Violencia, anarquía, miedo e impotencia es lo que viven quienes intentan adquirir alimentos regulados en farmacias y supermercados. Impedirle a un bachaquero colearse o negarle la entrega de ciertos productos se paga con golpes o amenazas con navajas y hojillas
Jesús Suárez
30 días estuvo de reposo Celia Sánchez, de 21 años de edad, luego de recibir una paliza por parte de cuatro mujeres. El informe médico del centro de salud público donde la atendieron decía “hematomas con úlceras internas”; también le dio gastritis.
El miércoles 24 de febrero Celia acudió, en la madrugada, al supermercado Día Día ubicado en calle Los Robles, cerca de la avenida Sucre, en el sector Agua Salud (Caracas). Era una de las primeras en la cola y le tocaba por su número de cédula. Poco a poco empezaron a llegar los trabajadores del lugar, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y los conocidos “bachaqueros”.
«Después de tres horas de haber avanzado varios metros, y estando cerca de la entrada del local, una mujer se le puso adelante y le aseguró que ella iba ahí»
Antes de que abrieran las puertas, varias mujeres se metieron en la cola sin justificación; “parecían marimachas, estaban desarregladas, vestían con licras o jeans, franelilla y tenían bolsas, no tenían carteras”, recuerda. La joven se percató de lo que ocurría y les dijo que se estaban coleando pero ellas hicieron caso omiso. Luego se dirigió a los GNB, las denunció y los funcionarios las sacaron de la cola.
Después todo transcurrió con normalidad, ingresó al local y compró; sin embargo, al salir las mujeres estaban en los alrededores y no le quitaban la mirada de encima.
Celia se asustó y buscó ayuda en los guardias. “Te podemos llevar hasta tu casa si quieres”, le dijeron. No aceptó, le dio pena y prefirió que la acompañaran hasta una parada de autobuses lejana al lugar. Los GNB esperaron que se subiera a la unidad de transporte público y se fueron.
Luego de recorrer varios metros las mujeres se montaron en la misma unidad -la siguieron- y sin cruzar palabras le cayeron a golpes, frente a todo el mundo. Nadie hizo nada. Se bajaron, la dejaron tirada en el piso, con moretones, fisuras y hasta una prótesis de los senos dañada. Todos los productos que compró se los quitaron.
Tierra de nadie
Violencia, anarquía, miedo e impotencia son algunas de las palabras que describen lo que se vive en las colas –ya cotidianas- a las afueras de supermercados, abastos e incluso farmacias para comprar comida. Quienes las hacen no se comen el cuento de que “las colas son sabrosas” o que “son culpa de la derecha”, del “imperio” o de “Polar”, como más de una vez han dicho voceros del Gobierno, y así lo dejaron claro al compartir sus experiencias con La Razón.
A la señora Rosa Caldera, de 66 años de edad, la tiene “cansada esta situación”. Ella hace semanas estaba haciendo la cola para adquirir algunos productos en el Unicasa de Colinas de Bello Monte, en el municipio Baruta. Llegó temprano, como acostumbra siempre que le avisan que venderán “algo bueno”, e hizo su cola con tranquilidad.
Después de tres horas de haber avanzado varios metros, y estando cerca de la entrada del local, una mujer que no pasaba de 35 años de edad se le puso adelante y le aseguró que ella iba ahí. Rosa sabía que no era así y hubo un intercambio de palabras por varios segundos hasta que la mujer sacó una navaja y la amenazó, diciéndole que si no la dejaba quieta le cortaría la cara. Entre 10 y 15 personas presenciaron todo y una vez más, nadie hizo nada.
«Mientras esperaba para abordar la unidad se le acercó la misma mujer, le dijo que eso le había pasado “por echar la paja, por pajúa”, se sacó una hojilla debajo de la lengua y se la acercó a la cara, casi cortándola»
Después de comprar más de uno se le acercó a Rosa diciéndole que lo que hizo “fue lo mejor”, pues debe “evitar problemas con esa gente” (los bachaqueros) porque “uno no sabe de lo que son capaces y no trabajan solos, son varios que andan por aquí”. Desde entonces, no ha vuelto a ese supermercado.
