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Un árbitro independiente no surge por generación espontánea. Debe ser consecuencia de un acuerdo político previo que redefina las reglas del juego y genere confianza
Desde hace meses el debate venezolano gira alrededor de una pregunta equivocada. La discusión no debería ser cuándo habrá elecciones, sino cuándo existirán las condiciones para que puedan convocarse dentro de la propia legalidad que el chavismo construyó durante más de un cuarto de siglo.
Paradójicamente, quienes hoy exigen elecciones inmediatas terminan chocando contra el mismo edificio jurídico e institucional levantado por el chavismo. Ese entramado sigue vigente. Nadie lo ha desmontado. Y mientras permanezca intacto, las elecciones seguirán siendo el último paso del proceso, no el primero.
La tentación de colocar la carreta delante de los caballos ha acompañado a buena parte de la política venezolana durante años. Se habla de designar un nuevo Consejo Nacional Electoral como si bastara cambiar cinco nombres para resolver el problema. Pero un árbitro independiente no surge por generación espontánea. Debe ser consecuencia de un acuerdo político previo que redefina las reglas del juego y genere confianza entre los actores enfrentados.
Ese acuerdo, por sí solo, luce lejano.
Después vendría la reconstrucción institucional. No se trata únicamente del CNE. También habría que revisar el Tribunal Supremo de Justicia, recuperar la Contraloría, depurar el Registro Electoral, reorganizar una burocracia técnica prácticamente desmantelada y desmontar un conjunto de leyes concebidas precisamente para impedir la competencia política en igualdad de condiciones.
Pensar que todo eso puede resolverse en pocos meses pertenece más al terreno del deseo que al de la política.
Incluso suponiendo un escenario excepcionalmente favorable —un acuerdo inmediato y un nuevo poder electoral integrado por personas con experiencia— la propia estimación de quienes conocen el funcionamiento interno del sistema electoral venezolano sitúa la organización de unos comicios en aproximadamente un año. Pero ese plazo comienza a correr únicamente después de lograrse el acuerdo político que todavía ni siquiera aparece en el horizonte.
A ello debe añadirse un hecho incómodo que muchos prefieren ignorar. El problema venezolano nunca ha sido exclusivamente tecnológico. Las máquinas pueden funcionar correctamente y, sin embargo, el proceso completo seguir siendo profundamente fraudulento cuando existen inhabilitaciones, partidos excluidos, ventajismo estatal, censura, ausencia de árbitros independientes y autoridades dispuestas a desconocer la voluntad popular. La legalidad chavista no necesita alterar los votos si previamente controla todas las condiciones que determinan el resultado.
Por eso hablar de elecciones en 2026, 2027 o incluso 2028 parece responder más a necesidades propagandísticas que a una lectura seria de los tiempos institucionales.
La transición, si llega, será necesariamente gradual. Exigirá reconstruir instituciones antes de repartir poder. Requerirá desmontar leyes antes de imprimir boletas electorales. Y obligará a negociar con una realidad que continúa regulada por las normas del propio chavismo.
Quizás por eso el calendario político venezolano ya no se mide en meses sino en etapas.
Si la secuencia institucional termina imponiéndose sobre la ansiedad política, el país podría descubrir que la próxima elección presidencial competitiva no pertenece al presente inmediato sino al siguiente ciclo constitucional.
En otras palabras: el año 2030 deja de ser una especulación y comienza a parecer el primer horizonte compatible con la legalidad que aún gobierna Venezuela.- @humbertotweets
EL AUTOR es abogado y analista político con maestría en Negociación y Conflicto en California State University
