del Poder Legislativo por parte del Poder Judicial, dominado a su antojo por el PSUV y la tríada miraflorina Flores-Maduro-Amoroso en connivencia con Moreno y demás magistrados cómplices del camino dictatorial escogido desde el año pasado por el presidente Nicolás Maduro.
Hasta hoy, este esquema anti constitucional ha contado con respaldo irrestricto del alto mando militar, parte importante del círculo represivo montado por el Gobierno junto con las policías nacionales, regionales y municipales, la Guardia Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Investigación Nacional (Sebin) y la Dirección General Contrainteligencia Militar (DGCIM), más los “tonton macoutes” y agazapados en los mal llamados “colectivos”, armados y financiados abundantemente por el Gobierno.
Venezuela, sin Asamblea Nacional, es hoy vergüenza en el mundo. Este zarpazo es inaceptable, inaplicable, inexistente.
Nicolás Maduro y Maikel Moreno se han enanizado ante el pueblo venezolano, vigorosamente democrático y participativo; y ante la comunidad internacional. Se auto infligieron un golpe mortal, que ni Maduro ni Moreno están en capacidad de comprender, cebados como están con las mieles del poder. Olvidan que el poder siempre es efímero.
«este esquema anti constitucional ha contado con respaldo irrestricto del alto mando militar»
Este zarpazo del TSJ es definitivo: extingue lo que quedaba de AN, peor que el apresamiento de parlamentarios del PCV y el MIR en 1962, decretado por el presidente Rómulo Betancourt, cuyas provocaciones represivas llevaron al error de la lucha armada de los años sesenta del siglo pasado.
El pueblo de Bolívar no tolerará esta monstruosidad. Comienza el tramo final de las grandes decisiones populares, en rebeldía frente al poder viciado y abusivo que actualmente emblematizan Maduro y Moreno, enterradores de lo que queda del proyecto transformador y solidario que iniciamos en 1998 con el triunfo del Polo Patriótico que llevó a la presidencia de la República a Hugo Chávez, quien incubó todo lo que estamos viendo y sufriendo.
El problema es demasiado serio. El Gobierno materializó su decisión de tomar abiertamente el camino dictatorial, y el país no se lo va a permitir; tampoco, el entorno internacional. Comienza una etapa de lucha por la recuperación de los equilibrios democráticos previstos en la Constitución, sin injerencia extranjera ni afectaciones de nuestra soberanía e independencia.
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