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Pretenden convertir la negociación de la deuda en una nueva piñata, donde unos pocos administran el festín y todos los demás reciben la factura.
Humberto González Briceño
Hay cifras que no pertenecen a la contabilidad sino al género fantástico. Doscientos cuarenta mil millones de dólares es una de ellas. No porque sea imposible calcularla, sino porque en Venezuela todo número oficial termina convertido en una criatura mitológica: se le invoca, se le teme, se le oculta y finalmente se usa para justificar otro atropello contra los ciudadanos.
La tesis es simple: el problema no es solamente que Venezuela tenga una deuda externa monstruosa. El problema es que el chavismo pretende reestructurarla con el mismo método con que la produjo: opacidad, discrecionalidad y ausencia total de rendición de cuentas. Es decir, convertir la negociación de la deuda en una nueva piñata, donde unos pocos administran el festín y todos los demás reciben la factura.
La deuda externa venezolana dejó de ser un problema financiero para convertirse en una autopsia moral del Estado chavista. Allí están los bonos impagos, las acreencias de PDVSA, los reclamos por expropiaciones, los arbitrajes internacionales, los intereses acumulados y esa colección de compromisos asumidos por gobiernos que nunca rindieron cuentas porque confundieron la república con una caja fuerte sin auditoría.
Venezuela lleva años en cesación de pagos. No se trata de una pausa técnica ni de una demora burocrática. Es un default prolongado que ha ido acumulando intereses como una enfermedad sin diagnóstico público. Mientras tanto, el país ha vivido entre apagones estadísticos, presupuestos opacos y un Banco Central que administró las cifras económicas como si fueran secretos militares. En la Venezuela chavista, hasta la inflación fue clandestina. Nada más natural, entonces, que la deuda también lo sea.
Por eso la designación de Centerview Partners como asesor financiero para la reestructuración no puede verse como un simple trámite profesional. Estamos hablando de una operación gigantesca, cuyas comisiones podrían alcanzar montos escandalosos, decidida sin concurso público, sin licitación transparente y sin explicación suficiente al país. La discreción técnica vuelve a servir de coartada para la discrecionalidad política.
Los defensores del secretismo dirán que la urgencia obliga, que los mercados exigen reserva, que los acreedores no esperan. Todo eso puede sonar razonable en un seminario para banqueros. Pero Venezuela no es un caso ordinario de mala administración fiscal. Venezuela es el resultado de un saqueo institucional prolongado, ejecutado bajo una supuesta revolución que hizo del secreto su principal política pública.
Una reestructuración seria tendría que comenzar por una auditoría integral. ¿Qué se debe? ¿A quién se debe? ¿Por qué se debe? ¿Qué parte fue contraída legítimamente y cuál corresponde a operaciones viciadas, contratos opacos, expropiaciones arbitrarias o negocios diseñados para beneficiar a operadores políticos y financieros? Antes de sentarse con los acreedores, un Estado responsable tendría que sentarse con sus ciudadanos.
Reestructurar la deuda será inevitable. Pero una cosa es negociar y otra aceptar que esa negociación sea conducida como si el país fuese propiedad privada de funcionarios, asesores y operadores internacionales. Sin auditoría, cualquier acuerdo será sospechoso. Sin rendición de cuentas, cualquier alivio será apenas otra transferencia de costos desde los responsables hacia las víctimas.
Mientras esa cuenta siga siendo administrada como arcano de palacio, la reestructuración no será el comienzo de la recuperación nacional, sino la prolongación financiera del saqueo. El banquete tendrá comensales muy selectos. La factura, como de costumbre, llegará a nombre de todos.-
EL AUTOR es abogado y analista político con maestría en Negociación y Conflicto en California State University
