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Abdón Vivas Terán: «La economía está desfalleciente»

Abdón Vivas Terán

Abdón Vivas Terán, expresidente del Fondo de Inversiones de Venezuela: «No sólo han destruido el aparato productivo interno, sino también las empresas públicas»


Enrique Meléndez

Abdón Vivas Terán, antiguo dirigente de Copei, afirma que la actual crisis venezolano tiene un origen estructural y un origen coyuntural. Lo primero, por el fracaso del modelo del “Socialismo del Siglo XXI; lo segundo, por el fracaso de las políticas económicas.

¿A qué atribuye usted la actual crisis económica que vive Venezuela?

La actual crisis económica que vive Venezuela se origina fundamentalmente en dos elementos aplicados por estos dos gobiernos del “Socialismo del Siglo XXI”: uno estructural y otro coyuntural. Empezando porque han hecho una apuesta por alterar el sistema productivo nacional para sustituirlo por un sistema de producción socialista.

En la práctica ha cumplido su objetivo, ya muy avanzado, lo que significa que la economía del país en este momento está desfalleciente. Han puesto en shock a la producción agrícola, a la producción industrial y ahora se dedican a los sectores de comercio y servicios, que están comenzando a decaer aceleradamente. No obstante, ellos no han sabido fomentar un sistema socialista eficiente que reemplace las cuotas de producción que han desaparecido al destruir el sistema capitalista.

Pero no sólo han destruido el aparato productivo interno, sino también las empresas públicas, y para el caso te cito a las empresas básicas de Guayana, cuya productividad ha decaído. La producción ha decaído, ha disminuido la exportación, han aumentado los conflictos laborales, ha aumentado el despilfarro, al igual que ocurre con nuestra empresa básica que es Pdvsa.

Este sería el primer gran fracaso. Es decir, un fracaso estructural. Pero también hay otro fracaso y es el que tiene que ver con las políticas económicas: las políticas cambiarias, el manejo de los equilibrios macroeconómicos básicos, el manejo del nivel de precios, el manejo de la tasa de interés, el manejo de la balanza de pagos y el manejo del balance fiscal. Todos han sido totalmente desordenados, no se corresponden con ninguna orientación que la ciencia económica pueda apoyar. Además, en esos sectores ha cundido la incompetencia, el despilfarro y la corrupción generalizada.

El cuadro que tenemos hoy se resume en una serie de índices que están disponibles para todos, sólo que el BCV últimamente no los ha puesto al día, y que se manejan en forma extraoficial de la siguiente manera: inflación entre 200 y 230 por ciento; déficit fiscal de 20% con tendencia a expandirse por la caída de los precios del petróleo; financiamiento monetario del BCV a Pdvsa por el orden del billón y medio de bolívares, que es más presión inflacionaria, puesto que hay mucha oferta monetaria y poca oferta de servicios; déficit de la balanza de pagos por el orden de los 27 mil millones de dólares, que es lo que ha llevado al gobierno a rematar la deuda pública en el exterior, así como a vender activos y pignorar oro; aumento de la deuda.

Ese problema tiene una terrible connotación social, y es que destruye el poder adquisitivo del bolívar, destruye el poder adquisitivo de los salarios, así como destruye el crecimiento real de los salarios.

¿El llamado Estado comunal, promovido por la “revolución bolivariana” tiene algún parecido a la “sociedad comunitaria”, planteada por usted cuando era dirigente de Copei?

La sociedad comunitaria, que incorpora el comunistarismo como esencia del pensamiento socialcristiano, fue postulada por un grupo de dirigentes de la Juventud Revolucionaria Copeyana en la década de 1970, como una propuesta de transformación global de la sociedad.

Partía de la idea de que en un desbalance de poder frente al Estado y los ciudadanos, se deberían organizar una serie de sociedades intermedias, de naturaleza comunitaria, reconocidas jurídicamente, y que tuvieran como propósito defender intereses legítimos de los sectores a quienes correspondieran sus organizaciones particulares. Se trataba de un tesis que aumentaba el estado de participación de la sociedad, para resolver sus propios asuntos políticos.

Este esquema está muy lejos de lo que el régimen entiende como Estado Comunal. Yo he hecho un análisis a fondo, una vez que se aprobaron las once leyes que constituyen la vertebración del Estado comunal; análisis que me llevó a una conclusión, y es que yo estimo que este tipo de Estado se inscribe dentro de un proyecto de sociedad socialista, a través del “Socialismo del Siglo XXI”, y el cual se alimenta del pensamiento marxista.

¿En qué se basa usted para decir que tiene un componente marxista? ¿Acaso no hay países que se rigen por un sistema comunal?

Aquí se plantea un desarrollo político e ideológico que, según mi parecer, va en contra del carácter pluralista de la Constitución de Venezuela, pues al hacerse parte integrante del Estado comunal del pensamiento socialista marxista, excluye, por definición, a cualquier otra orientación ideológica o cualquier otra posición política.

