Humberto González Briceño
La vieja teología petrolera chavista identificaba control extranjero, inversión privada e imperialismo como partes de una misma conspiración
Humberto González Briceño
Durante años el chavismo convirtió la Apertura Petrolera de los noventa en uno de los grandes pecados de la democracia venezolana. Hugo Chávez la describió como una entrega del país y en 2007 celebró públicamente su desmantelamiento como la recuperación de la “plena soberanía petrolera”.
Casi veinte años después el PSUV parece haber descubierto que aquella herejía tenía algunas virtudes.
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada en enero de 2026 permite que empresas privadas domiciliadas en Venezuela participen directamente en actividades primarias mediante contratos con empresas estatales. También amplía los mecanismos contractuales disponibles para atraer capital y tecnología privados.
No hay nada censurable en eso. Quienes hemos defendido una política petrolera nacionalista nunca hemos confundido soberanía con monopolio estatal. Un país puede conservar la propiedad de sus recursos, establecer impuestos y regalías, definir políticas estratégicas y simultáneamente asociarse con capital privado nacional e internacional.
El problema es otro: durante dos décadas el chavismo sostuvo exactamente lo contrario.
La contradicción alcanza dimensiones casi caricaturescas con North American Blue Energy Partners, NABEP. Según la Casa Blanca, la compañía recibió concesiones sobre 17 campos que contienen aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas probadas. El organismo de capital estratégico del Departamento de Defensa estadounidense tendrá 35% de la empresa matriz; Washington dispone además de poder de veto sobre los directores y la mayoría de la junta deberá estar integrada por ciudadanos estadounidenses.
No significa que Estados Unidos sea propietario del subsuelo venezolano. Pero cuesta reconciliar semejante arreglo con la vieja teología petrolera chavista que identificaba control extranjero, inversión privada e imperialismo como partes de una misma conspiración.
La ironía aumenta cuando todavía está vigente el Plan de la Patria 2025-2031, que proclama la “soberanía plena y control del Estado” sobre los hidrocarburos y ordena garantizar la hegemonía estatal sobre la producción petrolera.
Que el PSUV rectifique no debería preocuparnos. Venezuela necesita inversiones, tecnología, seguridad jurídica y empresas capaces de recuperar una industria devastada.
Lo interesante es observar cómo el partido que hizo de la estatización una doctrina termina recurriendo al capital privado extranjero sin detenerse siquiera a reconocer el viaje ideológico.
Al final no fue la apertura petrolera la que traicionó al chavismo.
Fue la realidad la que terminó derrotando su discurso.-
EL AUTOR es abogado y analista político con maestría en Negociación y Conflicto en California State University