En este caso no había funcionarios ni de la policía nacional o municipal ni de la Guardia Nacional; sin embargo, su presencia tampoco garantiza que las personas estén en paz en la cola.
Un día, a mediados de marzo, Sofía Guerra estaba entre el gentío que esperaba para ingresar al Abasto Bicentenario de Palo Verde, municipio Sucre de Caracas. Frente a ella había un señor de la tercera edad.
Todo estaba tranquilo hasta que, de repente, una mujer se le acercó, le metió la mano en el bolsillo al abuelo y en un instante le sacó varios billetes. Los que estaban detrás de él observaron todo en silencio hasta que la desconocida se fue. En ese momento Sofia le dijo al señor lo que ocurrió, aconsejándole estar más pendiente.
No pasó ni media hora de lo ocurrido cuando la misma mujer que robó al hombre, acompañada de un Policía Nacional, volvió al lugar asegurando que Sofía se había coleado, que no tenía por qué estar ahí, y el funcionario sin preguntar ni indagar le informó que debía salirse de la cola o mandaba a cerrar el establecimiento y todas las demás personas se quedarían sin comprar. Ella se defendió, afirmó que la acusación era falsa, que tenía rato esperando para pasar pero no le sirvió de nada, al final tuvo que apartarse. Las otras personas que estaban detrás de ella no hicieron nada.
Cerca de ese Bicentenario está la parada de los autobuses que llevan a Sofía hasta su casa. Mientras esperaba para abordar la unidad se le acercó la misma mujer, le dijo que eso le había pasado “por echar la paja, por pajúa”, se sacó una hojilla debajo de la lengua y se la acercó a la cara, casi cortándola. Si la intención era intimidarla, lo logró.
Dueños del negocio
A ese modus operandi de los bachaqueros, de colearse, amenazar, golpear y cortar a quienes hacen la cola por procurarse algo de alimentos a precios regulados, se suma otra más; fraguan su propia ley y la imponen.
En el Farmatodo de Santa Mónica, municipio Libertador, hay un grupo que a veces intimida a la gente que está esperando para entrar. Les exigen comprar todos los productos -así la persona no los necesite- para en la salida darles a ellos lo que pidan y al mismo costo, y si no lo hacen los amenazan con robarlos.
«Pasadas las 10 pm la cola “está organizada” y si no hay personas generando algún conflicto hay cierta calma hasta las 4 am o 5 am»
“A veces te quitan la mitad de lo que compras y te dan 100 bolos más por cada producto y ya. Se van a venderlos por ahí mismo”, explica César Mora, quien fue interceptado por un “bachaquero” que lo obligó a comprar todas las toallas sanitarias posibles para luego dárselas a cambio de que “no le pase nada”. Además, en esa farmacia las colas empiezan la noche anterior; a las 10 pm “pasan la primera lista”, a las 3 am la segunda, y a las 5 am la tercera.
También hay quienes “guardan el puesto” a cambio de la mitad de los productos regulados. Esto ha ocurrido en varias oportunidades en el Farmatodo de La Unión, en el municipio El Hatillo.
Rafael Córdoba asegura que a las personas que viven en la comunidad se les hace casi imposible comprar ahí, pues los “bachaqueros” merodean a cada rato la farmacia para comprar apenas lleguen los productos regulados. Los vecinos denunciaron esta situación ante la policía municipal pero los problemas continúan.
La mayoría prefiere no quejarse con las autoridades porque consideran que “no van a hacer nada”, que “son todos del mismo saco”, o por considerar que hay “chanchullos” entre funcionarios y supermercados. Les da miedo que al hacerlo los agresores tomen represalias, como le pasó a Celia Sánchez.