Pudiéramos decir que se trata de una simple enunciación de sus principales características como instrumento en manos del presidente Maduro. La primera es que supone crear un nuevo tipo de Estado, el cual, por lo demás, no está contemplado en la Constitución, pero que sí está dirigido a sustituir el Estado democrático y de derecho.

La segunda es que el Estado comunal incorpora un concepto de propiedad que ellos conocen como propiedad común. Así la definen en todas las leyes y en todas las instancias. Pero a mí me parece un eufemismo para ocultar lo que de verdad es el tipo de propiedad que tiene ese proyecto y que resulta evidente, pues ahí lo que se contempla es la propiedad del Estado. En la comuna no se mueve nada si no hay una aprobación previa de la presidencia de la República.

A partir del manejo del concepto de propiedad comunal yo veo metida la mano del grupo de Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, además de la Fundación ISIS de Valencia (España), dada la influencia que esta gente tenía en la universidad complutense de Madrid. El tipo de propiedad que se plantea aquí “supera la lógica del capital”, así la denominan, donde no se hace ninguna referencia a la ganancia con utilidad de las actividades productivas como guía del proceso de la producción, y donde por puesto no hay ningún proceso de acumulación.

Es decir, una sociedad que va a configurar un Estado estacionario, de subsistencia, para quienes laboren en ese sector de la actividad productiva nacional. Un Estado que viene a ser una nueva forma de distribución de la renta petrolera nacional. Hay varias vías por las cuales se alimenta el Estado comunal desde la zona central del poder.

Una es el empoderamiento de todos los factores que allí trabajan en los consejos comunales, y los que están integrados en un marco vertical de dirección política, que en este caso sería el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y de la presidencia de la República, pero a cambio de ello van a recibir transferencias importantes de dinero. Yo no poseo cifras a ese respecto, pero en el 2014 ya esa asignación llegaba a 10 millones de bolívares, que no era entonces una cantidad despreciable.

¿Cómo van a ser nombrados esos consejos comunales? ¿Acaso serán nombrados por la vía de los procesos electorales tradicionales?

En cuanto al sistema electoral que va a privar en ese régimen, se pierde el poder del sufragio universal, directo y secreto para privar el voto de la mano alzada en las instancias de base del Poder Popular de las Comunas. En consecuencia, estamos volviendo a una etapa anterior, desde el punto de vista histórico. Las organizaciones comunitarias en el Estado comunal no tienen, en consecuencia, ninguna autonomía funcional y, además, tienen un encargo muy importante que es el de ir desplazando paulatinamente a dos organizaciones: a las gobernaciones y a las alcaldías.

¿Qué piensa de la actual situación por la que atraviesa Copei, casi en estado de extinción?

La situación que vive hoy Copei es motivo de asombro, de sentimientos depresivos entre la militancia del partido y en otros círculos también, influenciados por el pensamiento socialcristiano. El hecho es que ha habido un enfrentamiento inusitadamente violento en el seno de Copei.

Ese enfrentamiento se debe a interpretaciones muy disímiles que tuvieron, tanto la directiva anterior del partido, encabezada por Roberto Enríquez, en la interpretación de norma estatutarias que obliga a la representación de las regiones y a la militancia de Copei, en torno a decisiones que tomó, y a explicaciones totalmente interpretativas y antinómicas que hizo un sector importante del partido que alegan que sus derechos fueron desconocidos por la anterior dirección nacional del partido.

Ese choque de dos bandos no fue resuelto por los mecanismos ordinarios que los partidos, especialmente Copei, tienen establecidos para esas situaciones de crisis interna. No se hizo eso sino que, tanto el sector que estuvo dirigiendo el partido hasta julio de este año, como el que ahora pretende dirigirlo, decidieron acudir a los organismos juridisccionales del Estado para que fueran ellos los encargados de dirimir, a través de decisiones que se conocen como sentencias judiciales, la marcha del partido.

Frente a ese hecho algunos de nosotros reaccionamos con la idea de buscar elementos de conciliación, de armonía y de entendimiento, y sabemos quienes tenemos una cierta experiencia en la lucha política que todo eso significa que las partes encontradas tienen que ceder en sus puntos de vista, en sus aspiraciones, en su estrategia o en su concepto político, para poder llegar a un punto de entendimiento.

Yo he hecho grandes esfuerzos para que existieran al menos tres líneas de entendimiento que pudieran moderar el conflicto, con vistas a superar el escollo de fondo, y que las he manifestado en algunas reuniones donde he participado: una es buscar una forma de entendimiento sobre la maqueta electoral; también evitar de ahora en adelante dirigirse insultos o cualquier adjetivo denigratorio; y convocar para el momento más oportuno a una convención nacional del partido, donde se hiciera una propuesta solemne de renunciar a la vía jurisdiccional para seguir dirimiendo los conflictos internos de Copei.