La opción de hacer denuncias anónimas, llamando al número 0800-Sabotaje, manejada por el Gobierno, no es posible. Varias personas denunciaron que esa línea no sirve y reclamaron que los medios de comunicación “no están sacando nada de lo que pasa en las colas”. Aunque pasar horas en una fila para comprar alimentos tenga más de un año ocurriendo, las prácticas de los bachaqueros en ellas no han seguido siendo las mismas; al parecer cada día mutan hacia algo peor.
Desde las 6 pm en Makro
Cualquier día de la semana, luego de 6 pm, poco a poco comienzan a llegar personas a las afueras del Makro de La Yaguara, municipio Libertador. Se amontonan en pequeños grupos como lo hacen siempre que saben que “van a vender algo bueno”, porque les “llega el dato” desde adentro del establecimiento, o cuando ven a los camiones descargando “lo que sea”.
Pasadas las 10 pm la cola “está organizada” y si no hay personas generando algún conflicto hay cierta calma hasta las 4 o 5 de la mañana, hora en que comienzan a llegar los guardias, policías nacionales y Policaracas, quienes van con el objetivo de “resguardar el orden” pero principalmente buscan comida.
“Uno puede estar varias horas esperando para entrar pero cuando llegan ellos pasan ‘porque son la ley’ y salen con bultos de productos de primera necesidad. Generan desorden y meten a sus conocidos primero”, cuenta Walter Rangel, señor de 57 años de edad, dueño de una pequeña bodega ubicada en Catia y con la que está afiliado a Makro desde 2012.
“A veces te quitan la mitad de lo que compras y te dan 100 bolos más por cada producto y ya. Se van a venderlos por ahí mismo”
Antes de iniciar el acceso para el público, a eso de las 6 o 7 am, quienes no van a comprar pero están en la cola ofrecen su lugar a cambio de 500 o 1.000 bolívares, todo depende de qué tan cerca o lejos esté de la entrada y de los productos que vendan ese día. Hay quienes aseguran que les han pedido hasta 1.500 bolívares por un puesto en la fila.
Las personas con discapacidad hacen otra cola aparte, pues no pueden “aguantar el trote” de estar ahí desde el día anterior. Tienen el acceso restringido, entran a cuenta gotas a diferencia de los demás clientes y cada día hay una cantidad de números asignados para ellos; el número varía dependiendo de los productos, del gerente y de los funcionarios de la guardia, quienes deciden quién entra y quién no, ordenando el ingreso de una persona con discapacidad por cada 10 o 20 clientes, según comentaron varios consultados.
“No hay respeto por nosotros. Entendemos que tenemos que hacer la cola pero no que nos maltraten. Más de una vez los guardias han ofendido a mi esposa, la llaman abusadora, o atropellan a la persona que nos está acompañando, a veces ni la dejan entrar. Nos amenazan con que nos van a quitar el carnet de bodegueros tradicionales y para colmo, luego de que compramos nos revisan por todos lados como si fuéramos ladrones”, afirma Miguelángel Silva, hombre en silla de ruedas.
Makro no es el único lugar donde los irrespetan. Asegura que en casi todos los supermercados y farmacias pasa situaciones similares. En algunos casos los mismos funcionarios los mandan a hacer la cola como a todo el mundo y en otras oportunidades, cuando el establecimiento no cuenta con acceso para personas en sillas de ruedas, no los ayudan y los mandan a ir a otro.
“En todos lados violan el artículo 35 de la Ley para las Personas con Discapacidad. Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, y todas las personas naturales y jurídicas de derecho privado, están obligados a garantizar el pleno acceso, brindar atención preferencial y crear mecanismos adecuados y efectivos para facilitar información, trámites y demás servicios que prestan a las personas con discapacidad)”, agrega Silva citando el artículo.
Si quieres contactar al autor de esta historia, escribe a: jesus.suarez.calderon@gmail.com
